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Hartford bajo el lente severo de la fiscalización financiera externa

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Hartford recibiría ayuda financiera extra de parte del Estado para lidiar con el déficit presupuestario que tiene carácter de epidemia en el Estado, pero a cambio de esto, las autoridades de nuestra ciudad deberán presentar para su aprobación, un plan de gastos para los próximos tres años a un panel de individuos designados por el gobernador Dan Malloy y legisladores.

Este grupo supervisor y fiscalizador que para muchos es el preámbulo de una posible bancarrota, es por primera vez la llegada un organismo interventor externo que sobrepasa las atribuciones de la Asamblea Municipal y se sitúa por sobre los acuerdos de los Concejales.

Para nuestra ciudad, sede del palacio de la gobernación, los tribunales de justicia, los edificios federales, y los numerosos departamentos de la burocracia estatal; la experiencia de fiscalizaciones externas no es nueva ya que en el pasado, la Junta de Educación Estatal decidió intervenir el sistema escolar y los integrantes de la Junta local fueron designados por las autoridades estatales y el alcalde y no a través del voto popular.

Es que Hartford, la capital de Connecticut en la que al menos un 50% de las propiedades no pagan impuestos sea por su carácter eclesiástico o ser agencias del gobierno estatal y federal, entre otras excepciones; enfrenta nuevamente otro déficit de 65 millones de dólares, cantidad que irá progresivamente aumentando por deudas.Por este motivo y a la espera de una ayuda extra estatal de 40 millones, las autoridades de Hartford aceptaron la imposición del panel fiscalizador e interventor compuesto por 11 personas que se reunieron por primera vez el pasado mes de diciembre.

Las ciudades que han aceptado la fiscalización/intervención del panel, han sido clasificadas de acuerdo ala gravedad de los problemas financieros en cuatro niveles siendo el nivel cuatro el más extremo y severo.Hartford se sitúa en el nivel TRES de esta escala.

Ahora las autoridades políticas de la ciudad deben someter para fines de febrero un plan de presupuesto de tres años que incluya los ingresos monetarios y una cantidad estimada de sus gastos y proyecciones de deudas.Además de este plan, los líderes de la ciudad tienen que presentar al panel interventor un informe financiero mensual y compartir con el organismo fiscalizador los presupuestos de la ciudad, contratos, y ACUERDOS contractuales con los sindicatos de empleados.

A modo de ejemplo, un contrato ratificado recientemente por la Federación Americana de Empleados Municipales, Consejo 4 Local 1716; uno de los sindicatos más grandes de la ciudad; DEBERA someterse a la Junta Fiscalizadora para su APROBACION final.La Junta tiene el poder de rechazar nuevos acuerdos contractuales entre la ciudad y los sindicatos y las garantías de arbitraje, por al menos dos veces.

Para el alcalde Luke Bronin este hecho sin precedentes constituye un logro que permitirá atacar un tradicional déficit masivo e histórico en las finanzas de Hartford no como hasta ahora por cada año fiscal; sino que proyectado indefinidamente.

En la segunda reunión de la Junta Interventora, el alcalde dijo que estarán trabajando en aquellos CAMBIOS ESTRUCTURALES necesarios que pongan a la ciudad en una ruta sostenible y a LARGO plazo.

Hasta ahora, la aprobación del presupuesto de la ciudad había sido una carrera cuesta arriba y los acomodos fueron calificados por Bronin como actos paliativos a corto plazo que no enfrentaban el tema principal que es una ciudad sin solvencia económica.

La fórmula de intervención y fiscalización del panel estatal por sobre las autoridades elegidas por los electores de las ciudades a cambio de la ayuda de 40 millones, fue aceptada por Hartford, pero no por centros urbanos como New Haven y Bridgeport.De acuerdo a observadores políticos el panel fiscalizador y contralor es una medida extrema y para los organismos sindicales pone en peligro el proceso de negociaciones colectivas de contratos.

Los sectores más conservadores de Hartford, especialmente aquellos relacionados con consorcios y corporaciones del downtown, estarían logrando un triunfo ya que los fiscalizadores estarían por encima de las autoridades locales, cuestión que agrada al actual alcalde Luke Bronin que desde su ascenso a la primera magistratura ha sido un fuerte partidario a que Hartford se declare en la bancarrota.

Los planes de presupuesto para los próximos tres años que someterá Hartford al panel fiscalizador se caracterizarán entonces por la extrema austeridad, recortes de personal, consolidación y disminución de Departamentos de Servicios municipales, y procesos más difíciles de acuerdos contractuales.

Uno de las mayores áreas presupuestarias del municipio de Hartford es la que tiene que ver con la educación pública que ha entrado a un controversial proceso de consolidación de establecimientos educacionales y prácticamente la eliminación del antiguo concepto de las “escuelas del vecindario,” que de hecho responde a una panorama de segregación racial, ya que la capital del estado se divide como otras ciudades en barrios negros/latinos, barrios netamente latinos, netamente afroamericanos, y blancos.

Esta tarea de cambios y consolidación de escuelas que constituye un cambio drástico en la cultura de la educación pública de Hartford ya que los niños de un vecindario que asistían a la escuela del sector, deberán ser trasladados en buses a otros establecimientos de enseñanza lejos de su hogar.

Por esto, la tarea de superintendente Leslie Torres-Rodríguez no será fácil ya que su plan implica el cierre de estas escuelas del vecindario, la consolidación con otras y el uso de edificios gigantescos para diversos programas educacionales, además de más gastos de transporte escolar.

Torres-Rodríguez ha intentado explicar el panorama global en que se inscriben estos cambios y consolidaciones, pero el tema es delicado para los padres cuando se trata de la mudanza de niños y jóvenes a otros barrios lejos de sus hogares.

Este es el caso de la escuela Batchelder del sur de Hartford que cerraría sus puertas el próximo mes de junio, produciendo amargos reclamos de los padres de una comunidad tradicionalmente unida.

Tanto la superintendente como Craig Stalling, presidente de la Junta de Educación, han dicho que con 45 escuelas en Hartford cuya matrícula ha disminuido hasta un porcentaje del 15%, el distrito está gastando enormes cantidades de dinero manteniendo escuelas abiertas con un número limitado de estudiantes.

Debido a las presiones financieras de la ciudad y consecuentemente con los posiblemente restringidos fondos asignados a las escuelas públicas; en la actualidad los padres analizan el PLAN de consolidación que implica el cierre gradual o rápido de una docena de escuelas y que la Junta de Educación votará para su aprobación o desaprobación el próximo martes 23 de enero.

Sin que se haya definido el futuro del plan de desegregación racial de las escuelas de nuestra ciudad, los justificados resquemores por las diferencias de recursos entre las escuelas magneto y las escuelas sin este pomposo título, y el papel que cumple CREC en todo este proceso; el panorama es difícil de predecir en pleno inicio del año 2018.

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