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Murphy le prometió a los “Dreamers”: ¡Ustedes tienen todo mi apoyo!

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Por Betsy Kim


“Voy a luchar hasta lo imposible y haré todo lo que esté a mi alcance para defenderlos a ustedes y a sus familias”, dijo el senador Chris Murphy en Fair Haven, mientras se dirigía, en un salón completamente lleno, a jóvenes que temen que el presidente entrante los eche del país. “Ustedes son americanos y ustedes son parte del tejido de este país”.

Murphy hizo esa promesa el domingo a más de 20 jóvenes inmigrantes llamados “DREAMers”, que vinieron aquí siendo niños y están procurando seguir su educación. Actualmente tienen autorización para permanecer legalmente en los Estados Unidos a través del programa Deferred Action Childhood Arrival (DACA).

Por la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, las personas que ingresaron como niños indocumentados a los Estados Unidos, al cumplir ciertas condiciones, podrían recibir un permiso de trabajo y un período de dos años de suspensión de deportación. Esta orden ejecutiva fue proclamada luego de repetidos fracasos en el  Congreso por aprobar la ley conocida como el DREAM Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors), que fue redactada por primera vez en el año 2001.

 

Hasta el año 2011 los legisladores la reintrodujeron repetidamente en una variedad de formas, sin éxitos. La mayoría de las personas elegibles para el programa DACA tienen que cumplir con los criterios de las propuestas del DREAM Act: Deben haber ingresado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años antes de junio de 2007 y tener menos de 31 años al 15 de junio de 2015.

Para ser elegible la persona también debe haber sido estudiante o graduado de escuela secundaria o un veterano militar retirado honrosamente. Además, él o ella no podrían haber sido  convicto de un delito mayor o un delito menor significativo o representar una amenaza a la seguridad nacional. Actualmente hay aproximadamente 740,000 beneficiarios de DACA.

En un esfuerzo por mantener a las familias unidas, el Presidente Obama trató de expandir el programa DACA para incluir a los padres y a personas mayores con la orden ejecutiva conocida por su siglas en inglés como DAPA (Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents).

Sin embargo, un tribunal federal impuso una orden judicial preliminar sobre este programa. El 23 de junio de 2016 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al revisar el caso Estados Unidos vs. Texas, emitió una decisión dividida (4-4). Por lo tanto, la interrupción o no por la corte del programa DAPA sigue pendiente.

Ahora, con el presidente electo Donald Trump prometiendo reprimir la inmigración ilegal, muchas de las personas que se reunieron el domingo en la oficina de la Junta for Progressive Action en Grand Avenue, estaban nerviosas sobre el futuro de DACA y su futuro en los EE.UU.

¿Podría la participación en el programa haber motivado la creación de una lista de personas para ser deportadas?

Murphy respondió que los abogados están estudiando esta cuestión. Dijo que el peor de los casos podría ser que las personas al tratar de cumplir con la ley se convirtieran en blancos de castigo.

“Aún me cuesta creer que Trump haría eso”, dijo. “La imagen de la policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) rodeando los hogares de los perteneciente a esa lista sería un desastre moral sin precedente para el país y un desastre extraordinario para las relaciones públicas de Trump y los republicanos”.

Denia Pérez (foto) que entró al país desde México a los 11 meses de edad, ahora tiene 27 años. Como estudiante de derecho de la Facultad de Derecho de Quinnipiac, tiene protección del DACA. “Siempre existe el riesgo de compartir información”, dijo. “Políticamente, no tendría sentido perseguir a los beneficiarios del DACA, pero es un miedo que la gente tiene”.

En la sesión del domingo Murphy se reunió con los beneficiarios de DACA y los activistas de la reforma de inmigración, incluyendo a Camila y Carolina Bortolleto, cofundadores de Connecticut Students for a Dream (C4D), y a Suzanne Lagarde, CEO de Fair Haven Community Health Center. Murphy expresó que quería escuchar sus preocupaciones, compartir con ellos su evaluación de la reforma migratoria y asegurarles su compromiso con la defensa de su derecho a permanecer legalmente en los Estados Unidos.

La directora ejecutiva de la Junta, Sandra Trevino, y la directora jurídica, Ana María Rivera-Forastieri, dijeron que temen que el gobierno federal recorte los fondos de las “ciudades santuario” como New Haven, que protegen de ser deportados a los residentes indocumentados. Trump prometió hacer eso el otoño pasado durante su campaña electoral.

Murphy es parte del Comité de Asignaciones, que establece cómo se desembolsa el dinero a través del presupuesto federal y se comprometió a ser un defensor de New Haven en esa lucha. Aún con el respaldo de la mayoría Republicana, esa legislación todavía necesitaría votos Demócratas, dijo.

Murphy señaló que los Republicanos en la Cámara se han resistido a la reforma migratoria. Los opositores expresan su preocupación de que programas como el DACA estimulen la inmigración ilegal. Sin embargo, el Senado ha mostrado históricamente un apoyo bipartidista al DREAM Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors), que aunque repetidamente ha fracasado para convertirse en ley, estableció elementos de criterios para los beneficiarios del DACA. También dijo que ha habido un apoyo bipartidista del Senado a la posibilidad de que beneficiarios del DREAM Act (DREAMers) puedan convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Joseline Tlacomulcho, una beneficiaria de DACA, llegó a New Haven desde México cuando tenía 8 meses de edad. Ahora ella es una estudiante de 19 años que estudia ciencias políticas y derechos humanos en la Universidad de Connecticut, y preguntó si instituciones educativas como su universidad serán castigadas financieramente por proteger de la deportación a estudiantes indocumentados.

José Díaz, un estudiante de 24 años de edad del Connecticut Central State College, también está en el país legalmente a través de DACA. Él vino a los Estados Unidos desde México cuando tenía 10 años y la gente sabe que es indocumentado y que sus padres son indocumentados. Díaz ha sido testigo de una escalada de intimidación contra los inmigrantes, incluso a nivel universitario, y los profesores no están haciendo mucho al respecto, afirmó.

Varios de los estudiantes dijeron que el apoyo explicito y público del senador les ayudará a sentirse más apoyados y protegidos.

“Muy pocas cosas que valen la pena son fáciles y no implican ningún riesgo”, dijo Murphy. Instó a los estudiantes a continuar movilizándose por los derechos de los inmigrantes. Murphy lo ha dicho dentro del Congreso y cuando Trump se convierta en presidente, continuará trabajando para que se escuchen sus voces. Externamente, abogará por la reforma migratoria a través de los medios de comunicación y otros canales de comunicación, dijo.

Algunos residentes no quieren que New Haven sirva como ciudad santuario para aquellos que entraron a los Estados Unidos violando las leyes de inmigración. Como ejemplo, en el programa “Dateline New Haven” de la cadena WNHH, el Reverendo Boise Kimber se ha opuesto a lo que él percibe como “ventajas especiales” dadas a los inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, dijo Rivera, a nivel local la Junta se está preparando con tres prioridades inmediatas: revisar la Trust Act, que limita la forma en que la policía local puede cooperar con la aplicación de la ley de inmigración. Con Connecticut Students for a Dream (C4D), la Junta busca aumentar la ayuda institucional para estudiantes indocumentados. Finalmente, con organizaciones locales de New Haven, la Junta está organizando talleres de defensa comunitaria para preparar a las personas a responder a las redadas de inmigración. El primer taller de la Junta será el sábado 14 de enero.

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