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Connecticut, el censo y la ciudadanía

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Por Mark Pazniokas 

La Corte Suprema de los Estados Unidos reprendió al gobierno de Trump el jueves por su esfuerzo por incluir una cuestión de ciudadanía en el censo de 2020, pero las autoridades de Connecticut dicen que la controversia en sí misma ha servido al objetivo más amplio de la administración de conducir a los inmigrantes indocumentados a un nivel más profundo.

“Están realmente asustados”, dijo el fiscal general William Tong, describiendo una reunión comunitaria la noche anterior en New Haven. “No es sólo el censo. Es la prohibición de viajar. Es la pared. Es la amenaza del presidente de un resumen, un resumen, ¿vale? ¿Y luego los van a poner en qué, en los campamentos? Y eso es lo que tiene a la gente tan asustada “.

La decisión se toma como un comité encabezado por la Vicegobernadora Susan Bysiewicz y la Secretaria de Estado Denise Merrill está coordinando una campaña de base para educar a los miembros de las comunidades tradicionalmente infrautilizadas sobre la importancia de ser contados y las protecciones legales contra la información del censo. contra ellos.

Un conteo preciso del censo afecta la distribución de miles de millones de dólares en ayuda federal a ciudades y estados, así como la representación de las comunidades en la Asamblea General y en el Congreso.

“El censo es un derecho y un deber. Y es un derecho de cada residente, cada persona que vive y respira en Connecticut, que se cuente “, dijo el representante estatal Pat Wilson Pheanious, D-Ashford, ex comisionado estatal de servicios sociales. “Es crítico para el poder político. Es crítico para nuestro poder social. Es crítico para los servicios sociales ”.

Bysiewicz, Tong, Merrill, Wilson Pheanious y otros funcionarios electos, todos demócratas, involucrados en el alcance del censo celebraron una conferencia de prensa sobre los pasos de la Corte Suprema de Connecticut para elogiar la decisión del Juez Presidente John G. Roberts Jr., un juez conservador no es a menudo elogiado por funcionarios electos en estados de azul profundo como Connecticut.

“Muchas veces no estamos de acuerdo con el juez de primera instancia”, dijo Tong.

“Fue un día inusual”, intervino Bysieiwcz, sonriendo.

“Pero el presidente del tribunal está cumpliendo su función institucional”, dijo Tong, describiendo a Roberts como un consenso en un tribunal dividido.

Roberts notó que hacer una pregunta sobre la ciudadanía no es intrínsecamente ilegal o incluso inadecuado: entre 1820 y 1950, la pregunta fue hecha a todos los hogares, y luego de una manera más limitada en encuestas suplementarias que intentan dibujar una imagen de América a través de una amplia gama de métricas, como “propiedad de la radio, edad del primer matrimonio y lengua materna”.

Pero la decisión también señaló que los funcionarios del censo han llegado a la conclusión de que hacer preguntas a los hogares que no son ciudadanos desalienta la participación, y pronosticó una caída del 5,1 por ciento.

Connecticut fue uno de los 18 estados azules que demandaron al Departamento de Comercio el año pasado después de que su secretario, Wilbur Ross, insistió en la inclusión de una cuestión de ciudadanía, aparentemente según sea necesario para ayudar al Departamento de Justicia a hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación.

A los estados y otros demandantes se les permitió profundizar en los correos electrónicos y otras comunicaciones entre Ross, sus propios funcionarios del censo y el Departamento de Justicia, produciendo una visión inusualmente profunda del funcionamiento interno del gobierno detrás de una decisión administrativa.

“Es raro que revisemos un registro tan extenso como el que tenemos ante nosotros cuando evaluamos la acción informal de la agencia, y debería serlo. “Pero al haberlo hecho por las razones suficientes que hemos explicado, no podemos ignorar la desconexión entre la decisión tomada y la explicación dada”, escribió Roberts. Citando la jurisprudencia, agregó: “Nuestra revisión es deferente, pero no estamos” obligados a exhibir una ingenuidad de la que los ciudadanos comunes son libres “.

Tong interpretó eso como Roberts, encontrando que el argumento de la administración es “tonto”.

“Eso es lo que el tribunal cuestionó aquí: ¿cuál era su intención?”, Dijo Merrill. “Es una gran victoria, por el momento”.

Si bien el tribunal superior remitió el caso a un juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Nueva York, la carga recae en la administración de Trump y el tiempo está en contra. Los formularios del censo se deben imprimir pronto.

Bysiewicz dijo que los funcionarios estatales que participan en el censo se sienten al menos momentáneamente aliviados, a pesar de que la campaña popular tendrá que superar las sospechas en hogares no ciudadanos de que cualquier interacción oficial con el gobierno, mientras que Trump es presidente, es arriesgada.

“No se equivoquen: el daño ya está hecho”, dijo Bysiewicz. “La administración de Trump ha creado un clima de temor en todo nuestro país a través de tácticas de intimidación, amenazas de redadas de ICE y el tratamiento de los inmigrantes en nuestra frontera y en todo nuestro país”.

El gobernador Ned Lamont, quien apoyó la reciente aprobación de las revisiones a la Ley de Fideicomiso, que limita las circunstancias bajo las cuales la policía de Connecticut debe asistir a ICE en los casos de deportación, emitió una declaración alabando al tribunal.

“La Corte Suprema de hoy vio a través de un intento cínico e injusto influir en el censo para obtener una ventaja política”, dijo Lamont. “Si bien es importante, esta decisión es una victoria temporal en la lucha en curso para abrir un camino hacia una mayor equidad e integridad en nuestro proceso de censo. Somos y siempre seremos un país de inmigrantes y refugiados.\

“Continuaremos nuestra lucha para proteger esos valores fundamentales, como lo hicimos recientemente cuando fortalecimos nuestro compromiso con el Acta de Confianza en Connecticut”.

DEJAME ARTE, La Caricatura de Reinaldo

103.5 FM - La Voz Radio

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