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Honduras: piden pena máxima para asesino de Berta Cáceres

Volantes con la imagen de Berta Cáceres, hondureña y activista ambiental y de derechos indígenas que fue asesinada, yacen en el suelo durante una protesta el día del juicio contra Roberto David Castillo Mejía en Tegucigalpa, Honduras, el lunes 5 de julio de 2021. (AP Foto/Elmer Martinez)
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TEGUCIGALPA (AP) — La Fiscalía de Honduras solicitó el martes que se aplique la pena máxima de 25 años de prisión para Roberto David Castillo, condenado por el asesinato a título de autor intelectual de la ambientalista hondureña y líder de la etnia Lenca, Berta Cáceres.

El Poder Judicial confirmó la petición en su cuenta de Twitter. Durante la audiencia realizada el mismo día, la defensa del condenado solicitó que se le aplique la pena mínima de 20 años de cárcel.

Los jueces que conforman el Tribunal no brindaron una fecha para la lectura de la sentencia argumentando que el juicio fue complejo y dado que hubo muchos medios de prueba y tesis que los jueces deben abordar para definirla, ésta no estaría lista en el plazo de cinco días que establece la ley. La portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucia Villars, explicó que un plazo de dos semanas los jueces comenzarán el análisis correspondiente y en su momento notificarán a las partes sobre la fecha para dar lectura a la sentencia.

Por el crimen fueron condenados en 2018 siete autores materiales -entre ellos un exmilitar- que recibieron penas de hasta 50 años de reclusión. La sentencia fue apelada y debe ser analizada por la Sala de lo Constitucional, que determinará si se anula o se deja firme.

Castillo Mejía era el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), ejecutora del proyecto Agua Zarca al cual Cáceres se oponía y según la fiscalía fue lo que detonó el crimen de la ambientalista.

Cáceres fue ultimada a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa del municipio La Esperanza en el departamento de Intibucá. En el hecho resultó herido un amigo de la ambientalista, el activista mexicano Gustavo Castro Soto.

La Fiscalía sostiene que Castillo Mejía aportó logística y recursos y se coludió con el resto de los condenados para matar a la ambientalista.

Los acusadores privados, por su lado, consideran que además de Castillo Mejía también hubo participación de la familia Atala Zablah como directivos de la empresa DESA.

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