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Lamont propone aumentar los impuestos a la leche, al pan y los medicamentos, entre otros artículos de la canasta familiar

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CTMIRROR. El gobernador Ned Lamont quiere poner fin al ciclo de déficit presupuestario de Connecticut, reduciendo el impuesto de propiedad y creando una fortaleza fiscal contra la próxima recesión. Pero para lograrlo tendría que vencer la cautela de los legisladores para, por primera vez, imponer el impuesto de venta a las tiendas de comestibles, a los medicamentos y a otros artículos que por largo tiempo han estado exentos de impuestos.

Durante la campaña del 2018, Lamont prometió que no aumentaría los impuestos personales ni que debilitaría las reservas presupuestarias del estado para cerrar un déficit de $1,5 mil millones proyectado para el siguiente año fiscal. Afirmaba que ninguna de esas medidas brindaría estabilidad fiscal a un estado que ha luchado por equilibrar su presupuesto entre los años del 2007 al 2017, exceptuando uno.

Aunque eliminando estas exoneraciones se podría generar al año cientos de millones más a las arcas del estado, a Lamont le resultaría extremadamente difícil venderle a los legisladores la idea de gravarle impuestos al pan, la leche y los medicamentos, aun con el loable objetivo de la estabilidad fiscal.

 El nuevo gobernador tiene plazo de un mes para presentar a los legisladores la primera propuesta del nuevo presupuesto. Pero su administración ha estado estudiando opciones acerca de cómo ampliar la base de los impuestos sobre las ventas y reducir ampliamente la tasa porcentual del 6.35, lo cual es una variación de una recomendación hecha por la Commission on Fiscal Stability and Economic Competitiveness (Comisión de Estabilidad Fiscal y Competitividad Económica), luego de las elecciones. El grupo de estudio pidió que se pusiera fin a la mayoría de las exoneraciones y se estableciera un impuesto sobre las ventas de alimentos de solo dos por ciento.

 La expansión del impuesto a las ventas no rompería ninguna promesa de campaña de Lamont, pero llevaría a los legisladores Demócratas a un debate incómodo sobre un impuesto que se sentiría más profundamente en los hogares de los trabajadores pobres y de la clase media.

 Para mitigar ese impacto, existe una ley federal que prohíbe tributar a los alimentos comprados a través del programa de asistencia nutricional complementaria SNAP, que antes se conocía como cupones de alimentos. Actualmente en Connecticut este programa beneficia a 384,000 personas de 215,000 hogares.

Miles de millones de dólares en exoneraciones de los impuestos a las ventas

 Se proyecta que el impuesto a las ventas genere $4.2 mil millones este año fiscal, la segunda fuente de ingresos después del impuesto a la renta, para un presupuesto de $20 mil millones. Este impuesto tiene también docenas de exoneraciones, muchas de las cuales se remontan a décadas, que podrían recaudar si se completan, otros $2,7 mil millones, según la Office of Fiscal Analysis (Oficina de Análisis Fiscal), una entidad no partidista de la legislatura.

“No deberíamos escoger entre ganadores y perdedores. No sé cuántas personas sabían acerca de estas exenciones de impuestos, pero si lo supieran, estarían enojados”. El ex senador Tony Guglielmo (R-Stafford)

 El ex senador Tony Guglielmo (R-Stafford) durante la primera década del 2000, abogó repetidamente por una base más amplia para los impuestos de ventas. Dijo que la cancelación de exenciones y el uso de los ahorros para reducir la tasa del impuesto a las ventas, fue algo simplemente justo.

 Si se aplicara el impuesto total del 6.35 por ciento a las ventas, los consumidores pagarían este año en comestibles un estimado de $424 millones más. La exención para medicamentos recetados, jeringuillas y agujas ahorra a los compradores unos 387 millones o $416 millones si se incluyen las deducciones sobre los impuestos a los medicamentos que se venden sin recetas.

Lamont probablemente enfatizaría, para vender a los demócratas un plan de este tipo, que el golpe a los consumidores con ingresos limitados se vería amortiguado por su intención de mantener un salario mínimo más alto. Los progresistas proponen mirarse en el espejo de Massachusetts y elevar el salario mínimo actual de Connecticut de $10.10 a $15.00 para 2023.

El estado también cuenta dentro del sistema de impuestos un crédito por los ingresos salariales (conocido en inglés como Earned Income Tax Credit), que paga a los trabajadores pobres $118 millones. Lamont también desea un nuevo programa de ayudas bien específicas, que eventualmente proporcione un crédito fiscal sobre los ingresos de $700 promedio para familias de ingresos bajos y medios, y con grandes cargas impositivas a la propiedad, aunque no de manera inmediata.

“En el momento final en que llegue a ese punto el público lo verá como un aumento de los impuestos. Y el gobernador Demócrata sabe que muchos estarán vigilantes”.

Vincent J. Candelora (R-North Branford), vicepresidente de la minoría en la Cámara de Representantes.

El copresidente del Comité de Finanzas, Ingresos y Fianzas para la redacción de impuestos, senador John Fonfara (D-Hartford), dijo que su prueba de fuego para las propuestas de impuestos del gobernador será simple: “Mi objetivo es hacer crecer nuestra economía y en ese sentido analizaré la estructura tributaria: ¿Apoya esta o no el crecimiento económico”?

 Los líderes legislativos Republicanos dijeron que juzgarán el plan de Lamont en función de dos criterios claves: ¿Cuánta reducción de impuestos hay para compensar cualquier carga impositiva nueva? ¿El nuevo presupuesto recorta suficientemente los gastos?

 Vincent J. Candelora (R-North Branford), vicepresidente de la minoría de la Cámara de Representantes, dijo que las familias de clase media no estarán muy entusiasmadas en dos o tres años con el alivio de los impuestos a la propiedad, si pagan aún más en los impuestos a las ventas.

 Los Demócratas tienen preocupaciones similares, incluso algunos que trabajaron para elegir a Lamont y estuvieron en su transición, como la representante Toni E. Walker (D-New Haven), quien durante mucho tiempo fue copresidenta del Comité de Apropiaciones. Dijo que si bien hay muchas personas en Connecticut que quieren un alivio en los impuestos de propiedad, son muchas más los que compran alimentos y medicamentos.

 “Nosotros estamos luchando para intentar que las personas reciban atención médica”, dijo, y señaló que el aumento de las cargas impositivas podría llevar a que algunos ignoren los problemas médicos. “Hemos tocado fondo en los servicios de salud mental y adicción, tenemos un problema dramático de opioides”, dijo Walker.

La Connecticut Food Association, que representa a los negocios de venta de alimentos del estado, dijo que una nueva carga de impuestos sobre las ventas podría ser la primera parte de un golpe mucho mayor sobre las tiendas y los compradores. Por ejemplo, preguntó Wayne Pesce, presidente de la asociación: ¿Qué sucede si un nuevo impuesto a las ventas llega al mismo tiempo que el peaje automatizado y el aumento del salario mínimo en Connecticut?

 Si Connecticut tuviera que imponer un impuesto sobre las ventas a los alimentos, no sería el primer estado en hacerlo. De acuerdo con la Tax Foundation, un grupo de investigación de políticas fiscales con sede en Washington D.C., actualmente 14 estados imponen tasas que van desde 1 al 5 por ciento. Pero ninguno de ellos son vecinos de Connecticut, incluidos los otros cinco estados de Nueva Inglaterra, Nueva York y Nueva Jersey.

DEJAME ARTE, La Caricatura de Reinaldo

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