HARTFORD, Connecticut (AP) – Una comisión de Connecticut nominó el jueves al primer inspector general para investigar el uso de fuerza letal por parte de los agentes de policía, un puesto creado en una nueva ley de responsabilidad policial de amplio alcance.
La Comisión de Justicia Criminal está programada para entrevistar a dos fiscales estatales veteranos nombrados como finalistas: C. Robert Satti Jr., el fiscal estatal adjunto de supervisión en el distrito judicial del área de Bridgeport, y el fiscal estatal Brian Preleski, quien dirige el área de New England
También se espera que el panel nombre a un nuevo fiscal estatal para dirigir el distrito de Hartford por un período de ocho años.
El inspector general investigará si el uso de fuerza letal por parte de un oficial fue justificado y, de no ser así, procesará al oficial. El funcionario, que debe ser confirmado por la legislatura por un período de cuatro años, también recomendará si la certificación estatal de un funcionario debe suspenderse o revocarse.
El puesto fue creado en un proyecto de ley aprobado en julio en respuesta a las muertes de George Floyd involucradas en la policía en Minneapolis y otras personas negras. La ley también limita las circunstancias en las que se puede justificar el uso letal de la fuerza, incluidos los estrangulamientos, permite una mayor supervisión civil de los departamentos de policía y permite demandas contra agentes por violar los derechos civiles de las personas, en determinadas situaciones.
La Comisión de Justicia Penal, compuesta por jueces y abogados, comenzó a entrevistar a candidatos para el cargo de fiscal del estado de Hartford el jueves por la mañana. Los finalistas incluyeron a los fiscales estatales Stacey Haupt Miranda, Adam Scott, Sharmese Walcott y David Zagaja.
La fiscal anterior del estado de Hartford, Gail Hardy, retiró su solicitud de reelección en junio en medio de críticas a su manejo de las investigaciones sobre tiroteos por parte de la policía. Hardy, el primer fiscal estatal negro, fue acusado de tardar años en emitir informes formales que encontraron a los agentes de policía justificados en cuatro tiroteos fatales que se remontan a 2008.
Hardy finalmente dio a conocer los informes formales en diciembre, y la comisión luego le impuso una suspensión no remunerada de cuatro días. Se disculpó por las largas demoras. Dijo que las cuatro investigaciones se completaron de manera oportuna, al igual que sus decisiones de que todos los oficiales estaban justificados, pero simplemente no había completado los informes formales.
Después de retirar su solicitud de reelección, Hardy fue nombrada para un nuevo puesto en la oficina del fiscal estatal del jefe, liderando un esfuerzo por aumentar la diversidad en las oficinas de los fiscales y aumentar el alcance a la comunidad.