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LXV Legislatura arranca con la aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político

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La aprobación en lo general del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se avaló con la mayoría de Morena y sus aliados PT y PVEM con 273 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones.

En el Senado de la República, durante los primeros tres días del nuevo periodo ordinario de sesiones, se logró un acuerdo para aprobar la Ley de Revocación de Mandato.

Después de que esta consulta parecía tambalearse, hoy ya solo falta que sea aprobada por la Cámara de Diputados para que supere el obstáculo de no tener reglamentación.

El objeto de esta ley, reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política, es regular los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, las causas y sanciones en el juicio político, los órganos competentes y el procedimiento en el juicio político.

Sobre el procedimiento de juicio político, el ordenamiento legal especifica que sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

También, los órganos competentes y el procedimiento para la declaración de procedencia respecto del enjuiciamiento penal de las personas servidoras públicas señaladas en el artículo 111 de la Constitución Política, y los órganos competentes y el procedimiento en materia de responsabilidad penal del presidente de la República.

En cuanto a la responsabilidad penal del presidente de la República, el dictamen indica que durante el tiempo de su encargo podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.

La diputada por el PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo consideró que la propuesta, en vez de agilizar procedimientos, genera incertidumbre y refleja la intención de usar la figura de juicio político y declaración de procedencia como herramientas de persecución política.

El diputado Gerardo Peña Flores (PAN) señaló que la propuesta de ley es contradictoria al espíritu del Constituyente, atenta contra el federalismo y es inconstitucional de facto, absurda y penosa. “No legislen con la ira, un día serán oposición y reformas como esta ponen en riesgo la libertad de actuación institucional del servicio público”.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) dijo que nadie se opone a lo establecido en materia de juicio político y se coincide en que hay vacíos que deben modificarse, pero desde la pasada legislatura se han buscado hacer las cosas de manera apresurada y al final en otros espacios se enmiendan las cosas y se regresan las leyes.

Del PRD, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete argumentó que el proyecto tiene vicios de origen en el procedimiento. De aprobarse, el Congreso de la Unión violará las competencias en las declaratorias de procedencia y en los juicios políticos de servidores públicos de gobiernos locales, así como los principios del federalismo.

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LA CARICATURA DE REINALDO

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