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El sindicato de la policía pide a un juez que anule partes de la ley de reforma policial

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HARTFORD, Connecticut (AP) – El Sindicato de la Policía del Estado de Connecticut le está pidiendo a un juez federal que declare inconstitucionales partes de la nueva ley de responsabilidad policial del estado, diciendo que las secciones relacionadas con la divulgación pública de los archivos de personal de los policías y las investigaciones de asuntos internos violan su contrato.

El sindicato anunció la medida el miércoles, diciendo que había solicitado una orden judicial en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que obligaría a los funcionarios estatales a cumplir con el contrato.

También el miércoles, más de 850 miembros del Sindicato de la Policía Estatal iniciaron una votación simbólica sobre si expresar desconfianza en el gobernador Ned Lamont, el comisionado de seguridad pública estatal James Rovella y el teniente coronel de la policía estatal J. Scott Eckersley por no hablar en nombre de policías contra partes de la ley de reforma.

La ley, firmada por Lamont el 31 de julio después de la aprobación legislativa, eliminaría las exenciones a las leyes estatales de Libertad de Información en el contrato de la policía estatal. El contrato 2018-2022 dice que los archivos y documentos de personal de los policías en las investigaciones de asuntos internos que terminan en hallazgos de exoneración, infundados o no sostenidos no están sujetos a esas leyes de divulgación de registros.

Andrew Matthews, un ex policía que ahora es director ejecutivo del Sindicato de la Policía Estatal, dijo que los legisladores y Lamont violaron la cláusula contractual de la Constitución de los Estados Unidos, y que otros empleados estatales ahora deberían estar preocupados de que sus contratos puedan cambiarse unilateralmente.

“Tienen la obligación de cumplir con su acuerdo”, dijo Matthews. “Simplemente nos lo quitaron. Lo que es realmente ofensivo es que no nos llamaron, se sentaron y negociaron “.

Brian Foley, uno de los principales asistentes de Rovella, respondió: “Esto es básicamente una demanda contra el proyecto de ley de responsabilidad policial y la nueva ley pública. Habrá un proceso legal para trabajar y lo respetaremos “.

La oficina del fiscal general William Tong dijo en un comunicado que está revisando el expediente judicial del sindicato y responderá en el tribunal.

Max Reiss, portavoz de Lamont, se negó a comentar sobre la queja legal de los policías y el voto de censura.

Los legisladores han dicho que pueden revisar partes de la nueva ley de reforma policial y pueden hacer cambios si hay problemas importantes que deben abordarse.

Las exenciones de registros públicos en el contrato de la policía estatal fueron un tema de debate antes de que los legisladores aprobaran el acuerdo el año pasado.

En ese momento, Colleen Murphy, directora ejecutiva de la Comisión de Libertad de Información del estado, dijo que el lenguaje del contrato podría interpretarse de una manera que prohibiría la divulgación de cualquier información de los archivos de los policías, manteniendo en secreto los resultados de las investigaciones de mala conducta y la disciplina impuesta. en los soldados. Matthews respondió que esa no era la intención del lenguaje.

Una semana antes de que Lamont firmara la nueva ley de responsabilidad policial, cientos de policías se manifestaron en el Capitolio para protestar contra el proyecto de ley, diciendo que se sentían traicionados por los legisladores y culpados injustamente por las acciones de la policía en Minneapolis, donde George Floyd murió después de que un oficial de policía presionó. en su cuello durante varios minutos.

La ley, que según los proponentes responde a los llamados a la reforma después de los asesinatos policiales de Floyd y otros negros, crea un nuevo inspector general para investigar los casos de uso de la fuerza por parte de la policía, limita las circunstancias en las que el uso letal de la fuerza puede justificarse y permite más supervisión civil de los departamentos de policía.

También permite demandas civiles en los tribunales estatales contra agentes por parte de personas cuyos derechos constitucionales fueron violados por la policía, si esas acciones se consideraron “maliciosas, lascivas o intencionales”.

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