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Perder tu casa

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Por Roger Senserrich

Reza el tópico que una mudanza es una de las experiencias más estresantes en la vida de cualquier persona, comparable a cambiar de trabajo o la pérdida de un familiar. Cualquiera que haya tenido que empaquetar su vida en cajas, meterla en un camión y llevársela a otro apartamento o casa dará fe de que todo el proceso puede acabar con sus nervios.

No es difícil imaginar como la experiencia de sufrir un desahucio, ser desalojado de tu vivienda porque no puedes pagar el alquiler, es increíblemente traumática. Definimos nuestra identidad según dónde trabajamos y dónde vivimos; ser forzado a dejar nuestra casa es poco menos que nos roben un poquito de quienes somos. Sabemos, porque hay decenas de estudios sobre la materia, que los niños que sufren desahucios son mucho más propensos a tener problemas en la escuela y sacar peores resultados en sus estudios. El estrés, el trauma, tiene un impacto tremendo en sus vidas.

Cuando empezó la pandemia el año pasado el gobierno federal impuso una moratoria sobre desahucios. La combinación de millones de americanos perdiendo sus ingresos al quedarse sin trabajo y el riesgo de tener que ir a un albergue o vivir con otros familiares durante una pandemia justificaban la medida. Ante una crisis excepcional, proteger a aquellos con problemas económicos y reducir el riesgo de contagios eran más importantes que los ingresos de los propietarios de vivienda.

Esto cambió a principios de semana. El tribunal supremo de los Estados Unidos declaró la última extensión de la moratoria ilegal, obligando a la administración Biden a volver a permitir desahucios. En nuestro estado, decenas de miles de inquilinos en alquiler están en riesgo de ser echados de sus hogares en cualquier momento.

Por fortuna, Connecticut no depende del gobierno federal para reestablecer esta clase de protecciones. El gobernador Lamont, en una de sus primeras medidas de emergencia la primavera pasada para responder a la pandemia, había impuesto una moratoria sobre desahucios paralela a la del gobierno federal. Hace unos meses, en junio, rebajó un poco el alcance de esa medida; los propietarios sólo podían iniciar un desahucio sólo tras haber intentado pedir ayudas estatales antes, y el plazo mínimo para empezar un desalojo era de 30 días, en vez de los tres habituales.

El gobernador sólo podía implementar estas medidas bajo el paraguas de sus poderes de emergencia extraordinarios durante la pandemia. Esos poderes expiraron, por desgracia, el 30 de septiembre, dejando más de 45.000 familias en Connecticut a merced de sus caseros. Empeorando las cosas, la paga adicional de desempleo de $300 semanales, que reciben más de 130.000 personas en el estado, termina el 4 de septiembre. La cifra de familias en riesgo aumentará, sin duda, durante los próximos días.

En teoría, el estado puede recurrir a un fondo con dinero federal para cubrir los alquileres a los caseros con inquilinos en riesgo de desahucio. En la práctica, estas ayudas no están siendo distribuidas con la urgencia que se merece; menos un 30% de los fondos han sido utilizados hasta la fecha. Muchos caseros prefieren echar a inquilinos y buscar otros nuevos con un alquiler más alto a hacer el papeleo necesario para ayudarles. Sin la moratoria, es muy probable esta tendencia se acelere.

Necesitamos una solución legislativa que proteja a los inquilinos de nuevo. El problema es que los líderes de la asamblea general no parecen estar por la labor de llegar a un acuerdo con demasiada urgencia. Están negociando y evaluando, dicen, debatiendo si es mejor darle de nuevo poderes de emergencia al gobernador o aprobar una ley específica sobre el tema con carácter urgente como acaban de hacer en Nueva York. Para las familias a punto de perder su hogar, sin embargo, esto les sirve de poco. Necesitan una solución ahora.

Es intolerable que, en el estado más rico del país más poderoso de la tierra, miles de familias estén viviendo con el temor hoy mismo de quedarse en la calle. En la semana de vuelta al colegio, miles de niños no saben si un desahucio les dejará viviendo en otro barrio o pueblo, dejando su escuela y sus amigos atrás.

Debemos proteger estas familias – y cuanto antes, mejor.

(Roger Senserrich, es Director de Comunicaciones del Partido de las Familias Trabajadoras de Connecticut)

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