DARIEN.- Fiscal demanda por 6.1 millones a operadores de establecimientos de comida rápida por no pagar salarios a trabajadores inmigrantes y de color. La demanda alega que Project Services permitió el pago insuficiente de salarios a cientos de trabajadores en los paraderos de descanso de las carreteras del Estado.
El Procurador General de Connecticut, William Tong, anunció la presentación de una demanda por 6.1 millones de dólares contra Project Service, la empresa que tiene un contrato a largo plazo con el Estado para operar en las plazas de servicio, y que subcontrata como operadores de establecimientos de comida rápida como Dunkin, Subway, Chipotle, Panda Express, Taco Bell y McDonald’s; que poseen la fuerza labor de inmigrantes hispanos o trabajadores de color.
Procurador General de Connecticut, William Tong
Por ley estatal, todos los empleadores de comida rápida en las plazas de servicio deben pagar el salario estándar, una cantidad garantizada a los trabajadores de servicios de alimentos empleados por empresas contratadas por el Estado. Hasta hace poco, pocos o ninguno de los establecimientos de comida rápida en el sistema de plazas interestatales cumplían con la ley, una de las muchas razones por las que los trabajadores comenzaron a luchar por mejores condiciones y un sindicato en el 2019.
A través de sus esfuerzos de organización con el Sindicato de Trabajadores 32BJ, los trabajadores ese año presentaron quejas ante el Departamento de Trabajo, que dio inició una investigación. La evidencia mostró que la mayoría de los trabajadores estaban ganando el salario mínimo o apenas por encima. Actualmente, la ley de Salario Estándar requiere un salario de al menos de 14 más 4.21 en beneficios, totalizando 18.21 por hora, dependiendo del puesto (la mayoría de los trabajadores informan que no reciben beneficios).
En agosto del 2020 las tiendas McDonalds de George Michell acordaron pagar a 264 trabajadores casi 900.000 dólares en salarios atrasados, así como más de 35.000 dólares en sanciones civiles, luego de que una investigación del Departamento de Trabajo de Connecticut determinara a que a los trabajadores se les negó injustamente el salario estándar.
Otras franquicias de McDonalds también llegaron a un acuerdo con el estado, pero la mayoría de los otros establecimientos de comida rápida continuaron pagando menos a sus trabajadores en todo el sistema, que incluye aproximadamente 800 trabajadores empleados en 23 paradas en la I-95, I-15 e I-395. La continua intransigencia llevó al fiscal general William Tong a presentar esta demanda histórica. “Ciertamente es la mayor cantidad que hemos buscado por daños y perjuicios en mi mandato”, dijo en la conferencia de prensa.
“Estos trabajadores hicieron su trabajo y merecen que se les pague su compensación total. Project Service recibió un aviso hace años de que sus subcontratistas estaban pagando menos a los trabajadores en violación de la ley estatal. Se han negado continuamente a hacer que sus trabajadores estén completos a pesar de las repetidas advertencias y demandas. No nos queda más remedio que la acción legal para obligar a Project Service pagar 2.7 millones de dólares en salarios atrasados impagos, así como 2.7 millones de dólares en multas y daños adicionales para garantizar que este atroz robo de salarios nunca vuelva a ocurrir”, dijo el fiscal general.
Robert Thomas, un trabajador de Dunkin Donuts en las plazas de la I-15 en las afueras de North Haven, habló en la conferencia de prensa al enterarse de que no está ganando la cantidad legalmente obligatoria. “Sentí que me estaban jugando, Se supone que la ley es la ley. Para algunas personas, la diferencia entre 16 dólares y 18.21 puede no parecer mucho, pero para mí sería una gran diferencia”, repuso.
“La mayoría de los trabajadores en las plazas son inmigrantes o personas de color. Estos trabajadores luchan a diario para llegar a fin de mes, mientras que los empleadores como el gigante Applegreen Corporation, que administra todos los Dunkin en las plazas, así como el mismo Project Service, pueden darse el lujo de hacer lo correcto y pagarles a los trabajadores de manera justa. Ofrecemos nuestro más profundo agradecimiento al fiscal general Tong, y al Departamento de Trabajo, por brindar una gran ayuda a la justicia con esta demanda. Mientras se desarrolla el proceso legal, continuaremos luchando para garantizar que todos los trabajadores de la plaza de servicio obtengan un sindicato para que puedan defender sus derechos y negociar para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo”, expresó Rochelle Palache, vicepresidenta de 32BJ SEIU y líder del sindicato en Connecticut.
Con más de 175 000 miembros en 11 estados, incluidos 5000 en Connecticut, 32BJ SEIU es el sindicato de servicios inmobiliarios más grande del país.
