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Recuperan dinero federal para invertir en programas de inmigración

El Gobernador agradeció al procurador William Tong por recuperar el dinero que la administración Trump congeló en represalia a las políticas pro inmigrantes del Estado, entre ellas, declarar a Connecticut “Estado Santuario”.
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HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que la administración Biden-Harris está invalidando una política de inmigración ilegal impuesta durante la administración Trump que resultó en el bloqueo de fondos del gobierno federal para el Departamento de  justicia penal, a varios estados, incluido Connecticut, entre el 2017 y 2020. 

La decisión se aplicará retroactivamente, lo que permitirá a Connecticut recaudar 6.4 millones de dólares en fondos del programa de la Beca de Asistencia Judicial en Memoria de Edward Byrne (Byrne JAG).

El gobernador agradeció específicamente al fiscal general William Tong por su liderazgo en la lucha contra la política en nombre de Connecticut.

“Agradezco al Procurador General Tong por su reñida victoria con otros seis estados para restaurar el acceso de Connecticut a los fondos de Byrne JAG”, dijo el Gobernador Lamont. “Estoy agradecido con la administración Biden-Harris por poner fin a esta condición ilegal relacionada con la inmigración que ha estado castigando a los estados demandantes durante los últimos cuatro años. 

Se espera que Connecticut acepte 6.4 millones de dólares en fondos, que se habían reservado durante el período del litigio, para abordar las necesidades críticas de seguridad pública y promover nuevas estrategias basadas en evidencia en las comunidades de nuestro estado.

“Estoy encargando a mi administración que desarrolle planes audaces e innovadores para utilizar estos fondos restaurados para ayudar a escribir el próximo capítulo de la política y la práctica de la justicia penal basada en datos en Connecticut. Específicamente, estoy estableciendo prioridades que incluyen lograr resultados más seguros y saludables para nuestros jóvenes en riesgo y reducir la violencia con armas de fuego en las comunidades para salvar vidas y abordar el trauma”.

Aunque el programa Byrne JAG es reconocido por las subvenciones de fórmula que llegan a la policía local para los esfuerzos de reducción del crimen, la mayor parte de los fondos que recibe Connecticut se administra de manera discrecional para prioridades más amplias de justicia penal a nivel estatal y local.

 Por ejemplo, los fondos previamente aceptados ayudaron a lanzar un programa reconocido a nivel nacional en la Institución Correccional de York (la Unidad W.O.R.T.H.) para preparar a las mujeres adultas jóvenes para un futuro mejor. También ayudó a brindar tratamiento para el trastorno por uso de opioides para las personas en el sistema de justicia penal. Esta iniciativa condujo al programa de tratamiento con opioides que se implementa hoy en varias instalaciones correccionales de Connecticut.

“Byrne JAG apoya las estrategias locales de reducción del crimen de las fuerzas del orden público, pero Connecticut depende de este financiamiento federal para una gama más amplia de necesidades estatales y locales”, dijo Marc Pelka, subsecretario de política y planificación de justicia penal en la Oficina de Política y Gestión de Connecticut. 

“Los fondos ayudarán a llenar las brechas en los servicios, estimularán la innovación y lanzarán nuevas iniciativas para ayudar a reducir el crimen, reducir la reincidencia y salvar vidas. El impacto de esta financiación restaurada, luego de un doloroso período de cuatro años que ha perjudicado al público estatal y local -esfuerzos de seguridad, no pueden ser exagerados. Espero ayudar a llevar a cabo la visión del gobernador Lamont de cómo estos fondos marcarán una diferencia significativa.

 La Oficina de Política y Administración, que administra Byrne JAG, está trabajando diligentemente con otros estados, estados y socios y partes interesadas para prepararse para aceptar la financiación y poner en marcha los esfuerzos de planificación”.

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LA CARICATURA DE REINALDO

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