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Demandan al Alcalde de New Haven y al Gobernador

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NEW HAVEN — Los propietarios de 50’s Lounge, en Westville, han demandado ante la justicia, al alcalde Justin Elicker y al gobernador Ned Lamont, alegando, entre otras cosas, que las restricciones aplicadas durante la pandemia de coronavirus violan sus derechos constitucionales.

El abogado Kevin Smith, de la oficina Pattis & Smith LLC, en representación de los propietarios Michael Amato y Joy Monsanto, presentó la demanda en la Corte de Distrito el viernes.

La demanda plantea dos tipos de argumentaciones: que Elicker difamó al negocio, alegando que seguía celebrando fiestas después de haber cerrado, y que Elicker y Lamont violaron una serie de derechos constitucionales de Amato y Monsanto, al limitar el tamaño de las reuniones dentro de su establecimiento.

Tanto la oficina de Lamont  como Gage Frank, portavoz de Elicker, no quisieron hacer comentarios.

De acuerdo con la denuncia, Amato y Monsanto cerraron el 50’s Lounge, el 15 de marzo. Esta historia fue publicada por primera vez por el Connecticut Law Journal.

Pero, según alega Smith, el 20 de marzo, Elicker afirmó erróneamente “que 50’s Lounge estaba poniendo en peligro la salud y el bienestar de su comunidad y sus clientes, al violar la nueva ley sobre el tamaño de las multitudes que se limitan a no más de diez personas”, medida que se instituyó, después que el negocio ya había sido cerrado.

Smith también alega que un representante de la oficina del alcalde, mostró a WTNH News8, una foto de una fiesta pasada, describiéndola incorrectamente como si hubiera tenido lugar después de establecido el límite de 10 personas en las reuniones.

“En lugar de aprovechar la oportunidad de liderar durante una crisis legítima de salud, el alcalde Elicker aumentó los temores de la gente sobre la pandemia, utilizando esa circunstancia, para atacar de forma brutal a los demandantes y sus negocios, en un momento vulnerable, con la esperanza de ganarse el favor de ciertos sectores del electorado, que se habían opuesto a la empresa de los demandantes, mientras que, simultáneamente, buscaba aplicar represalias por el apoyo de los demandantes a sus rivales políticos”, dijo Smith en la demanda.

“Los demandados sabían que los demandantes, habían cerrado diligentemente el 15 de marzo y, sin embargo, acusaron a los demandantes de conducta criminal, en un escandaloso esfuerzo, no sólo por interferir directamente en el negocio de los demandantes, sino por paralizarlo por completo”, dijo en la demanda.

Amato y Monsanto solicitan una indemnización por perjuicios emocionales y penales, por la primera serie de alegatos, argumentando que la conducta de Elicker fue “intencional o emprendida con deliberada e imprudente indiferencia a la verdad, constituyendo una verdadera mal intención”.

En el segundo grupo de denuncias, Amato y Monsanto sostienen que Elicker y Lamont violaron la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, al limitar indebidamente sus derechos a la libertad de reunión y a la libertad de asociación.

 La demanda también sostiene que Elicker negó a Monsanto y a Amato la igualdad de protección bajo la ley, violando así la 14ª Enmienda, ya que supuestamente “calumnió y difamó públicamente a los Demandantes debido, al menos en parte, a la raza del Demandante Monsanto y a las acciones de los Demandantes en la restauración de las comunidades minoritarias y el apoyo a los oponentes políticos del Demandado Elicker”.

También alega la demanda, que Lamont ha tomado efectivamente el valor de los negocios sin compensación, ya que su orden “que limita las actividades de los negocios y decide qué negocios pueden permanecer abiertos en base a sus propósitos, regula el uso de la propiedad privada de tal manera, que priva efectivamente a los demandantes del uso económicamente razonable de su propiedad, hasta el punto de privarlos del valor de su propiedad”.

 La demanda tiene por objeto que se declare inconstitucional la orden de Elicker por la que se limitan las reuniones a un máximo de 10 personas así como las “restricciones a los negocios y a las reuniones” ordenadas por Lamont. Igualmente demanda un mandamiento judicial que impida su aplicación, además de daños compensatorios y económicos.

La acción legal, escribió Smith en la demanda, “demuestra la necesidad vital, incluso en estos tiempos sin precedentes, de examinar los motivos y las razones dadas por los líderes, que piden sacrificios públicos de las libertades civiles”.

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