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Canadá sanciona a 15 altos funcionarios de Daniel Ortega

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 21 de marzo de 2019, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla junto a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo durante la inauguración de un paso elevado de la carretera en Managua. El gobierno de Canadá impuso sanciones a 15 funcionarios de la administración del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, informó el miércoles 14 de julio de 2021 el ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
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MANAGUA (AP) — El gobierno de Canadá impuso sanciones a 15 funcionarios de la administración del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, informó el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau.

“Canadá está imponiendo sanciones a los funcionarios nicaragüenses en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas”, dijo Garneau en un mensaje vía Twitter.

Por su parte, un comunicado del gobierno canadiense indicó que “desde 2018, el gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política”.

Señaló que, además, el gobierno de Ortega “se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas” el 7 de noviembre, a pesar “de los continuos llamamientos de Canadá, la Organización de los Estados Americanos y socios internacionales”.

En cambio, sostuvo el documento, el gobierno de Ortega ha intensificado sus ataques “y ha arrestado arbitrariamente a más de 20 destacadas figuras de la oposición y posibles candidatos presidenciales”.

Entre los 15 sancionados destaca la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Camila Ortega Murillo; la fiscal general Ana Julia Guido; los jefes de policía Ramón Avellán, Juan Valle, Justo Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas, y el directivo del Consejo Supremo Electoral , Lumberto Campbell.

También figuran, entre otros, el ministro de Hacienda, Iván Acosta; el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y el ministro de Transporte, Jorge Mujica; así como los diputados sandinistas Wálmaro Gutiérrez, Edwin Castro y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, señalado de dirigir grupos paramilitares.

Canadá indicó que las sanciones están en línea con las acciones tomadas por sus socios internacionales. Una treintena de altos funcionarios del gobierno sandinista han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea.

En junio de 2019, el gobierno canadiense ya había sancionado a nueve altos funcionarios, entre ellos varios jefes de la policía y diputados sandinistas, así como a la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja y asesor del gobierno.

Estas sanciones se tomaron tras los sucesos de abril de 2018, cuando una revuelta social fue sofocada con violencia por la policía y paramilitares. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esto provocó 328 muertos, más de 2.000 heridos, unos 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 emigrados y exiliados.

El 1 de julio Murillo arremetió contra Canadá por el caso de las antiguas tumbas de niños indígenas descubiertas en internados católicos. “Esas prácticas canadienses inmorales y absurdas, nada lejanas del nazismo hitleriano”, dijo en esa ocasión.

“Igualmente nosotros no concedemos a Canadá ninguna potestad para seguir juzgando nuestro camino”, agregó en alusión a las críticas del gobierno de Jacques Trudeau.

“Canadá apoya al pueblo de Nicaragua en su llamado a un futuro justo y pacífico basado en el respeto fundamental de los derechos humanos, la libertad de prensa y el derecho a votar en elecciones libres, justas y transparentes”, destacó el documento del gobierno de Canadá .

A su vez reclamó “la liberación inmediata de los candidatos políticos arrestados, encarcelados o detenidos arbitrariamente, así como la liberación de todos los presos políticos y el fin del arresto y el acoso a los medios de comunicación independientes y los actores de la sociedad civil”.

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