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La ACLU de Connecticut demanda a Lamont para reducir la población carcelaria y evitar la propagación de COVID-19

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Por Kelan Lyons
CTMIRROR

La ACLU de Connecticut presentó una demanda para obligar al gobernador Ned Lamont y al comisionado del Departamento de Corrección, Rollin Cook, a reducir el número de personas encarceladas en las cárceles y cárceles de Connecticut.

“Las personas que están encarceladas en Connecticut están en peligro inminente por COVID-19. Cuanto más tiempo Connecticut no actúe para protegerlos, más cerca estará nuestro estado de un desastre mortal e inconstitucional “, dijo Dan Barrett, director legal de la ACLU de Connecticut y abogado del caso. “Los tribunales de Connecticut no condenaron a las personas a sufrir y potencialmente morir a causa de una pandemia”.

La demanda se presenta en nombre de ACLU (Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Connecticut) y cuatro hombres encarcelados, cada uno de los cuales es anciano, casi al final de su condena, actualmente en prisión preventiva o tiene condiciones médicas subyacentes.

A partir del viernes por la mañana, ocho personas encarceladas y 16 miembros del personal han dado positivo por COVID-19 en las cárceles de Connecticut. Cinco de los reclusos viven en el edificio Cybulski de la Institución Correccional Willard, una prisión de menor seguridad en Enfield que retiene a las personas que representan un bajo riesgo para la comunidad y los prepara para reintegrarse a la sociedad una vez que son liberados. Toda la instalación ahora está cerrada, para evitar la propagación del virus.

“Una vez que el virus entre, se propagará como un incendio forestal”, dice Anthony Johnson, un prisionero de Willard-Cybulski y uno de los demandantes, en la denuncia.

Aquellos encarcelados en el edificio donde Johnson se encuentra durmiendo en viviendas de estilo dormitorio, dice la demanda, lo que hace imposible practicar el distanciamiento social. El dormitorio de Johnson tiene 100 hombres. La semana pasada, Lamont anunció la prohibición de reuniones de más de cinco personas.

Según las cifras mantenidas por la Clínica de Derechos Humanos Internacional Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale y la Clínica de encarcelamiento masivo desafiante, había 364 personas de 65 años o más encarceladas en instituciones correccionales de Connecticut al 28 de marzo. Los reclusos de edad avanzada son particularmente vulnerables a un brote de COVID-19, A medida que el riesgo de muerte aumenta con la edad.

La pandemia parece estar reduciendo la población encarcelada del estado. Había 524 personas menos tras las rejas el 31 de marzo que el 1 de marzo. Pero Melvin Medina, director de políticas públicas y defensa de la ACLU de Connecticut, le dijo al CT Mirror en una historia anterior que Lamont debe articular públicamente un plan claro para reducir la población encarcelada y empoderar a diferentes agencias estatales para que trabajen juntas para garantizar que las personas no sean simplemente liberadas a las personas sin hogar y agoten los recursos de la comunidad.

“No hay un gobernador que esté enfrente en el púlpito acosador diciendo:” Necesitamos liberar a la gente, y así es como estamos dando para hacerlo “”, dijo Medina. “Hasta que escuchemos al gobernador defender la necesidad de proteger a las personas vulnerables en prisión, los comisionados no tendrán una dirección clara sobre cómo responder a esta emergencia de salud pública y, en última instancia, la inacción y la falta de respuesta resultarán en la pérdida de vidas”.

La demanda le pide a la corte que ordene a Lamont y Cook que liberen de inmediato a las personas que son vulnerables a enfermedades graves si contrajeron a COVID-19 que están en prisión preventiva por montos de fianza bajos o solo por violaciones técnicas de libertad condicional o libertad condicional. La demanda también le pide al gobernador que libere a aquellos que son elegibles para confinamiento en el hogar o liberación supervisada o dentro de los seis meses posteriores al final de su sentencia.

Además, la ACLU le pide a la corte que exija a Lamont y Cook que presenten un plan para proporcionar higiene, distanciamiento social, diagnósticos y tratamiento para quienes permanecen tras las rejas, aprueban las ubicaciones residenciales dentro de una semana para aquellos que son elegibles para la liberación y financian viviendas de transición para aquellos que de otra manera serían liberados a las personas sin hogar.

Richard Cho, el CEO de la Coalición de Connecticut para poner fin a la falta de vivienda, dijo que el estado ha puesto a disposición $ 150,000 para poner a los reclusos en un hotel o brindarles servicios de reubicación rápida. Anteriormente le dijo al Mirror que la cantidad es “una caída en el cubo en comparación con lo que viene por la pica”.

Cada mes, el Departamento de Corrección libera a unas 50 personas de prisión o cárcel que han llegado al final de su condena y no tienen un hogar.

El senador Gary Winfield, demócrata de New Haven y presidente del Comité Judicial, dijo que ha habido mucha presión pública para que los funcionarios expliquen cómo planean proteger a las 11.784 personas encarceladas en Connecticut de un brote de COVID-19 tras las rejas. Dijo que la demanda de la ACLU no fue inesperada.

“No me sorprende en absoluto, hay una demanda. Durante semanas, los defensores, legisladores y organizaciones han estado haciendo preguntas ”, dijo. “En algún momento, uno esperaría que usaran el sistema legal para encontrar las respuestas a las preguntas que han estado haciendo y para tratar de proteger los derechos de las personas en nuestras cárceles”.

En un comunicado, Max Reiss, portavoz de Lamont, dijo que la administración está revisando la demanda y no se presentará.

DEJAME ARTE, La Caricatura de Reinaldo

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