Ya estamos en plena celebración de la época navideña en el archipiélago borincano. Se sienten las brisas frescas del “invierno” boricua, especialmente en las bellas montañas que cruzan nuestra Isla Grande. Las tradicionales trullas que encendían el ambiente navideño son menos, reconociendo que unas cosas cambian y otras se quedan igual.
Razones hay para entender esto y el único consuelo es que algún día se pueda revertir el tiempo y mejorar lo perdido. Todavía nadie nos ha robado ese humanismo puertorriqueño que no se puede definir, que simplemente se siente, esa relación especial con nuestro pueblo, esa dinámica distinta; todavía nos miramos, nos saludamos y nos sonreímos.
Puerto Rico, como he repetido tantas veces, se encuentra en crisis.
Desesperadamente tratamos de explicar lo que ocurre. Nos preguntamos el por qué de la ausencia de valores, debatimos una y otra vez la razón de la creciente y rampante corrupción. La barbarie del crimen nos arropa, pero continuamos siendo olvidadizos, aterrados y hastiados con tanta podredumbre que nos rodea.
En los pasados años Puerto Rico ha sido víctima de huracanes, terremotos y más reciente de una pandemia que ha paralizado el país.
En estos días las brisas navideñas han cobrado fuerza huracanada, la tierra ha sacudido a las más poderosas instituciones de la nación, todo porque el Negociado Federal de Investigaciones (FBI – siglas en inglés) han arrestado funcionarios públicos y privados que ocupaban altas posiciones en el gobierno o eran “facilitadores” de este.
Precisamente la fecha en que se celebraba el Día Internacional Contra la Corrupción (ONU), descubrimos, como si no supiéramos, cuánto crimen y corrupción existe en nuestra sociedad.
Todos, desde el gobernador colonial, expresan sorpresa y consternación y hasta se indignan ante los hechos recién ocurridos. Una gran parte de nuestro pueblo, especialmente los políticos y sus secuaces parecen olvidar los últimos años.
Nos hemos olvidado de la corrupción, de los fraudes en todas las agencias gubernamentales, supuestamente íntegras que existen para proteger al pueblo.
Nos olvidamos de los desmadres de los senadores, de los representantes, de los alcaldes y de todos aquellos que se han pasado la vida viviendo de la carroña que rodea las instituciones que están diseñadas para servir y no para hacer ricos a los embaucadores de nuestra nación.
Si, esas “alegres trullas” ya le han costado la renuncia y arresto al alcalde Ángel Pérez (PNP-Guaynabo) y presidente de la Federación de alcaldes ( PNP) de Puerto Rico. También a Félix Delgado (alcalde-PNP-Cataño) y a Radames Benítez (PPD- ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto). A estos se le unen los arrestos en el 2020 de María Milagros Charbonier, Nelson del Valle y Néstor Alonso, ex-legisladores del Partido Nuevo Progresista( PNP), todos por sobornos y “kickbacks” en la legislatura.
En el caso de Radames Benítez (ayudante ejecutivo del alcalde y ex- director de la policía municipal de Trujillo Alto) recibió comisiones ilegales de un contrato de recogido de basura a razón de $17,500 mensuales, recibiendo inicialmente (para “asegurar” la contratación), unos $200,000 dólares. Esta relación existía desde junio de 2017 hasta julio de 2001. En el caso de Ángel Pérez, la alcaldesa interina de dicho pueblo y hasta hace poco jueza, Luisa Colom, declaró que se sentía “consternada” por lo ocurrido añadiendo que no le interesa aspirar al cargo (de Pérez) … “Yo no soy política” ratificó la interina. Falsa retórica antes escuchada.
Parece que nadie le preguntó a la exjueza qué era ella cuando en el verano del 2019, en la intimidad de la sala de la residencia de la hermana de Pierluisi, lo juramentó al cargo de gobernador de la Isla, decisión revocada por el Tribunal Supremo por ser inconstitucional.
Nos falta mencionar a Oscar Santamaria Torres, abogado, el manejador por excelencia de los contratos millonarios, el que reparte “el bacalao” en los sacros bolsillos de políticos y otros. El empresario con incontables recursos, el héroe de los inescrupulosos. Santamaria se declaró culpable por corrupción en el pueblo de Cataño, donde tenía contratos por $13.2 millones, llevó sus negocios a Guaynabo y en menos de año y medio triplicó el monto de sus contratos a $2.4 millones de dólares. Santamaría también tenía contratos con los municipios de Arecibo por $1.9 millones y en Aguas Buenas por $3.5 millones. En Cidra en el 2014 el alcalde le concedió un contrato por $14.7 millones para recoger basura, renunciando a otro que tenía por $109,200 como asesor legal de ese municipio.
Oscar Santamaría, este año tiene contratos nuevos con los municipios de San Germán, Cabo Rojo, Aguada y Vega Alta. Luego de los arrestos la alcaldesa de Vega Alta canceló ese contrato.
En la Cámara de Representantes el contratista Santamaría obtuvo $441,746 como consultor del exvicepresidente cameral José Torres Alzamora en el pasado cuatrienio. Entre 2017 y 2018 fue contratado por la exrepresentante María M. Charbonier por $54,000. Esta fue acusada por corrupción recientemente. El pasado cuatrienio el representante Ángel Bulerin Ramos lo contrató por $182,900.
La corrupción, quiero aclarar, no es nada nuevo y tiene diferentes formas.
La humanidad ha vivido con ella desde sus comienzos. En Puerto Rico no ha sido diferente. La historia ha sido testigo de esa condición “genética” del ser humano.
Pero si la corrupción o ausencia de valores es un estigma para la humanidad igualmente lo es la hipocresía que la encubre, el terror de señalar lo obvio es tan maligno como el propio crimen. Los santurrones que los encubren clamando ignorancia, son tan cómplices, como los acusados.
Yo no me atrevería a decir que los puertorriqueños somos ingenuos o ignorantes; que no reconocemos la corrupción cuando la tenemos en las mismas narices.
Podría ser que estemos ciegos pero el hedor a podrido, nos llena los pulmones.