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El número de inmigrantes detenidos por ICE ha aumentado un 70 por ciento bajo Biden

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Según Silky Shab, del portal de investigaciones periodísticas Truhout, cuando el presidente Biden asumió el cargo por primera vez, el número de inmigrantes bajo custodia federal estaba en un mínimo de 20 años y en vez de revertir el sistema, Biden optó por mantener el estatus quo de administraciones anteriores. En un par de meses, las camas de las cárceles comenzaron a llenarse nuevamente.

Hace veinte años, casi sin debate, Estados Unidos se convirtió en un estado fortaleza centrado en limitar los derechos de los inmigrantes en nombre de la seguridad nacional. A raíz del 11 de septiembre, todos los aspectos de la infraestructura de control de inmigración existente se expandieron, desde agentes de inmigración hasta cárceles de inmigrantes (eufemísticamente conocidas como “centros de detención”) y millas de muro fronterizo. Desde entonces, más de 5,8 millones de personas han sido encarceladas en cárceles de inmigración de Estados Unidos.

El Congreso y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han implementado cuotas de manera obsesiva para incentivar la aplicación de la ley de inmigración. En 2009, el senador demócrata Robert Byrd de West Virginia insertó un mandato de cama en el proyecto de ley de asignaciones federales que indica que se requiere que ICE “mantenga un nivel de no menos de 33.400 camas de detención”.

En los últimos años, ICE se ha obsesionado tanto con las cuotas que las ha incluido en los contratos a pesar de que el número total de inmigrantes detenidos se desplomó durante la pandemia, lo que significa que el gobierno federal estaba pagando por las camas vacías.

Con Joe Biden en el cargo, existe una percepción creciente de que la aplicación de la ley de inmigración es menos letal. Pero los números cuentan una historia diferente. El número de inmigrantes encarcelados por ICE ha aumentado un 70 por ciento desde el inicio de la administración Biden. Y siguen encerrando a niños casi 15.000 al día, en instalaciones y bases militares a gran escala. 

Estas condiciones se han visto agravadas por la pandemia. ICE ha hecho poco para mantener a raya al COVID-19, propagando infecciones no solo dentro de las cárceles de inmigración, sino también en las comunidades circundantes y en otros países a través de las deportaciones de miles de inmigrantes. Aunque ICE se vio obligado a liberar a algunas personas durante los peores días de la pandemia, ahora están comenzando a llenar las cárceles de inmigración nuevamente, justo cuando las variantes de COVID-19 continúan cobrando vidas.

La creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) después del 11 de septiembre consolidó el poder en múltiples agencias federales y normalizó la idea de que los inmigrantes son una amenaza para la seguridad. La “guerra contra el terror” no solo ha causado estragos en el extranjero, sino también en las comunidades de inmigrantes en todo nuestro país y en todos aquellos que buscan asilo en nuestras fronteras.

A medida que la frontera se ha convertido en una noticia destacada y un blanco fácil para los ataques de la derecha, Biden ha flaqueado.

Como resultado, Estados Unidos tiene el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo, y el gobierno federal continúa arrojando miles de millones de dólares a las agencias federales y a los especuladores de las prisiones, poniendo en peligro a cientos de miles de inmigrantes cada año.

Si bien las bases legales para la exclusión de inmigrantes precedieron a los ataques, el 11 de septiembre creó la voluntad política e institucional para construir el enorme aparato de deportación y aplicación de la ley fronteriza 

Durante la administración Bush, el sistema de detención de inmigrantes funcionó de manera muy similar a los llamados sitios negros, con más de 350 centros de detención en uso, en su mayoría cárceles locales, y poca información sobre cómo encontrar inmigrantes desaparecidos en estas instalaciones que eran trasladados con frecuencia. La administración de Obama aumentó el uso de programas como 287g, en el que la policía local actúa como agentes de inmigración, y Comunidades Seguras, donde los datos de inmigración se comparten entre las agencias de aplicación de la ley. Al hacerlo, la administración Obama hizo que la maquinaria de detención y deportación fuera más efectiva, lo que ayudó a ganarle el apodo de “deportador en jefe”. Obama también expandió el uso de prisiones privadas a gran escala y construyó gran parte del sistema que Trump desató.

En la campaña electoral, el presidente Biden lamentó la separación de familias por parte de Trump y se comprometió a “evitar que las corporaciones se beneficien del encarcelamiento”. Al principio, la administración implementó reformas para limitar las deportaciones y deshacer las peores políticas de Trump; pero a medida que la frontera se ha convertido en una noticia destacada y un blanco fácil para los ataques de la derecha, Biden ha flaqueado. El progreso significativo hacia el desmantelamiento de la detención de inmigrantes se ha detenido efectivamente. La persistencia continua de la detención de inmigrantes, a pesar del creciente consenso de que es innecesaria y derrochadora, muestra cuánto más fácil es construir y expandir el sistema y la infraestructura que revertirlo.

Los primeros movimientos de Biden sobre la detención y las cárceles privadas no deben pasarse por alto. El DHS puso fin públicamente a los contratos en dos cárceles abismales en Georgia y Massachusetts que habían recibido considerable atención de los activistas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una audiencia del Congreso a principios de este año, afirmó que había un “uso excesivo de la detención”. Y Biden emitió una orden ejecutiva para eliminar gradualmente el uso de prisiones privadas por parte del Departamento de Justicia (DOJ). Pero a pesar de esos movimientos, Biden ha retrocedido. A principios de este verano, el DOJ argumentó en contra de una ley de California que prohibiría las prisiones privadas en el estado, contradiciendo las prioridades declaradas de su propia administración. Posteriormente, también se reveló que una prisión privada del DOJ cerrada en Pensilvania se convertirá en una nueva cárcel de ICE, lo que plantea dudas sobre el compromiso de la administración de reducir la huella de ICE.

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