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No hay igualdad de derechos frente a la Ley: Santiago Levy en el Encuentro Empresarial Coparmex

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Con el fin de identificar y proponer cambios fundamentales para lograr acuerdos sociales sobre el futuro de México con la participación y el compromiso ciudadano, dio inicio el Encuentro Empresarial de Coparmex, con la participación de Santiago Levy, advirtió que la actual Reforma de Pensiones es regresiva, toda vez que acentua las disfuncionalidades estructurales del mercado laboral mexicano, reflejadas en altos niveles de informalidad, son un lastre para el crecimiento económico del país y han provocado el fracaso del sistema de seguridad social, aunque reconoció como positivo que la iniciativa busca “reparar” los contratos colectivos que se vieron afectados desde administraciones pasadas.

La temática de Encuentro tiene la atingencia de balancear entre los derechos humanos civiles y políticos (DHCP), por un lado, y los derechos humanos económicos, sociales y culturales (DESC), por el otro. A diferencia de la Constitución norteamericana, con su Bill of Rights (primeras 10 enmiendas), se enfoca casi exclusivamente a los derechos civiles y políticos, no obstante que sus normas jurídicas y administrativas van lejos al respetar, proteger y cumplir un número importante de los DESC. En contraste, la Constitución Política Mexicana, hace múltiples referencias a derechos de índole económico y social, como la vivienda, el empleo, la seguridad social, la salud y la educación, entre otros; sin embargo, el país está lejos de cumplir esos compromisos, casi todos plasmados en nuestra Constitución social, pionera en esta materia.

Se debe prestar la misma atención a los DESC que a los DCP, en la aplicación, fomento y protección, dado que los derechos humanos son interdependientes. La consecución de los DESC se puede producir en una variedad de escenarios políticos. No existe una vía única, ya que en países con economías centralizadas y de mercado, así como en países federales y centrales, han habido éxitos y fracasos.

En este sentido, Santiago Levy, destaco la vinculación entre, “Seguridad social y derechos humanos”, identificó graves situaciones de inequidad en la población, respecto de la cobertura de seguridad social en México, porque existen personas —cerca de 40 % de la población— que no se encuentran amparados por ninguno de los regímenes de seguridad social existentes, porque hay trabajadores que, aun cubiertos, lo están bajo coberturas diferenciadas, y, finalmente, porque al interior mismo de los regímenes existentes no todos reciben la misma atención en cantidad y calidad. Por ende, el autor concluye que urge una reforma de la seguridad social, para construir un sistema nacional de pensiones, y para que exista la universalidad de los servicios de salud y la integralidad de las prestaciones a todos. También considera de fundamental importancia que se rescate a las instituciones de seguridad social de la aguda crisis financiera por la que pasan en la actualidad.

Levy advirtió que, la organización corporativa obrera y empresarial, sea por los imperativos de legitimación política, la confluencia de intereses del proteccionismo y las necesidades de un régimen presidencialista fuerte, llevan a concentrar los beneficios de las políticas sociales y desarrollistas en sectores privilegiados, corporativistas, de la población, como atestigua la creación y los accesos a instituciones como el Seguro Social, al sistema de pensiones o al régimen de servicios de la vivienda.

Gobiernos con poder económico y político menguados, con exigencias externas apremiantes, enfrentan un cúmulo de demandas ciudadanas que los obligan a intentar la reconstrucción de la política social, a fin de recobrar alguna legitimidad. Tal situación explica otro vuelco de la política social. Por un lado, se inicia el proceso de privatización de los servicios, vinculándolos lo más posible al mercado, manifiesto sea en la alteración del sistema de pensiones o en la ampliación de las instituciones privadas educativas y de salud que sirven a los estratos de ingreso medio o alto. Por otro, la acción y prioridades se centran en torno a objetivos microsociales.

La ausencia de una seguridad social garante del Estado Mexicano es de gran raigambre en nuestro país, dado que los programas gubernamentales dejaron de perseguir prioritariamente metas amplias de crecimiento económico y multiplicación de los empleos.

A partir de 1982, la nueva política económica y la necesaria estabilización presupuestal llevan a implantar criterios focalizados en favor de la población comprobadamente más necesitada y correctores de despilfarros anteriores en el gasto público. Se buscaba y se busca atacar a la pobreza extrema y, de paso, enriquecer el capital humano de esos grupos sociales, evitar el gasto público innecesario, sin paliar la pérdida de poder político de los trabajadores, ni los efectos de una economía cuasiestancada.

El Programa del Encuentro Empresarial, tiene como objetivo apuntar que la política social no tiene como único objetivo aliviar la pobreza o la marginación. También ha de responder a reducir los riesgos que enfrenta la población, tanto como a igualar las oportunidades abiertas a todos los individuos y alentar la formación de capital humano, preferentemente entre los grupos sociales menos favorecidos. La estructura demográfica señala que en el futuro próximo la tasa de crecimiento de la población pensionada será mayor que la de la población activa. Este fenómeno incidirá en los sistemas de pensiones.

En el marco jurídico Mexicano,  ya se han considerado medidas para proteger a los trabajadores contemplados en el apartado A del artículo 123 constitucional, aún falta reestructurar los sistemas de pensiones para los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y los de los maestros de las universidades de los estados

Otra iniciativa importante para avanzar en materia de justicia social en nuestro país es la propuesta de formar un Sistema Nacional de Pensiones que permita la comunicación entre los diversos sistemas y termine con la inequidad que supone la pérdida de derechos de quienes deciden migrar a sistemas pensionarios diferentes.

Durante las últimas dos décadas, la discusión en relación con los sistemas de pensiones se ha venido dando en torno a dos posiciones: los promotores de las cuentas individuales, que fundamentalmente transfieren al trabajador la responsabilidad de ahorrar para su jubilación, y quienes defienden los sistemas de reparto, a pesar de que han devenido en sistemas en quiebra técnica en todo el orbe.

A la seguridad social se le ha visto como un esquema de transferencias financieras, lo que ha generado dos problemas graves para el diseño de una estrategia orientada a su consolidación: al verla como esquema simple de transferencias, la seguridad social cobra importancia en la agenda nacional sólo cuando presiona el equilibrio de las finanzas públicas y, en consecuencia, tiende a enfocarse como un problema de viabilidad fiscal. Así, cualquier intento de reforma despierta la oposición de los grupos que ven afectados sus intereses por la reasignación del costo de su financiamiento entre beneficiarios, trabajadores en activo y Estado, lo que condiciona las reformas de la seguridad social al fortalecimiento de las finanzas públicas.

El segundo problema al que lleva la visión de la seguridad social como un tema simple de transferencias de recursos, es que excluye del debate social y político tanto los beneficios concretos que supone para la sociedad como la obligación constitucional del Estado para proporcionarlos, restando al mismo los apoyos necesarios para emprender las reformas que se requieren para su consolidación.

Los principales desafíos de la reforma de los regímenes de pensiones en nuestro país consisten en conjugar su viabilidad financiera con pensiones dignas y beneficios portables, para garantizar que el trabajador acumule derechos indistintamente del sistema al que cotice. La rigidez que supone la falta de portabilidad en el mercado laboral resulta un absurdo en el contexto de una economía globalizada que exige modificaciones permanentes de los procesos productivos que permitan responder de manera oportuna a las condiciones variantes de mercado y al impacto permanente de la innovación tecnológica.

Desde que se celebró  el 9 de julio de 2004, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) abordó, en su 18 Reunión Ordinaria, celebrada, el tema de la seguridad social como una política de Estado, manifestándose los gobernadores reunidos por establecer un modelo nacional de seguridad social que enfrente de manera inmediata, entre otros aspectos, el crecimiento de los pasivos jubilatorios y de pensionados, a través de nuevos esquemas de financiamiento sustentable, y por la incorporación de mecanismos para beneficiar a la población excluida, de tal forma que procure viabilidad y comunicación entre sistemas, incremente la cobertura y optimice la infraestructura médica, sigue siendo una asignatura pendiente, tal como lo asentó el documento final de la Conago la recomendación de asegurar una pensión mínima para todos los mexicanos, garantizada por el Gobierno federal.

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LA CARICATURA DE REINALDO

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