…Y NO A TRABAJADORES DEL HOGAR COMO EXIGE LA LEY
NORWALK. El jueves 25 de agosto a las 12:42PM Maricarmen Godoy, periodista de La Voz Hispana de Connecticut, pidió con un mensaje escrito a la señora Carmen Lanche, CEO de la organización Comunidades sin Fronteras, formalmente, una entrevista para hablar sobre el manejo de unas tarjetas de 300 dólares que la Alianza Nacional le entregó para que sean repartidas a los trabajadoras del hogar durante la pandemia, pero que según uno de sus ex colaboradores que prefiere mantener su nombre en el anonimato y de la activista comunitaria Laura García, varias de éstas fueron repartidas a sus familiares y amigos cercanos que no trabajan en la industria de las tareas del hogar.
Ese mismo día, la señora. Lanche respondió a la periodista a través de un mensaje de texto: “con gusto te doy la entrevista ven a mi oficina a 718 West Avenue, 2 piso. Y como dices que es una acusación frontal tendrás que decir el nombre de la persona que está acusando…”
El lunes a la 1:30PM, la periodista llegó al segundo piso de la iglesia, tal como habían quedado con la señora Lanche, a la entrevista, pero Lanche empezó diciendo: “Yo no te doy autorización para que me grabes. Cuando tu me traigas un papel de la policía ahí yo te doy una entrevista. Uno da una entrevista y (los periodistas) se ponen a investigar cuando hay algo en proceso”.
Entonces, la periodista Godoy respondió que no era la fiscal, ni la autoridad y que lo que estaba haciendo era un trabajado de investigación periodístico sobre unas supuestas acusaciones de unas tarjetas que le dieron a la organización Comunidades sin Fronteras, donde ella funge como directora ejecutiva, para que entregue a los trabajadores domésticas, de las cuales -varias de éstas- fueron entregadas supuestamente a su familia. Información basada en entrevistas a personas cercanas a ella que colaboraron con su organización.
“¿Quién es la persona? ¿te presentó pruebas? ¿Eso es una difamación hacia la organización?”, dijo Lanche y enseguida anunció que las actividades que hace como organización da informe desde el 2019 a las personas que le dan los fondos (grant). E insistió que no grabe la entrevista y que no daba su autorización. “Yo no te doy consentimiento para que grabes”, repitió.
La periodista volvió a preguntar: “¿Por qué supuestamente le diste una tarjeta a tu hijo?, ¿Por qué supuestamente le diste una tarjeta a “tu excolaborador si él no era un trabajador del hogar, sino un voluntario de tu organización? ¿Por qué no quieres hablar si es información pública?”. A lo que Lanche respondió: “Si, entiendo que es público, pero voy a hablar cuando me traigas una acusación ante la policía. Ahí voy a dar la entrevista”; entonces, Godoy dijo: “Yo no puedo dar ese (papel) porque no soy la fiscal. Yo sólo estoy preguntando (soy periodista).
Y Lanche continuó diciendo: “Esa persona me está difamando” y por varias ocasiones repitió que no daba autorización para que la graben ni tampoco estaba dando una entrevista, pero también indicó que todo lo que la salga en los medios de comunicación tendrá que tomar cartas en el asunto su abogado porque será una difamación.
Como la periodista insistió en el tema, Lanche señaló que las tarjetas nunca se manejaron en su organización, sino que la Alianza Nacional de Trabajadores lo hacía en forma automatizada en la computadora y por eso: “las personas que están diciendo una falsedad no tienen ningún fundamento”, afirmó.
Finalmente, cuando Maricarmen Godoy cerró el lente de su cámara y su computadora, Carmen Lanche le enseñó en forma rápida la lista de los beneficiados de las tarjetas de 300 dólares que la Alianza Nacional entregó a los trabajadores del hogar de Norwalk durante la pandemia para que puedan apalear la crisis del COVID-19. Y a los pocos segundos que mostró la lista, la periodista leyó el nombre y apellido de su hijo, menor de edad, y le increpó diciendo: “¡Ahí está el nombre de tu hijo! Y ella, definitivamente, aceptó que su hijo si recibió la tarjeta pero que ella le preguntó a una Sra. Ana de la Alianza Nacional si es que su hijo podía recibir, y ella, aparentemente, le dijo sí, puesto que el muchacho había tomado un entrenamiento sobre cuidado de niños y trabajaba en esta industria.
Otra fuente que pidió también anonimato porque trabajó en ULA (Unidad Latina en Acción en New Haven), pero al salir de la organización firmó un contrato de confidencialidad de no revelar ningún movimiento de esta institución, aseveró que ULA tiene en sus archivos la lista de los trabajadores del hogar y que ellos saben que a la casa de la señora Lanche llegaron por correo tres pagos de 200 dólares del fondo de las tarjetas no solamente para su hijo, sino también a su esposo que se llama Rodrigo Niño, pero que ULA lo único que hizo fue deslindarse de las actividades de la señora. Lanche, que para el momento del incidente de las tarjetas ella manejaba ULA Norwalk y a raíz de este impase, al quedarse sin organización, decidió fundar Comunidades sin Fronteras.
Laura García, guatemalteca, que posee una visa especial para permanecer en los Estados Unidos por tráfico humano, de 30 años, decidió dar la cara y su nombre en este trabajo periodístico, argumentando que la “verdad debe salir a la luz” porque no solamente son las tarjetas las que deben ser investigadas sino un dinero que supuestamente, la señora.Lanche tomó de la cuenta Go Fund, que de manera arbitraria pidió en Internet con el propósito de repartir a las trabajadoras del hogar y que, aparentemente, fueron invertidos en medicinas para el COVID en el tiempo que aun la ciencia no encontraba la medicina ni la vacuna. Monto que asciende a 2.543 dólares recaudados.
“Lanche le dijo a Lilibeth, una amiga hondureña que juntó donaciones para enviar a su país, que use la tarjeta de las trabajadoras del hogar y con ese dinero pague el costo de la paquetería a Honduras. Mi amiga, obviamente, inocentemente, lo hizo”, afirmó Laura, razón por la que decidió desafiliarse de ULA Norwalk y evitar seguir envuelta con Lanche.
Tras su desafiliación, personas de su entorno empezaron a contarle que Lanche pedía dinero a cambio de darles el valor total de las tarjetas y muchos de ellos no eran trabajadores del hogar sino solamente amistades.
Al preguntarle a Laura García porqué no denunció anteriormente, afirmó que si lo hizo ante una señora. Rosa de la Alianza Nacional de Trabajadores, pero ella respondió que desafortunadamente no habían suficientes pruebas. “Creo que esto es como de mucha diplomacia, de mucha política y cómo sólo pedían el nombre y un número de teléfono, entonces, no podían supervisar totalmente”, dijo.
García también habló con Megan Fountain, coordinadora del programa de los Trabajadores del Hogar de la Alianza Nacional y parte de ULA-New Haven, pero-aunque ella quiso tomar acción- tampoco pudo porque entre las organizaciones se cubren la espalda.