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Presidente Trump amenaza a los estados que no colaboren con la persecución de indocumentados

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AGENCIAS.- Desde antes de su llegada a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016, Donald John Trump había declarado una guerra abierta a la población inmigrante indocumentada proveniente de México, centro y sur América prometiendo procesos legales acelerados de deportaciones, y en sus discursos jura construir una muralla que separaría la frontera entre México y nuestro país. Como ha sido su costumbre, degrada a los inmigrantes indocumentados acusándolos de violadores, traficantes de drogas y criminales manifestando sus intenciones de enviar a sus países de origen a los que describió como indeseables.

Rápidamente y ya en la presidencia, Trump quiso implementar un plan de terror y persecución en contra de inmigrantes ampliando los fondos federales a las agencias de inmigración e intentando imponer en los estados la idea de que las “fuerzas policiales locales de ciudades y pueblos asumieran el papel de colaboradores de los agentes de la llamada “migra.”

Rápidamente las autoridades de la ciudad de Nueva York y los estados de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Washington. Massachusetts, Rhode Island se opusieron a los deseos del presidente debido al clima de persecución y terror que desataría para los ciudadanos ver a los policías convertidos en delatores y perseguidores de inmigrantes cuando estos deben asumir otras tareas relevantes en sus comunidades.

El presidente se irrita ante la respuesta de algunos estados y agencias defensoras de los derechos humanos y civiles y poco a poco algunas cortes federales han venido anunciando que el gobierno federal podría negar millones de dólares a estos estados los cuales usualmente se destinaban para apoyar a los departamentos de la policía de la nación que enfrentan ahora la llamada crisis del uso de opios y drogas, violencia en la que delincuentes utilizan armas de fuego de gran calibre, y la violencia doméstica, entre otras enfermedades sociales.

Ahora, el gobierno de Trump celebra la decisión de una corte federal que no autorizaría la entrega de fondos a los estados que no colaboren con los deseos del gobierno de Trump.

Sin embargo, las cortes de la justicia estatales han apelado a esta imposición del gobierno federal decidiendo que el gobierno de Trump si entregue a la policía el dinero que usualmente se repartía para que cumplieran sus funciones regulares y habituales.

Para observadores, este es un acto semejante a una extorsión institucional que inicia el Departamento de Justicia de este país en el 2017 anunciando la medida de revocar la entrega de fondos hasta que las autoridades estatales otorguen a las autoridades de inmigración el acceso de los agentes de esta agencia a las cárceles y provean a esta agencia los nombre de quienes han entrado ilegalmente al país o los que vayan a conseguir su libertad.

Lo que correspondería a Connecticut como parte de esta donación federal de fondos asciende a la suma anual de $1.7 millones de dólares, según informo William Tong.el Fiscal General de Connecticut.

“Estamos en la actualidad evaluando esta decisión federal y los próximos pasos a seguir, dijo Tong que insistió que los fondos que se esperaban ayudaran a los departamentos de la policía para lidiar con el tráfico de drogas, el tráfico humano de jovencitas, la creciente violencia gansteril con uso de armas de gran calibres, y el incesante aumento de violencia doméstica,” dijo Tong, añadiendo que el poner restricciones de carácter partidario y político en temas de seguridad ciudadana transforma a nuestras comunidades en sitios absolutamente vulnerables y que la decisión de la corte federal en nada ayuda a mejorar el sistema de inmigración.

Jeff Sessions, ex Fiscal General de los Estados Unidos manifestaba que las pólizas llamadas “ciudades santuarios,” hacían a la ciudadanía mas vulnerables porque de un modo intencional “socavan a nuestras leyes y protegen a extranjeros ilegales que hayan cometido crímenes.”

En el 2018, el Departamento de Justicia impuso condiciones adicionales para la entrega del dinero federal a los estados como una forma de apoyar a las fuerzas policiales que luchan en contra de delincuentes.

La actual decisión de aplicar consecuencias en contra de los estados contrarios a convertir los departamentos de la policía local como colaboradores en la persecución de inmigrantes, ha sido elogiada por el Departamento de Justicia que ha manifestado que esta decisión legal es una victoria para los americanos ya que reconoce que el Fiscal General de la nación tiene la autoridad de asegurar que quienes reciban las donaciones federales no frustren las prioridades de las leyes federales.

Cody Wofsy de la Unión Americana de las Libertades Civiles manifestó que los estados y municipalidades tienen el derecho constitucional de rechazar ser parte de procesos de deportación.

El tema continuara en discusión, pero ya plantea problemas de entendimiento entre cortes estatales y federales. 

En vista a las aspiraciones de Trump de ser reelecto en las elecciones presidenciales de este año, se espera que la controversia se proyecte a los debates presidenciales en los cuales el republicano desea satisfacer los deseos de los grupos supremacistas y de la base republicana de su gobierno.

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