A escasos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera la creación de un “Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar”, para garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), canceló el presupuesto de solidaridad del 3×1 para proyectos productivos de Mexicanos en el Exterior que generaban beneficios locales en comunidades migrantes.
Al presupuesto de López Obrador, le falta a la justicia distributiva, en una justicia distributiva el derecho lo tienen las personas frente al Estado y el Estado está obligado a distribuir las cargas y los beneficios, y en el Presupuesto se ha olvidado de los niños y de las niñas, y se ha olvidado de las mujeres, y se ha olvidado a los migrantes.
La crisis migratoria que se padece actualmente no es solo responsabilidad de los países expulsores, las naciones receptoras como Mexico y Estados Unidos violan constantemente la Ley, socavando los derechos humanos de migrantes, quienes huyen de la violencia y la pobreza en busca de una mejor calidad de vida fuera de sus fronteras.
Pese a que se celebró semanas anteriores la reunión de seguridad entre los dos países, y que ambas naciones se comprometieron en atender las causas que originan la migración, aun no se dan a conocer los cómos, continuando una deuda histórica con miles de personas a las que se les violan, sus derechos todos los días.
Si a esta indefinición política se suma la falta de recursos para gestionar esta crisis humanitaria y la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, escuchado voces; principalmente de quienes integran la mayoría, numerosas evocaciones del pasado, pocos, muy pocos compromisos con el presente y nula visión estratégica de futuro.
Destaca que por primera vez en la historia, la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados cuente con 8 de los 11 líderes y representantes de la comunidad migrante, personas que conocen y entienden la necesidad de los paisanos en el exterior, lo cual es posible gracias a la lucha de los mexicanos en el exterior.
La responsabilidad del gobierno, es abatir los rezagos históricos y no solo administrar la coyuntura. De esta legislatura de la Acción Afirmativa, se espera que este presupuesto 2022 respondiera a la reingeniería que requiere nuestro país para hacer frente a la crisis migratoria humanitaria de la mano de los migrantes, la cual quedo en la retórica demagógica del viejo discurso paternalista y lugares comunes del “Por y para los migrantes”; sin él “con ellos”, reducidos a meros receptores de políticas y no en artífices de su propio desarrollo. El PEF no es propositivo, tampoco trabaja junto a la comunidad migrante para lograr grandes cosas. No se reactivó el programa de solidaridad 3×1, tampoco apoyos estatales y fondos de compensación en la frontera derivada de la crisis migratoria como insuficientes recursos para el trabajo comunitario en los consulados.
Esta Legislatura de la Acción Afirmativa, tendrá que concretar políticas públicas como las propone la Alianza “Va por México”, que reconocen que en la actualidad ningún modelo económico es viable, si no se aceptan varios postulados, inevitables en la actualidad post- pandémica:
1.- Nuestro país, aun siendo autónomo y soberano su desarrollo pasa por su dependencia con el vecino del norte derivada del comercio binacional del T-MEC y de las remesas de nuestros connacionales; ambas, representan el principal motor económico de nuestro país. ¿Qué hacer con EU y con nuestros connacionales para que sean más exitosos tanto en Estados Unidos como sus familiares en México?
2.- La necesidad de reestructurar el papel del Estado, sobre todo lo que concierne a la relación de este con la economía y los mercados.
3.- Políticas paternalistas que inhiben el emprendimiento y la innovación.
4.- La necesidad de un marco institucional que promueva la competencia tanto de los actores públicos como los privados para generar un mayor crecimiento y bienestar social.
La ausencia de construir un debate serio, sensato que logre convencer a la población mexicana aceptar los costos de una transformación en aras de un presente sólido y un futuro prometedor.
Existe también opacidad en la obligación legal que todo gobierno tiene de dar a conocer el monto, pero también el destino de los recursos destinados en la ejecución de programas y proyectos para migrantes.
Contrasta, políticamente que por primera vez, como lo expreso en Tribuna el Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz , las acciones afirmativas en materia electoral mandataron que se encuentran entre nosotros compañeros migrantes, por lo que es un contrasentido que no se haya modificado en el artículo 1, párrafo sexto, haga mención de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de dar la máxima publicidad, combatir la opacidad y facilitar la transparencia en las acciones del gobierno.
Acotó que el artículo 8 es omiso en señalar una condición primordial que se debe cumplir en la reasignación de recursos no ejercidos y este tiene que ver con que dichas reasignaciones deben dar preferencia a aquellos proyectos que detonen crecimiento económico en el país, principalmente.
Por lo que se refiere, en otro tema, a las partidas presupuestales. México y Nuevo León están siendo golpeados por temas que no han sido tomados en cuenta en este presupuesto, me refiero a la falta de recursos para los municipios, a la inseguridad, a la obra pública, a la crisis migratoria y a la orfandad de miles de niños y niñas, derivadas de la pandemia que todavía nos sigue atacando.
Expreso que en materia migratoria, México está viviendo una auténtica crisis humanitaria en materia migratoria. Entre enero y julio de este año, el Instituto Nacional de Migración registró 117 mil 52 casos de personas que huyen de sus países y han intentado, o entrado a nuestro país.
Esta crisis se agravó porque el presidente decidió servir del muro para detener a los migrantes. Pero no lo logró y se plegó a los intereses de los Estados Unidos de América, en lugar de priorizar el respeto a los derechos humanos y hacer un debido proceso en la gestión de este fenómeno. Y eso es una equivocación muy, muy, pero muy importante que debemos señalar.
Las procuradurías respectivas requieren aproximadamente de 2 mil 487 millones de pesos distribuidos en todos los estados de nuestra República. Para garantizar los derechos humanos de estas personas es necesario otorgar recursos a instalaciones, para instalaciones, para oficinas y tener personal calificado. Pero, recursos, señores, no golpes, no violaciones a los derechos humanos, no vejaciones a personas, a seres humanos que intentan tener mayor tranquilidad en otro país, porque en el suyo están pasando por alguna situación difícil.
“Todos reconocemos que las y los migrantes mexicanos atraviesan obstáculos y dificultades adversas donde incluso ponen en riesgo sus vidas, no obstante, esta realidad, nos regresan grandes contribuciones a través de las remesas, siendo el segundo ingreso más importante del país. Es por eso que debemos de fortalecer este rubro.
De acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, de enero a septiembre de 2021, 608 mil mexicanos fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Mientras que datos oficiales del gobierno de México indican que en el mismo periodo 168 mil 498 mexicanos fueron repatriados, todo esto ya en la administración de Biden. Lo que significa que se ha triplicado la migración en comparación a 2020.
Esta crisis se agravó porque el presidente decidió servir del muro para detener a los migrantes. Pero no lo logró y se plegó a los intereses de los Estados Unidos de América, en lugar de priorizar el respeto a los derechos humanos y hacer un debido proceso en la gestión de este fenómeno. Y eso es una equivocación muy importante.
Las procuradurías respectivas requieren aproximadamente de 2 mil 487 millones de pesos distribuidos en todos los estados de nuestra República. Para garantizar los derechos humanos de estas personas es necesario otorgar recursos a instalaciones, para instalaciones, para oficinas y tener personal calificado. Pero, recursos, señores, no golpes, no violaciones a los derechos humanos, no vejaciones a personas, a seres humanos que intentan tener mayor tranquilidad en otro país, porque en el suyo están pasando por alguna situación difícil.
México cuenta con 80 embajadas y 67 consulados alrededor del mundo, de los cuales 50 están en Estados Unidos, en donde residen poco más de 10 millones de mexicanos, caracterizándola como la red consular más grande del mundo. Sin embargo, compañeras y compañeros, los estamos dejando a la deriva. En los últimos años el presupuesto asignado para los Programas de Servicios Consulares y Apoyo a Migrantes ha disminuido o incluso desaparecido. Tal es el caso del Programa de Atención, Protección, Servicios y Asistencias Consulares, que en comparación con el año 2018 sufrió una disminución del 20 por ciento, así como el Programa 3×1 para Migrantes, el cual apoyaba las iniciativas de migrantes organizados que de manera solidaria contribuían a realizar proyectos para fomentar el desarrollo de las localidades de sus lugares de origen, el cual en el año 2019 dejó de recibir recursos para reasignarlos a otros programas, como el de Contención de Migrantes