Robert V. Matthews, un sujeto con excelentes conexiones políticas quien durante tres décadas había logrado estafar y especular en el área de bienes raíces; deberá comparecer este próximo lunes en una Corte del Distrito Federal donde enfrentaría una sentencia mínima de quince años en prisión por estafas y dolos en los estados de Connecticut, Massachusetts y Florida provocando innumerables pérdidas cuyo monto superaría los diez millones de dólares, a banqueros, inversionistas y otras entidades.
Según el FBI el eje central del tipo de esquema delictual utilizado por Matthews era reunir dinero bajo un programa del Departamento de Estado que otorga visas permitiendo a ciudadanos extranjeros la entrada legal a los Estados Unidos invirtiendo por lo menos $500,000 dólares en proyectos que emplearan a diez o más personas.
En el caso de este individuo, el reunió $500,000 dólares por parte de 61 extranjeros para supuestamente desarrollar complejos turísticos en Palm Beach, y un Hotel Mansión Recreativa en Palm Beach que según lo que Matthews les decía a los potenciales inversionistas competirían
con la residencia Mar-o-Lago del expresidente Donald Trump.
Los documentos presentados a la justicia han demostrado que los inversionistas extranjeros, mucho de los cuales deseaban entrar legalmente a los Estados Unidos para que sus hijos se educaran en este país perdieron más de 30 millones en el esquema fraudulento de Matthews quien gastó el dinero en distracciones, comprando el yate Alibi de 150 pies de extensión y terminando de pagar préstamos anticipando así la liquidación de otras propiedades, y llevando a cabo otras estafas en Washington Depot en Litchfield County.
Matthews ha sido un partícipe en los círculos políticos y de bienes raíces de Connecticut y sus acciones se habían mantenido bajo el ojo avizor de las autoridades.
Ya en 1990 había sido entrevistado por los agentes del FBI acerca de un pago que efectuó al infame Joseph Santo Pietro, ex alcalde de Waterbury quien fue finalmente acusado y sentenciado por recibir sobornos de parte de banqueros y promotores de construcción de inmobiliarias.
En esa oportunidad, Matthews no fue acusado, pero su nombre volvió a la luz bajo la administración del corrupto John G. Rowland exgobernador republicano de Connecticut en un posible esquema de adquisición de condominios en Washington D.C. negocio en el que el exgobernador estaba interesado. También estuvo involucrado en otros fraudes relacionados con la venta de antigüedades donde apareció con su colega Wayne Pratt ofreciendo artículos tales como un original de la Declaración de Derechos de los Estados Unidos que había sido hurtado de los Archivos de Carolina del Norte.
En delitos cometidos en 2007, Matthews fue acusado de engaño a un banco que le prestó millones de dólares para construir un área de esparcimiento turístico en Nantucket. Como ocurriera con otros préstamos, este sujeto gastó el dinero para sus gastos personales y llevar a cabo otros fraudes.
Las autoridades federales dijeron que, en la puesta en práctica de todos estos fraudes, Matthews evadió impuestos federales por una cantidad de por lo menos $2,750,000 dólares entre los años 2005 y 2007.
Como un anzuelo de credibilidad para atraer a los potenciales inversionistas extranjeros que podían viajar con visas legales a los Estados Unidos, este sujeto se describía a si mismo como rico y famoso luciéndose en retratos con Donald John Trump, el expresidente Bill Clinton y su esposa. También decía que contaba con una Renombrada Junta Asesora de directores donde aparecían Trump y los Clinton, pero esto era parte del engaño para atraer a los incautos.
Por todos estos delitos Robert V. Matthews que tiene en la actualidad 65 años, podría enfrentar en la Corte del Juez Víctor Bolden una sentencia de entre 12 y 15 años de cárcel, pero podrían ser de menos tiempo porque se ha declarado culpable de haber cometido una docena de fraudes, conspiración para cometerlos, lavado de dinero y evasión de impuestos federales.
Paul Boyne acusado de ataques cibernéticos a jueces de Connecticut
Este individuo de Virginia fue arrestado este pasado lunes porque las autoridades alegan que envió amenazas entre otros afectados, a tres jueces de la Corte Superior de Connecticut.
John P. Doyle Jr., el fiscal del estado en New Haven anunció el arresto de este sujeto de 62 años con residencia en Springfield, Virginia, acusado de 18 delitos de felonía y de acoso electrónico a autoridades judiciales de nuestro estado.
Boyne que había residido en Connecticut fue arrestado después de una acuciosa investigación en la página web que este individuo tenía en su residencia y desde la cual publicaba amenazas a los jueces. El website incluía destinaciones dirigidas a abogados, los litigantes en cortes de familia, y procedimientos legales de las Cortes, la mayoría de ellos de Connecticut.
Este individuo compareció el pasado lunes a la Corte General del Distrito de Fairfax en Virginia y las autoridades judiciales de Connecticut están solicitando su extradición para que responda a las acusaciones y delitos que se le imputan.
Ya las autoridades de Fairfax se habían posesionado de computadores y otros materiales que estaban en la residencia de Boyne en Virginia.
En julio de 2022 la policía de ese estado recibió una petición por parte de la Policía estatal de Connecticut para que se procediera a un allanamiento en la residencia del acusado para recabar evidencias de las amenazas de Boyne y sus intentos de intimidar electrónicamente a autoridades judiciales y a otros individuos.
Este caso fue investigado por la Unidad de Crímenes a través de Websites, y la Unidad de Delitos de Odio Racial de la Policía Estatal de nuestro estado. También se acredita en los procedimientos judiciales a la Oficina del Abogado General de Fairfax, a la Policía estatal de Virginia, a los Servicios de USA Marshals y al Distrito Este de Virginia.
Sentenciado a cuatro años en prisión por botar desechos contaminantes
Scott Bartlett de 61 años con residencia en el pueblo de Fairfield y que se había desempeñado como superintendente de obras públicas de esa ciudad, fue sentenciado a servir cuatro años en prisión por ofensas relacionadas con botar en repetidas oportunidades desechos contaminantes en espacios públicos.
Bartlett debe cumplir la pena de cárcel la cual podría suspenderse después de dieciocho meses y cuando pagara los daños que causó en la propiedad incluida la restitución de los gastos en los cuales tuvo que incurrir la municipalidad de Fairfield para remediar los perjuicios que este sujeto provocó en el ambiente.
Este sujeto había sido acusado el 5 de mayo de ocho felonías por parte de un jurado que incluyeron transportar desperdicios sólidos en una propiedad sin contar con el debido permiso, recibir y deshacerse de desperdicios sólidos sin contar con la autorización debida. La sentencia fue finalmente impuesta por la Juez Tracy Lee Dayton.
De acuerdo a las evidencias presentadas por las autoridades, Scott Bartlett quien fue el superintendente de obras públicas de Fairfield, botó material peligroso y contaminado entre mayo y junio de 2018.
En el proceso judicial y después de la investigación del departamento de la Policía y la Oficina del Fiscal del Estado, se presentaron pruebas que demostraron el año en el cual Bartlett vertió desechos contaminantes en la propiedad de la ciudad localizada en Richard White Way.
Ahora Bartlett y cinco acusados de las mismas felonías, esperan otro proceso en la Corte Superior de Bridgeport por acusaciones relacionadas con daño ambiental y cargos de corrupción.