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Delincuente huye con su novia a México admite violar la ley de delincuente sexual

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STAMFORD. John H. Durham, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, anunció que Lester B. Joy de 40 años, residente de Waterbury, renunció a su derecho a ser procesado y se declaró culpable ante el juez federal de distrito Stefan R. Underhill en Bridgeport por no registrarse como delincuente sexual y por huír con su novia y sus hijos a México en donde fue apresado nuevamente.

De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones rendidas ante el tribunal, el 25 de octubre del 2002 Joy fue condenada en el estado de Nueva Jersey por agresión sexual en segundo grado, poniendo en peligro el bienestar de un niño en tercer grado y robo en tercer grado. Por estos delitos, fue condenado a tres años de prisión, supervisión comunitaria de por vida y sujeto a registro de por vida como delincuente sexual.

Que de acuerdo a la ley de Notificación y Registro de Delincuentes Sexuales (“SORNA”) proporciona un conjunto completo de estándares mínimos para el registro y notificación de delincuentes sexuales y busca fortalecer la red nacional de programas de registro y notificación de delincuentes sexuales. En parte, SORNA requiere que los delincuentes sexuales registrados se registren y mantengan su registro actualizado en cada jurisdicción en la que residen, trabajan o asisten a la escuela.

El 4 de enero del 2006, Joy fue condenada en el condado de Suffolk, Nueva York, por tres cargos de violación en tercer grado, dos cargos de actos sexuales delictivos en tercer grado y dos cargos de divulgación de material indecente a un menor. Por estos delitos, fue condenado a un período de 42 a 84 meses de encarcelamiento y libertad condicional de por vida.

El 30 de noviembre del 2013, Joy fue liberado de la cárcel del condado de Morris, Nueva Jersey, luego de cumplir una sentencia por violar su término de por vida de supervisión comunitaria en New Jersey; sin embargo, no se registró como delincuente sexual ni en New Jersey ni en Nueva York y se mudó a Connecticut. No notificó a los funcionarios de New Jersey, New York y Connecticut de su mudanza a Connecticut, según lo requerido.

El 23 de febrero del 2015, Joy se declaró culpable en un tribunal federal de no registrarse como delincuente sexual. El 18 de mayo del 2015 fue condenado a 27 meses de prisión, seguido de cinco años de libertad supervisada, por ese delito.

En enero del 2017, después de ser liberado de la prisión federal, Joy no se presentó a la libertad condicional en New Jersey y no solicitó permiso para cambiar su dirección o informar a New Jersey de su nueva dirección en Connecticut. Como resultado, Joy fue sentenciado a siete meses adicionales de prisión federal por violar las condiciones de su liberación supervisada. Fue liberado de la custodia federal en agosto del 2017.

El 17 de febrero del 2019, la novia de Joy, que no tenía la custodia física o legal de sus tres hijos menores, participó en una visita supervisada por el Departamento de Niños y Familias con los niños en un restaurante en Waterbury. Durante la visita, se le dio permiso a la novia de Joy para llevar a los niños al baño. En cambio, la novia de Joy llevó a sus hijos por la puerta trasera del restaurante a un vehículo de espera que se determinó que Joy había usado en el pasado.

El 7 de marzo del 2019, Joy, su novia y sus tres hijos fueron localizados por las autoridades policiales mexicanas en Mazatlán, México, y Joy y su novia fueron arrestados. Joy no había proporcionado información al Registro de Delincuentes Sexuales de Connecticut, como lo requiere SORNA, sobre su viaje a México.

El juez Underhill programó la sentencia para el 26 de enero de 2021, momento en el que Joy enfrenta una pena máxima de prisión de 10 años. Joy ha estado detenido desde su arresto.

El 29 de octubre del 2020, Joy se declaró culpable en el Tribunal Superior de Waterbury de tres cargos de riesgo de lesiones y fue sentenciada a tres años de encarcelamiento seguidos de siete años de libertad condicional especial.

Este caso ha sido investigado por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Policía de Waterbury, con la asistencia de las autoridades policiales mexicanas. El caso está siendo procesado por la fiscal federal adjunta Deborah R. Slater.

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