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Ex alcalde Eddie Pérez se declaró culpable de los delitos de soborno y extorsión

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La noticia y su comentario


Finalmente, llegó a una resolución final la situación legal de Eddie Pérez, ex alcalde de Hartford, quien finalmente se declaró culpable ante la Hon. Julia D. Dewey, Juez de la Corte Superior de Hartford. 

  Pérez tuvo que renunciar a su puesto de alcalde en el verano del 2010, una semana después que un jurado le encontrara culpable de las acusaciones de aceptar soborno por parte del contratista Carlos Costa, y robo por extorsión en primer grado.

  La Juez Dewey sentenció este pasado jueves a Pérez a ocho años de sentencia suspendida y una exoneración condicionada.  La fiscalía había propuesto tres años de probatoria como parte de la declaración de culpabilidad, pero dejaron a criterio de la Juez la determinación final quien dictaminó que el periodo de tiempo en el que Pérez estuvo libre bajo fianza es considerado como un periodo de probatoria. 

  La Juez manifestó que en este periodo el ex alcalde no cometió ningún delito ni ofensas criminales, y continuó trabajando en la comunidad.

  En el 2010, Pérez fue convicto por estos crímenes entre los que se contaban recibir trabajos gratis en su hogar por un valor de $40,000 llevados a cabo por Carlos Costa quien admitió ante la justicia que lo hizo así para poder conseguir un trabajo de renovación de la calle Park en la ciudad de Hartford.

  Michael Gailor, fiscal en el caso, dijo en ese tiempo que Pérez nunca dio un depósito por este trabajo, no discutió el precio ni recibió una factura, y no pagó hasta ser cuestionado por un investigador a quien dijo que sí había pagado por el trabajo.

  En el juicio del 2010 que tomó cuatro semanas y fue seguido de cerca por la comunidad salió a relucir el delito por extorsión cuando Pérez le dijo a un interesado en adquirir un terreno en el centro de la ciudad que en ese tiempo administraba como estacionamiento Abraham Giles, un líder afroamericano del Norte de la ciudad; que tenía que pagarle a este aliado político de Pérez la suma de $100,000 antes de llegar a un acuerdo de compra. 

  Giles deseaba la suma de $250,000 para dejar el terreno del que obtenía ganancias, pero finalmente se llegó a un acuerdo por una suma menor.

  Hubert J. Santos, abogado defensor de Pérez quien apenas supo que su cliente había sido convicto en el 2010, mantuvo una serie de apelaciones arguyendo detalles técnicos entre ellos que “así eran cómo funcionaban las cosas en Hartford,” argumento inaceptable para un caso de conducta criminal.  Costa que fue el testigo estrella del caso dijo la verdad, pero al colaborar con el Gran Jurado no sufrió consecuencias penales.

  A las preguntas de la Juez Dewey acerca de su declaración de culpabilidad, Pérez respondió de un modo afirmativo ante la descripción de los delitos hechas por la fiscalía.

  De este modo finaliza lo que Pérez califico como “mi día en Corte” arguyendo que era inocente. 

  El día en Corte se extendió primero por cuatro semanas, y posteriormente siete años de apelaciones y los típicos tecnicismos legales a los que acostumbra el abogado Hubert Santos que describió en detalle las acciones legales en las que se involucró y por la que cobró cuantiosas sumas de dinero. 

  “Representamos al señor Pérez desde el 2007 y fuimos parte de los procedimientos de Gran Jurado, el primer juicio, la apelación a la sentencia de éste, una segunda apelación, y ahora estos procedimientos,” dijo el jurista que manifestó que su cliente, Pérez, había incurrido en más de UN MILLON de dólares en gastos legales, que había tenido problemas para conseguir empleo, ero que podría ahora dedicarse a su esposa, hijos y familia.

  Hubert no explicó el cómo Pérez sin un trabajo permanente ni fortuna familiar pudo o podría pagar todos los gastos que al final del día recibió su oficina de práctica legal.

  Pérez no respondió tampoco a la pregunta de los reporteros acerca de si postularía nuevamente a un puesto de elección popular, aunque personas que han cometido felonías como el actual alcalde Bridgeport, están ahora nuevamente en el puesto que tuvieron que abandonar por delitos similares a los cometidos por Pérez. 

  El caso Pérez quedará en los anales más oscuros del desarrollo político de la comunidad puertorriqueña que había logrado elegir a este como el primer alcalde boricua de la ciudad.  Criado en Hartford y con conexiones en el Norte de Hartford, tuvo una carrera promisoria y en un momento dado el apoyo unánime de una comunidad que le veía como un modelo.  Su ex pertenencia a una pandilla juvenil en ningún caso había afectado su carrera. 

  Muchos habían aconsejado a Pérez que se declarara culpable en el primer juicio ya que en definitiva el ser humano comete errores y la comunidad perdona.  Lamentablemente, aconsejado por Santos que se embolsilla una cuantiosa cantidad de dinero, el proceso de dilación y su resolución, no fue un triunfo legal del cual ninguna oficina de práctica legal debiera sentirse orgullosa.

  Una de las consecuencias serias del caso de Pérez es lo referente a su pensión por haber sido alcalde ya que una persona que se declare culpable de felonías y corrupción a nivel del gobierno local podría sufrir como consecuencia legal, la revocación de su pensión o una disminución drástica de la misma.

  El abogado Santos dijo que otro abogado dará seguimiento al caso de la pensión de Pérez.

  Si Pérez se hubiese declarado culpable en el 2010, no habría tenido que cumplir condena de cárcel, pero tendría que haber renunciado como alcalde, cuestión que Pérez no aceptó alegando hasta último minuto una inocencia que nunca existió.  En definitiva, fue siempre culpable.

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