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Superintendente Interina intensifica medidas de prevención de abuso a estudiantes en las escuelas

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La Noticia y su Comentario 


Por Leopoldo Pereira Saldaña

A las siete y media de la mañana de este pasado martes, los maestros y personal de la Academia de Estudios Latinos Burns se reunieron en el salón de la Biblioteca de dicho establecimiento educacional situado en la calle Putnam de Hartford, citados con carácter de urgencia por el director Víctor Cristofaro.

El tema a tratar fue una revisión de los protocolos y procedimientos destinados a proteger a los estudiantes de acciones abusivas o del acoso.

Sesiones similares se llevaron a cabo en las 47 escuelas del distrito y son parte de las medidas obligatorias anunciadas por la superintendente interina del sistema de educación pública de la ciudad, como respuesta a un informe de la Oficina de Defensa de la Niñez del Estado de Connecticut señalando que el sistema escolar de Hartford mostraba fallas en materias de reportar abusos hacia estudiantes por parte de algunos maestros y maestras.

El informe proveniente de Sarah Eagan, la Defensora Estatal de la Niñez fue el resultado de una investigación de nueve meses sobre la política pública, los procedimientos y las prácticas de las Escuelas Públicas en relación a la notificación obligatoria que se debe hacer en casos de sospechas de maltrato y abandono de menores.

Esta investigación había sido solicitada por Luke Bronin, alcalde de Hartford; luego del arresto de Eduardo Genao, un empleado de alto rango de la Junta de Educación por el delito grave de riesgo de daño a un menor, y luego que se reportaran públicamente preocupaciones relacionadas al posible conocimiento de empleados ejecutivos del sistema escolar sobre un incidente reportado anteriormente de un director empleado por la Junta de Educación por “contacto inapropiado” con una menor.

El alcalde Bronin le pidió a la Defensora de la Niñez del Estado su intervención en el asunto cuando los detalles de las alegaciones surgieron inicialmente a la luz pública en abril de 2016.

Además de solicitar una investigación completa acerca del caso Genao actualmente en Corte, Bronin solicitó a la Defensora de la Niñez una investigación completa de la política pública, los procedimientos y las practicas relacionadas con el tema de notificación obligatoria en casos de sospechas de maltrato o abandono, así como de su política pública y sus prácticas relacionadas al cumplimiento con las obligaciones federales del Titulo IX.

El alcalde manifestó con respecto al informe de la Defensora de la Niñez que “éste revela las fallas de una década para proteger a los niños de nuestras escuelas, y que los líderes de la Junta de Educación y del Distrito tienen que tomar los pasos inmediatos y agresivos para solucionar esta controversial materia.”

Por su parte la superintendente interina expresó durante la conferencia de prensa su enfado y decepción sobre los hallazgos de la Defensora de la Niñez y lo describió como un llamado a la acción para que las escuelas públicas de Hartford realicen cambios fundamentales.

De acuerdo a observadores y conocedores de las pólizas de protección a los niños y a lo que no se ha hecho de un modo eficaz en los últimos diez años, es importante recalcar que en esta pasada década hubo tres superintendentes que deben ser mencionados en estas “fallas globales de protección a los estudiantes.”

“Debemos ser claros y ver el problema global ya que también en esto hay tres responsables de alto nivel cuales son los ex superintendentes Steven Adamowski, Christina Kishimoto, y Beth Schiavino-Narvaez que estuvieron a cargo del sistema de educación público de Hartford por una década, periodo donde se habrían cometido estas irregularidades,” dijo John Gabel refiriéndose como las responsabilidades por hechos tan importantes como éstos no pueden ser achacadas única y exclusivamente a los autores de estos abusos, sino que también a sus supervisores, sean estos directores de escuela o funcionarios de la Junta de educación.

El caso de Eduardo Genao era conocido en las altas esferas de la Junta, pero a pesar de hechos previos de abuso o conducta inapropiada había sido promovido a una alta posición.  Records de sus acercamientos incorrectos se habían producido en la Academia de Deportes y Ciencias Médicas, además de otro historial en Nueva York.  Alguien en la Junta de Educación sabia de esto pero aparentemente se dejaron pasar irregularidades y es más, se le dio una promoción y aumento de salario.

En referencia a los casos mencionados en el informe de la Defensora Estatal de la Niñez, uno ocurrió en el 2013 en la escuela Naylor en el sur de la ciudad.  Allí se produjo el caso de un niño de primer grado proveniente de un hogar de crianza a quien su maestra habría abofeteado en el rostro utilizando usualmente un tratamiento duro en su contra que llevó a la criatura a desarrollar ideas suicidas.

Otro de los casos fue el de un maestro de una escuela no identificada, que por más de una década le gritaba y acosaba a sus estudiantes; actitud que haba sido notada por sus colegas maestros y padres.  Finalmente en el 2015, intervino DCF, después que este individuo le habría gritado cara a cara a un estudiante de 13 años y por once minutos, afectado por el síndrome Tourette.

El informe destaca entre otras irregularidades que existe una vulnerabilidad especial en el caso de niños afectados por discapacidades al maltrato o abandono potencial.

También se informó que en muchos casos, funcionarios o directores de escuela; lidiaron con las situaciones internamente en vez de reportarlas de inmediato al Departamento de Niños y Familias del Estado de Connecticut.

El temor a sufrir consecuencias o represalias por reportar casos a la línea de abusos de DCF 1-800-842-2288, fue otro factor que dilató la denuncia ante las autoridades.

Sin embargo, y de acuerdo al informe, algunos educadores que han mostrado conductas abusivas, continúan trabajando en el sistema escolar.

La superintendente interina también usó el sistema de llamadas a los hogares de maestros, maestras, personal de las escuelas y padres; expresando su profundo enojo y decepción por lo sucedido en pasadas administraciones y lo que continuaría sucediendo.  Torres-Rodríguez además de contar con un PhD en liderazgo educacional, tiene una maestría en Trabajo Social.

Un procedimiento estandarizado que utiliza el sistema escolar es proveer a comienzos del año escolar una sesión de adiestramiento profesional a sus empleados acerca del reporte obligatorio de casos de abuso en el que se ha aclarado que quien recibe la primera información o es testigo de marcas o abuso físico, emocional o sexual; tienen la obligación de llamar “de inmediato” a la línea de emergencias de DCF para comunicarse oralmente con un o una trabajadora social, llenando el formulario 136 que provee este departamento estatal.

En este formulario se debe adjuntar el nombre de la trabajadora social que recibió el reporte telefónico y solicitar el número de fax para enviar el informe que debe hacerse llegar dentro de las 12 horas de ocurrido el hecho en cuestión.

“Es importante dejar en claro que una persona, empleado o maestro que haya visto huellas de abuso en un niño o niña, no puede delegar en otros profesionales la responsabilidad de reportar, sino que debe hacerlo ella o él obligatoriamente,” dijo el Sr. Víctor Cristofaro, director de la Academia Burns durante la reunión de emergencia del pasado martes.

En décadas pasadas el procedimiento era comunicar la información a las o los trabajadores sociales, pero ahora quien reporte puede solamente consultar acerca de dudas con los administradores o los trabajadores sociales.

La superintendente Torres-Rodríguez también manifestó que aquellas personas que no hayan cumplido con su obligación de reportar casos de abuso podrían enfrentar el despido de sus labores.

No se informó acerca de las acciones que se tomaron o tomarán con respecto al caso Eduardo Genao cuya situación se dio bajo pasados superintendentes.

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Un mensaje del Departamento de Educación de Connecticut.

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