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Recogen firmas para pedir a Corte Penal intervenga en Venezuela

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NORWALK. La Carta de Petición que los ciudadanos de Venezuela y del mundo dirigen a la autoridad superior de la HAYA, tiene como fin hacer una petición formal de inicio o continuación o profundización o actualización de investigación, por los delitos cometidos que se habrían ejecutado, o se podrían estar ejecutando en Venezuela, por funcionarios, autoridades u operadores de mando, tanto a nivel de la administración pública, como de las Fuerzas Armadas.

  1. Considerando que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI en lo sucesivo), aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, sobre el establecimiento de una Corte Permanente de Justicia Internacional, establece y ordena tanto la jurisdicción y competencia, como los supuestos penales delictivos, para perseguir y condenar crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, conforme con lo establecido en el Artículo 5to. del Estatuto;
  2. Considerando que en la República Bolivariana de Venezuela es público, notorio y comunicacional que se vienen ejecutando actos de represión en contra de la protesta pacífica de grupos de la población, que han generado la muerte de personas inocentes e indefensas, así como lesiones graves a la integridad física y mental de sus pobladores, esto por razones de diferencia política;
  3. Considerando que reposan ante esta CPI denuncias graves por crímenes de lesa humanidad, incoadas por diferentes actores y/o víctimas de organizaciones, tanto multilaterales como de representación de poderes públicos de otras naciones, que se han adherido a dichas denuncias, entre las cuales se manifiestan, entre otros crímenes, delitos de asesinato, tortura, persecución sistemática de grupos o líderes políticos, ciudadanos, gremiales o sociales por razones de diferencia política; actos inhumanos dirigidos a causar intencionalmente grandes sufrimientos y afectación a la integridad física o mental de las personas; privación de libertad y/o de enjuiciamiento criminal en contra de actores de intelectuales, líderes y/o ciudadanos que han expresado públicamente denuncias en contra del gobierno venezolano; abusos sexuales cometidos en procesos en situación de encarcelamiento a víctimas de la criminalización de la incidencia política;
  4. Considerando que es deber de la CPI, conocer y procesar los crímenes in comento, agotando las condiciones previas para el ejercicio de la competencia, pero en todo caso, iniciando de oficio una investigación sobre la base de la información acerca de un crimen de la competencia de la Corte, conforme lo establece el Artículo 15 del tantas veces mencionado Estatuto de Roma;
  5. Los abajo firmantes solicitamos formalmente a esta prestigiosa organización internacional considerando la urgencia e impostergable necesidad que la corte valore e investigue lo antes posible la actuación criminal de las personas que han atentado contra la vida, integridad, dignidad y/o libertad de muchos ciudadanos en nuestro país por el sólo hecho de disentir políticamente y reconociendo que conforme lo establece el Estatuto de Roma “esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo, por lo que hay que intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”. Reafirmamos todos los actos legalmente necesarios para darle el debido impulso, procesamiento y sustanciación, a las innumerables denuncias que con relación a los excesos, abusos y violaciones a los Derechos Humanos se vienen cometiendo por múltiples funcionarios del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que van desde el jefe de Estado hasta ministros y cadenas de mando militar, así como otros funcionarios de importante jerarquía y posición, que han sido identificados plenamente ante esta CPI que se han venido actualizando en denuncias más recientes y que en todo caso, sería menester investigar en lo presente, de cara a los acontecimientos públicos, notorios y comunicacionales que se están desarrollando en Venezuela, donde a la fecha de la presente petición, ya acumulan 60 muertes inocentes por impacto de balas, arrollamiento, uso de gases tóxicos, uso inadecuado de armamento contra protestas, todo en el marco y la fuerza represiva del Estado venezolano.
ASOVEN, la Asociación venezolana de Connecticut, se unió a sus compatriotas del mundo entero, en la tarea de recoger firmas para pedir que la Corte Penal Internacional (HAYA), investigue al Gobierno de Maduro por los presuntos delitos en contra de la población civil venezolana. La campaña, hasta el momento ha logrado juntar más de 250 mil firmas y se aspira llegar al millón.

Asimismo, se solicita a esta digna, respetada y magna CPI, se sirva no sólo valorar y examinar las pruebas que ya reposan en expedientes sustanciados ante este Despacho Internacional de Justicia, sino en todo caso, acumular las que sean de rigor para bien fortalecer las investigaciones en curso o dar debido inicio a la investigación que sea menester, en virtud de los graves hechos acaecidos en Venezuela en el presente año y que a todas luces, registran delitos de asesinato, agresión desmedida, tortura, aislamiento o desaparición, persecución política, encarcelamiento o inducción de sufrimiento e intenso, dolor a manifestantes, ciudadanos, e incluso, de la tercera edad, sin descartar ocupaciones militares a centros hospitalarios y ofensas/ataques a personal con bandera de cruz verde de auxilio médico, todo ello perpetrado por fuerzas de seguridad/militares del Estado venezolano; destacando la presencia de organizaciones delictivas, civiles que actúan bajo la distinción de colectivos, siendo verdaderos grupos paramilitares de exterminio, saqueo e intimidación que actúan bajo la ignorancia deliberada o ceguera voluntaria del gobierno, así como milicias organizadas y dotadas de armamento para generar procesos de apartheid político de la disidencia en Venezuela, todo ello en franca violación de los delitos previstos en el Estatuto de Roma, así como de numerosos tratados internacionales en materia de respeto de los derechos del hombre y la mujer, de los derechos políticos y civiles y de los derechos humanos.

Alertamos a esta distinguida y honorable CPI que su actuación pertinente, decidida y sobre todo rápida y oportuna, no sólo debe hacer justicia por los delitos cometidos, sino que también es misión inaplazable evitar que se sigan cometiendo estos delitos, no solo por el nivel de impunidad presente en Venezuela, sino por el nivel de impunidad que muchos de estos crímenes reflejan a nivel internacional y que en pleno siglo XXI, el mundo reclama y requiere, sean contundentemente sancionados para garantizar un futuro de armonía, convivencia y de paz en el marco de los difíciles desafíos que supone un planeta sumamente convulsionado.

Como lo expresó Sócrates, refiriéndose a los riesgos o carencia de la injusticia: “Es peor cometer una injustica que padecerla, porque quien la comete se convierte en injusto, y quien la padece no”. Pues nada, que haya justicia. Señores, los abajo firmantes dejamos constar nuestra formal y respetuosa solicitud, bajo el mayor respeto y consideración hacia la organización que ustedes representan. Atentamente, Venezuela Somos Todos: Por Continente Europeo, Norteamérica, Centroamérica y El Caribe, Suramérica/

Si usted quiere apoyar la causa de Venezuela, puede contactarse directamente con Clodomiro Falcón, llamando al (203) 243-7562.

103.5 FM - La Voz Radio

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