Por Andrew Brown
CTMIRROR
Tras la divulgación de una investigación federal sobre el programa de construcción de escuelas de Connecticut esta primavera, los funcionarios estatales se comprometieron a restaurar la confianza en el sistema mediante la revisión de cuatro años de proyectos de construcción financiados por el estado.
Sin embargo, a pesar de las repetidas promesas de los miembros de la administración del gobernador Ned Lamont de entregar de inmediato los resultados de la auditoría, no se ha compartido nada con los legisladores estatales o el público.
Y los funcionarios estatales ahora dicen que el equipo de auditores independientes que se contrató en marzo no terminará su trabajo hasta junio de 2023, lo que retrasa cualquier conocimiento sobre el programa multimillonario del que dependen los distritos locales para financiar la construcción y renovación de escuelas.
Kevin Kelly, el líder de la minoría republicana en el Senado, dijo que estaba profundamente frustrado por la falta de comunicación de los funcionarios estatales, luego de que se comprometieran con la transparencia.
Los investigadores federales citaron por primera vez al estado para obtener registros relacionados con el programa de construcción de escuelas en octubre de 2021, y centraron sus solicitudes en varios contratistas y en Konstantinos Diamantis, quien dirigió el programa de construcción de escuelas durante más de seis años antes de su salida del gobierno estatal el otoño pasado. .
Los investigadores dieron seguimiento a esa solicitud inicial esta primavera exigiendo registros de al menos cuatro municipios que emprendieron proyectos de construcción de escuelas en los últimos años.
Nadie ha sido acusado hasta este punto como parte de la investigación federal. Pero cuando se supo la noticia de la investigación criminal en febrero, varios superintendentes escolares y funcionarios electos locales se adelantaron para anunciar que se sentían presionados a elegir contratistas de construcción específicos para sus proyectos de construcción de escuelas.
Esas acusaciones y la ráfaga de citaciones desencadenaron rápidamente una tormenta política en el Capitolio estatal esta primavera, cuando los republicanos pidieron audiencias públicas y Lamont, un demócrata, prometió llegar al fondo de cualquier posible irregularidad.
En respuesta, la administración de Lamont anunció planes para abrir una auditoría acelerada para examinar el trabajo anterior de Diamantis, quien abandonó el gobierno estatal poco después de que el estado recibiera la citación inicial del gran jurado federal.
Michelle Gilman, la recién nombrada comisionada del Departamento de Servicios Administrativos del estado, les dijo a los legisladores durante dos audiencias separadas en marzo que su agencia presentaría los resultados de la auditoría a la legislatura a fines de la primavera, antes del final de la sesión legislativa.
“El vendedor debe ser anunciado esta semana. Esa es nuestra expectativa, y ciertamente compartiremos esa información a medida que se materialice”, dijo Gilman a los legisladores durante una audiencia el 7 de marzo. “Esperamos que el trabajo comience muy rápido y los informes iniciales deberían estar completos para fines de abril. .”
Los resultados de la auditoría, dijo Gilman a los legisladores, fueron esenciales para corregir cualquier “impropiedad” en el sistema y restaurar la confianza en el programa de construcción de escuelas.
Pero seis meses después de que Gilman hiciera esos pronunciamientos públicos, los legisladores republicanos dicen que todavía están esperando que el DAS les proporcione una actualización.
Kelly dijo que no ha recibido nada del DAS desde mediados de marzo, cuando Gilman le envió una carta reiterando su compromiso de informar a la legislatura sobre el progreso de la auditoría.
“El comisionado prometió finales de abril, tanto verbalmente ante el comité como por escrito”, dijo Kelly. “Ella prometió finales de abril, y aquí estamos en septiembre sin nada”.
Kelly dijo que asumía que los funcionarios estatales serían más comunicativos con los resultados de la auditoría, considerando la importancia del programa de construcción de escuelas para los estudiantes, maestros y distritos escolares del estado.
Los funcionarios del Departamento de Servicios Administrativos pagaron a una firma de auditoría independiente más de $250,000 para revisar casi 100 proyectos de construcción de escuelas y analizar 19 contratos relacionados en los que el estado pagó por trabajos de demolición y limpieza de materiales peligrosos.
Los documentos obtenidos por Connecticut Mirror muestran que la agencia contrató a Marcum LLP, una firma de auditoría con oficinas en New Haven, el 8 de marzo para analizar esos programas, los cuales fueron supervisados por Diamantis y fueron el foco de las citaciones del gran jurado federal.
El contrato que firmó Marcum con el estado requería que la empresa actualizara a los funcionarios estatales cada cuatro o cinco semanas sobre el progreso de la auditoría, y requería que los auditores presentaran dos informes escritos al estado para fines de junio, detallando sus hallazgos y recomendaciones. .
Pero esos informes aún no se han publicado ni presentado a los legisladores.
Lora Rae Anderson, vocera de DAS, dijo que la agencia está comprometida a compartir los hallazgos de la auditoría eventualmente. Pero dijo que la agencia no lo hará hasta que Marcum pueda completar una segunda fase de la auditoría, que el DAS solicitó a principios de julio.
“DAS ha estado en constante comunicación con Marcum con respecto al estado de la revisión”, dijo Anderson. “Seguiremos brindando actualizaciones a los legisladores y otros que lo soliciten. Una vez que se complete la revisión, los informes se compartirán públicamente con los legisladores y otros”.
Los registros estatales muestran que los funcionarios del DAS acordaron el 1 de julio extender el contrato con Marcum, presupuestando $100,000 adicionales y dando a la firma de auditoría potencialmente otro año para completar el trabajo adicional.
El contrato revisado que firmó el estado requiere que la empresa profundice aún más en una serie de proyectos financiados por el estado para el próximo junio. El alcance ampliado del trabajo incluye una revisión de 16 proyectos de construcción de escuelas para los que los auditores inicialmente no pudieron encontrar archivos, junto con una muestra aleatoria de aproximadamente 321 sitios de construcción donde el estado pagó por la limpieza de materiales peligrosos.
Es probable que los resultados de ese trabajo sean clave para cualquier arreglo legislativo que pueda ser necesario para el programa de construcción de escuelas. Pero el DAS dijo que no esperará hasta el próximo año para comenzar a hacer cambios administrativos.
Los líderes de DAS, dijo Anderson, ya están utilizando los comentarios de Marcum para ajustar la forma en que el estado administra las docenas de proyectos de construcción de escuelas que emprende cada año.
“Como resultado de las actividades de auditoría en curso, nuestro equipo ya ha realizado mejoras organizativas y esperamos compartir y discutir esos pasos con las partes interesadas una vez que se complete el proyecto”.