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Alcaldes, abogados y maestros firman carta pidiendo a Trump que proteja DACA

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El pedido de eliminar DACA por parte de varias autoridades especialmente de los estados fronterizos con México, está teniendo su contrapeso cuando cien alcaldes, abogados y maestros universitarios le dicen a Trump que sería una muy mala idea. Propuesta contrarestada con la opinión del Senador Blumenthal quien ofreció defender DACA a capa y espada.

STAMFORD. Un centenar de alcaldes, abogados de inmigración y profesores universitarios le escribieron al presidente Donald Trump advirtiéndole que sería un grave error quitarles a cerca de 750000. jóvenes la protección (DACA) que hace 5 años les otorgó el gobierno de Barack Obama,

El grupo integrado por 100 abogados firmaron una carta dirigida al presidente Donald Trump, donde le piden que proteja la Acción Diferida de 2012 (DACA), que ampara de la deportación a unos 788.000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país (antes de cumplir 16 años) y a los que se les conoce como dreamners.

En la misiva, los abogados le dicen al presidente que, “como profesores de derecho de inmigración y académicos, le escribimos para expresar nuestra posición de que el Poder Ejecutivo tiene autoridad legal para implementar DACA”, y agregan que, a su juicio, la acción diferida tomada por el entonces presidente Barack Obama en 2012 “es un ejercicio legal de la discreción procesal”.

“Nuestras conclusiones se basan en años de experiencia en el campo, y un estudio detallado de la Constitución de Estados Unidos, el derecho administrativo, los estatutos de inmigración, los reglamentos federales y la jurisprudencia”, indicaron. “A medida que el gobierno determina el futuro de DACA, la comprensión de su fundamento legal y la historia es crítica”, indicaron.

La Acción Diferida de 2012 se encuentra en la mira de los fiscales generales de 10 estados, encabezados por Texas, y el gobernador de Idaho (todos republicanos), quienes a comienzos de julio le enviaron una carta al Fiscal General Jeff Sessions para exigirle que, antes del 5 de septiembre, elimine DACA o de lo contrario acudirán a las cortes.

“Con la carta queremos cambiar la narrativa sobre DACA, y presionar al gobierno (de Trump) sobre cómo responder a las reclamaciones del Estado”, dice Michael Oliva, presidente del Centro William B. Bates de la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston y uno de los firmantes del documento.

“Creemos que el programa es legal, y que se requieren más análisis tanto políticos como legales. Acabar con DACA sería una tragedia y una ruptura del contrato que Estados Unidos hizo con estos estudiantes. Esperamos que nuestra Carta Abierta tenga un efecto positivo”.

Tras explicar los alcances del poder ejecutivo, garantizado por la Constitución e interpretado a lo lardo de los años por los tribunales y la Corte Suprema de Justicia, los abogados defienden la legalidad de DACA, y destacan que ha sido el Congreso quien “delegó la mayoría de las funciones discrecionales sobre inmigración al DHS”, lo que permitió en 2012 anunciar la acción ejecutiva para los dreamers.

Señalan además que el Congreso, en repetidas ocasiones, ha señalado que el Poder Ejecutivo “tiene el poder de conceder” medidas diferidas “a ciertas categorías de personas, como las víctimas de delitos y la trata de personas, y recuerdan que “adicionalmente, gobiernos anteriores han anunciado programas de acción diferida para proteger a las personas calificadas”, como por ejemplo estudiantes víctimas del paso del huracán Katrina, y un programa para beneficiar a viudas de ciudadanos estadounidenses.

En la misa indican que la oposición a DACA “combina la acción diferida, la presencia legal y la autorización de trabajo en formas que son jurídicamente erróneas y poco claras”, y advierten que una demanda ventilada en 2012 contra la ampliación de la Acción Diferida (caso Texas versus EEUU) nunca mencionó la legalidad de DACA.

 También señalan que DACA tiene una dimensión humanitaria, y subrayan que en estos cinco años de vigencia “ha sido un éxito político sin reservas, permitiendo a más 750.000 beneficiarios continuar su educación, recibir licencias profesionales, encontrar empleo, pagar impuestos, cuotas en el Seguro Social y otras arcas fiscales.

DACA fue anunciado el 15 de junio de 2012 y entró en vigor 60 días más tarde, el 15 de agosto de 2012, tras la publicación de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El programa ampara de la deportación y concede una autorización de empleo renovable cada dos años.

“La acción diferida es una forma de procesamiento discrecional de la ley de inmigración, y ha sido utilizada por décadas, primero por el Departamento de Justicia (cuando el servicio de inmigración dependía de este ministerio) y a partir de 2003 por el DHS”, explican los firmantes.

Los beneficiarios de DACA deben demostrar que están en el país desde antes del 15 de junio de 2017, tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012, estudian o se han graduado, y carecen de antecedentes criminales, entre otros requisitos.“Y no constituyan una amenaza para la seguridad pública ni para la seguridad nacional”, se lee en la carta.

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