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Buenas noticias desde la Legislatura de Connecticut para prevenir el abuso policial

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  Hace más de una década en circunstancias en que guiaba mi automóvil desde un evento realizado en la Universidad de Connecticut, recinto de Storrs y avanzaba hacia la carretera interestatal 84 West en dirección a Hartford, me sorprendieron las potentes luces de un automóvil oficial de la policía detrás de mí.

  Me acompañaban mi esposa y mis suegros quienes con justa razón se intranquilizaron. Los dos guardias no me solicitaron los documentos, sino que me ordenaron enseguida bajar del vehículo y procedieron a registrarme. No usaron la prueba de sobriedad y solamente miraron al interior del coche. Uno de ellos procedió a revisar mis documentos con la luz de una poderosa linterna y afortunadamente me dejaron ir. Ni se me ocurrió preguntarles porque me habían detenido y el incidente jamás se me ha olvidado.

  Ahora, jueves primero de octubre entran en plena vigencia varias leyes que son una respuesta a la inquietud de la ciudadanía y personas de color, después del criminal arresto y muerte de George Floyd en Minneapolis cuando este se negó a subir al vehículo policial, fue arrojado al suelo, uno de los policías usa la técnica de la tenaza con su rodilla en el cuello del caído, y le produjo una muerte por asfixia en nueve minutos.

  Desde ese momento las protestas por el abuso policial y el uso excesivo de fuerza bruta han sido el tema de cientos de marchas y demostraciones bajo el lema “La vida de personas de color importa.” 

 Los legisladores del Capitolio estatal han estado trabajando arduamente para votar por nuevas leyes que regirán desde ahora, pese a las dificultades de sesionar debido a la Pandemia Covis-19.

  Una de las que entran en plena vigencia es la de prohibir el solicitar allanamientos automóviles a los conductores cuando un vehículo ha sido instado a detenerse por una mera violación de tránsito. Si se ha solicitado al conductor salir de su móvil, los oficiales de la uniformada podrán pedir solamente la licencia de conducir, la inscripción del carro e información de seguro.

  Además, y refiriéndose al caso de George Floyd donde tres policías presenciaron el asesinato de la víctima caída en el pavimento, cualquier miembro de la uniformada que presencia acciones de fuerza excesiva en contra de un ciudadano o actos irrazonables y no intervenga para detener los excesos; podrá ser acusado del crimen o de los mismos actos ilegales que cometa el uniformado que utilice exceso de fuerza.

  Debido a que algunas personas han llamado a la línea de emergencia 9-1-1 para reportar amenazas que no son verídicas y motivadas por razones de raza, recibirán penas contundentes por hacer acusaciones falsas. Esta legislación se basa en el caso de Amy Cooper, una mujer blanca que había llamado a la policía acusando a una persona de la raza negra de amenazar su vida lo que no era verídico.

  Los expolicías expulsados de la uniformada y hayan perdido su certificación como agentes del orden, no podrán solicitar licencias para ser guardias de seguridad en Connecticut. De acuerdo al Concilio de Adiestramiento Estándar Policial que provee la certificación para policías, esta credencial podrá ser revocada si es que el uniformado ha cometido un acto de felonía o si de acuerdo a investigaciones de su Departamento Policial ha disparado su arma resultando en heridas o la muerte de terceros. Esta nueva ley también se extiende a casos donde se revoque la licencia porque el uniformado ha actuado de un modo discriminatorio, haya falsificado informes oficiales, o iniciado una acción policial motivada por razones de raza, o haya usado injustificadamente fuerza excesiva.

  Además, entra en vigencia la asignación a una Oficina independiente del Inspector General de la uniformada cuya tarea será investigar casos donde hubo uso mortal de fuerza excesiva. La oficina revisará y decidirá si el uniformado o uniformada usaron fuerza mortal de un modo justificado. Si la acción policial no fue justificada bajo lo estipulado por la ley, el inspector general se hará cargo de llevar el caso a la justicia y documentar la o las acusaciones para el proceso legal.

  Además de este progreso en proteger a ciudadanos de actos excesivos de los uniformados, la legislatura en una votación cuyo resultado fue de 136 preferencias a favor y 4 en contra, acordó que la compañía EverSource pague una suma de $250 dólares para cada cliente cuyos alimentos y medicinas se hayan afectado por los días en que estuvieron sin energía eléctrica.

  También se acordó que la misma compañía pague $25 dólares por día a los clientes que hayan sufrido más de cuatro días sin energía eléctrica durante una ola de calor en la que no tuvieron acceso al aire acondicionado, energía para sus refrigeradores, ni luz por la noche.

  Se calcula que una suma aproximada de 250,000 hogares, sufrieron apagones de más de cuatro días en Connecticut y el costo de reembolso por años llegaría a los 19 millones.

DEJAME ARTE, La Caricatura de Reinaldo

103.5 FM - La Voz Radio

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