¿Queremos un estado mejor, donde las necesidades de las familias trabajadoras, de nuestros vecinos, de la gente que nos rodea reciben la atención que se merecen por parte de nuestros gobernantes?
Hace unos días el gobernador Lamont, junto con un puñado de legisladores y políticos, anunciaron en una rueda de prensa en New Haven la entrada en vigor de la ley de bajas pagadas familiares y por enfermedad en Connecticut.
Este es un nombre un poco aburrido para algo que resuelve una anomalía: Estados Unidos es el único país desarrollado en el que los trabajadores no tienen bajas pagadas por maternidad, enfermedades, o para cuidar de un familiar. En literalmente cualquier país del mundo cuando una madre da a luz a un bebé, el gobierno le ofrece una baja pagada para que pueda recuperarse del parto y cuidar de él durante las primeras semanas de su vida. En Estados Unidos, esto no sucede.
Al hablar de política, es fácil caer en el cinismo. Sólo discuten, sólo se pelean, nunca arreglan nada. En realidad, los políticos responden a lo que les pedimos como ciudadanos – y de nosotros depende alzar la voz para nos escuchen. La ley de bajas por enfermedad es el fruto de años de trabajo de militantes, activistas, voluntarios y organizadores trabajando para apoyar a candidatos que estuvieran a favor de esta propuesta. Pero no sólo eso: una vez ganadas las elecciones, de años de persistencia para convencer a indecisos y hacer que esos mismos candidatos no olvidaran su promesa.
La ley de bajas por enfermedad es la clase de cambio legal que transformará la vida de miles de personas en nuestro estado cada año, y lo hará para bien. La ley es buena para madres, que no tendrán que poner en peligro su salud volviendo al trabajo antes de tiempo, y es excepcionalmente buena para bebés, que durante esos meses necesitan la atención y el cuidado de su familia más que nunca. Hay cantidades ingentes de investigación académica que indica con claridad que las bajas por maternidad ayudan al desarrollo del recién nacido, reducen complicaciones de salud, y simplemente hacen muchos más felices a los padres, que eso también importa.
La ley, por supuesto, no se reduce a maternidades. Por primera vez, alguien que esté trabajando en nuestro estado que se ponga enfermo o tenga que cuidar de un familiar convaleciente no tendrá que escoger entre su sueldo su salud, o la salud de un familiar. El programa que entre en vigor el uno de enero en Connecticut es universal, accesible a todo el mundo. Si algo sabemos que es inevitable en esta vida es que en algún momento o bien nosotros o alguien que queremos va a caer enfermo. A partir de ahora podremos concentrarnos en ello, en vez de mortificarnos sobre cómo pagar el alquiler o la compra en el supermercado.
Más allá del contenido específico de la ley, su entrada en vigor es un ejemplo de que las decisiones que se toman en el Capitolio, la política, importa, y que pueden mejorar la vida de la gente. La ley de bajas familiares y por enfermedad ofrece una respuesta concreta, coherente, y necesaria a un problema real al que cada año se enfrentan miles de familias. Su entrada en vigor es el resultado de años de trabajo de una multitud de líderes, activistas, y cargos electos que rechazaron el cinismo y trabajaron para implementar una medida ambiciosa, pero realista, para apoyar a los trabajadores.
Hablemos, entonces, de cambios concretos, de políticas que pueden hacer la vida mejor de nuestra comunidad. Por ejemplo, de la propuesta de que HUSKY, el seguro médico estatal en Connecticut, cubra a todos los menores de edad, sin que importe su nacionalidad o país de origen. En Connecticut hay decenas de miles de menores que merecen esa cobertura, porque la salud es un derecho, no un privilegio. Es algo por lo que merece luchar – y algo en lo que estamos trabajando para sacar la ley adelante.
Cuando el gobierno no hace nada, o no responde a lo que le pedimos, o no presta atención a nuestra comunidad, es en parte porque no estamos alzando la voz. Y es nuestro deber hacer ruido para que nos hagan caso.