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Multimillonarios contratos para alojar a niños migrantes

Kaylee Samantha, una migrante no acompañada de siete años, se baja de un bote inflable con el que acaba de cruzar el río Bravo desde México en Roma, Texas, el 24 de marzo del 2021. (AP Photo/Darío López-Mills, File)
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Por ADRIANA GÓMEZ LICÓN

La ola de menores no acompañados que cruzan la frontera desde México hizo que el gobierno de Estados Unidos encargase la construcción y administración de albergues para menores a empresas privadas que según algunos no están preparadas para alojar a niños.

Algunas de estas empresas han respondido a desastres naturales y más recientemente instalaron centros para cuarentenas con motivo de la pandemia del coronavirus. Otras trabajaron con funcionarios de la frontera en los últimos años, instalando carpas para migrantes.

Los nuevos albergues son necesarios porque el gobierno tiene más de 22.000 menores bajo su custodia y no cuenta con suficiente personal para disponer su entrega a familiares.

En su apuro por contar con nuevas instalaciones, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) entregó los contratos más grandes —por 2.000 millones de dólares— a dos firmas y una organización sin fines de lucro, sin hacer licitaciones, y decidió eximir a las empresas de requisitos que deben satisfacer las instalaciones para menores, de acuerdo con archivos del DSSH y de gastos federales.

Dos de las instalaciones más grandes habían estado cerradas por semanas. El DSSH no explicó por qué fueron cerradas repentinamente, aunque dijo en un comunicado que eran para uso temporal y que los menores alojados allí habían sido enviados a otros sitios temporales o entregados a familiares.

Los menores dijeron a abogados que los visitaron en algunos sitios que no habían hablado con las personas que manejan sus casos, quienes deben facilitar su entrega a familiares. El DSSH ha negado a la prensa acceso a los albergues, aduciendo el peligro de contagios del coronavirus y asuntos relacionados con la protección de la privacidad.

“Cuando gastas cientos de millones de dólares, el gobierno debe asegurarse de que se ofrecen los servicios y de que se satisfacen las necesidades de los menores”, afirmó Scott H. Amey, consejero general del Project on Government Oversight (Proyecto sobre Supervisión Gubernamental), un organismo privado.

El DSSH dijo en un comunicado que los centros para migrantes menores de edad “satisfacen todos los requisitos/stándards de respuestas de emergencia u otras situaciones humanas”. Señaló que, además de la construcción de nuevos albergues, se estaban tomando “fuertes medidas” para acelerar la liberación de menores, incluido su envío por avión a los sitios donde tienen familiares.

Sarah DeYoung, profesora de la Universidad de Delaware que estudia la evacuación de los albergues, dijo que estos centros tienen un aspecto institucional que no es el ideal para los menores.

“El que hayan sido seleccionados en el pasado no quiere decir que hagan bien las cosas en lo que respecta al bienestar de los chicos”, manifestó DeYoung. “Es importante que sean evaluados por gente de afuera, incluidos expertos en salud pública y gente con experiencia pediátrica”.

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