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Presión a favor del “derecho legal” de inquilinos

Luke Melonakos-Harrison: “Estamos frente a una crisis de vivienda de proporciones casi inconcebibles”.
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Por Laura Glesby

NEW HAVEN.- Ante una esperada avalancha de desalojos, los abogados están presionando para que el Estado garantice la representación legal de los inquilinos que tienen casos actuales en los tribunales de vivienda.

La intención es dar a los demandados en procesos de desalojo de carácter civil, el mismo acceso a los defensores públicos que tienen las personas acusadas de un delito.

Luke Melonakos-Harrison, miembro del capítulo local de los Democratic Socialists of America, presentó la propuesta al Equipo de Gestión Comunitaria Downtown-Wooster Square Community Management Team el martes por la noche, solicitando las firmas necesarias para conseguir una ley que proporcione defensores públicos a los inquilinos.

En el país, los caseros están representados por un abogado en el 80 por ciento de los trámites de desalojo, mientras que los inquilinos tienen representación legal en sólo el 7 por ciento de los casos, señaló Melonakos-Harrison.

“Cuando a usted se le acusa de un delito y su libertad está en juego, la ley le garantiza el derecho a un abogado”, dijo Melonakos-Harrison. “Pero ese no es el caso lo que está en juego es su vivienda”.

La actual suspensión de desalojos emitida por el Gobernador Ned Lamont, que protege a los inquilinos de ser expulsados de sus casas (con excepciones) durante la pandemia, está prevista que dure hasta el 9 de febrero.

De acuerdo con datos del censo, se prevé que casi 39.000 inquilinos se enfrentarán a desalojos en los próximos dos meses, si el gobernador no extiende la moratoria. La crisis de desalojo afectará desproporcionadamente a los inquilinos negros y latinos, especialmente a las mujeres.

Melonakos-Harrison añadió que uno de cada siete hogares de Connecticut está atrasado en el pago del alquiler: “Si tantas personas pierden su vivienda, nos enfrentamos a una crisis de vivienda de proporciones casi inconcebibles”.

Cuando hay personas que carecen de una vivienda estable, se enfrentan a muchas más dificultades para encontrar un empleo fijo, continuar educándose y manteniendo el equilibrio emocional, argumentó Melonakos-Harrison.

La pandemia ha contribuido a magnificar los resultados negativos de los desalojos. Los inquilinos desalojados a menudo se encuentran en entornos de vida comunitaria, como los refugios para personas sin hogar, donde el distanciamiento social es mucho más difícil de practicar.

Melonakos-Harrison afirmó que un programa para ofrecer a los inquilinos representación legal, en última instancia ahorraría dinero al estado, al reducir los gastos que se necesitarían para los servicios de personas sin hogar y los alguaciles para hacer cumplir los desalojos.

Nathan Leys, un abogado casos de vivienda que por casualidad asistió a la reunión del equipo directivo del martes por la noche, manifestó estar de acuerdo. La asistencia legal a los inquilinos “de hecho ahorra mucho más dinero a largo plazo”, dijo.

Anstress Farwell, residente de Wooster Square, señaló que la necesidad de brindar representación legal a los inquilinos, es sólo una parte de la crisis que provocan los desalojos.

“¿Sabe usted cómo hacer para ayudar a conseguir recursos para la gente, o ayudarles a lograr buenos acuerdos?” preguntó.

Melonakos-Harrison señaló que algunas organizaciones han establecido para este fin, un fondo de ayuda para el alquiler, ya que el nuevo programa de la ciudad, CASTLE, ha tenido un comienzo lento.

The Independent pidió a la Iniciativa Livable City Initiative (LCI) de la ciudad, una actualización de cómo el programa, que ayuda tanto a los inquilinos como a los caseros, ha funcionado desde su creación el pasado otoño.

En respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información de Connecticut (Connecticut Freedom of Information Act -FOIA), LCI respondió que, hasta ahora, ha utilizado 6.000 dólares de un total de 29.575 dólares disponibles en el programa. La ciudad ha reservado $800,000 en total para CASTLE y un Fondo de Prevención de Desalojos (Eviction Prevention Fund).

Un representante de LCI dijo que la ciudad ha hecho 236 contactos de correo electrónico y 285 contactos telefónicos con personas acerca del programa. Hasta ahora, cuarenta y nueve personas han solicitado dinero del fondo.

Dieciocho de las solicitudes estaban incompletas; 13 no calificaban para el programa. Dieciocho personas sí calificaron, dos de las cuales han completado el proceso y han recibido dinero; otras seis sólo necesitan completar el paso de DocuSign; mientras que tres de los casos tienen pendientes solicitudes W-9 de acreedores de vivienda; y otras siete solicitudes necesitan más papeleo para ser presentadas.

La Administración de Elicker también apoyó anteriormente una ley federal, respaldada por la representante ante el Congreso, Rosa DeLauro, que proveería fondos para contratar abogados de los tribunales de vivienda, destinados a auxiliar a inquilinos que se enfrentan a desahucios.

El teniente Sean Maher, quien está a cargo del distrito policial de Downtown-Wooster Square, señaló que los caseros que alquilan viviendas a través de una corporación de responsabilidad limitada (LLC), están obligados a contratar un abogado para los procedimientos de desalojo, lo que probablemente aumenta la disparidad en la representación legal.

Las ciudades de Nueva York, Filadelfia y San Francisco, han aprobado leyes sobre el derecho a la representación legal de inquilinos en caso de desalojo. Y la ciudad de Nueva York ha atribuido a la representación legal de los inquilinos, una disminución del 77% en las órdenes de desalojo.

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LA CARICATURA DE REINALDO

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