Por Jabez Choi
Defensores de inmigrantes y trabajadores de Unidad Latina en Acción (ULA) se reunieron frente a las oficinas del Departamento de Trabajo de Hamden para exigir compensaciones salariales para trabajadores mal pagados o no pagados.
La manifestación fue el pasado jueves luego que una auditoría revelara que de las 2.000 quejas laborales recibidas para mayo de 2023 por la División de Normas Salariales y Laborales del Departamento de Trabajo (DOL), 843 no estaban bajo investigación.
El Director de Organización de la ULA, John Jairo Lugo, dijo que con ellos, se han interpuesto unas 40 demandas.
Opina que probablemente haya más problemas laborales que afecten a la comunidad inmigrante, y señala que muchos se desaniman a presentar casos por la larga duración de los procedimientos.
Lugo dijo la ULA tuvo que defender el derecho de los trabajadores indocumentados a presentar denuncias ante el DOL, luego que uno de sus empleados les dijera que por su condición de inmigrantes no podían presentarlas.
“Creemos que esto es terrible para la clase trabajadora y, en particular, para la comunidad inmigrante”.
En el evento, cuatro trabajadores asociados a ULA hablaron de sus experiencias con el robo de salarios.
Una de ellas es Lina Segura, que afirma le quitaron 18.000 dólares por tres meses trabajando en la cocina del ahora cerrado Andy’s Restaurant-Bar, en Long Wharf.
Segura y su marido Alexander Hernández llegaron de Colombia a New Haven en julio de 2022.
Según ella cuando su empleador, Andrés Pastuzano, dejó de pagarles por su trabajo, les sugirió que fueran a vivir con él a un apartamento de North Branford.
Para Segura, eso significaba que no tendrían que pagar alquiler, ya que le pagaban con su trabajo.
Pero cuando supuestamente el empresario se negó a pagar el alquiler, los desalojaron.
Posteriormente, en marzo de 2023, Segura y Hernández se trasladaron a Bridgeport, contactaron con ULA y decidieron presentar una demanda ante el DOL.
“Era navidad, pero no pudimos darle a nuestro hijo un regalo o una comida especial en familia”, dijo Segura hablando de ese periodo cundo ni a ella, ni al marido les estaban pagando, tal como fue traducido del español por la voluntaria de ULA Ivana Ñique. “Teníamos muchas necesidades”.
En septiembre de 2023, seis meses después de presentar la denuncia, Segura recibió la notificación de que el DOL se ocupaba del caso. En noviembre, nueve meses después del cierre de Andy, DOL informó a Segura, que no lograban comunicarse con el propietario.
En marzo, Segura logró comunicarse con su antiguo empleador, quien le dijo que había enviado cheques al DOL a través de su abogado.
Finalmente, en abril de 2024, más de un año después de espera, Segura y Hernández recibieron sus esperados cheques, aunque Segura no recibió los $18,000, sino solo $4,000 y Hernández $2,000 en lugar de $5,000.
“Mi pregunta es por qué [negociarían] mi situación sin consultarme”, dijo Segura, según la traducción de Lugo.
Según un mensaje enviado al Independent por el antiguo propietario de Andy, Andrés Pastuzano, dice que conoció a Hernández y Segura días antes de la apertura del restaurante en agosto de 2022. Al saber que vivían donde un primo de Hernández, les ofreció trabajo. Y cuando tuvieron irse de la casa del primo, les acogió en su casa.
Dijo que no les cobraba por el alquiler y que inicialmente les pagaba por su trabajo, pero a finales de 2022, su situación financiera empeoró.
“Días antes de cerrar discutimos nuestra situación financiera con los empleados y la mayoría aceptó trabajar y esperar un tiempo para cobrar hasta que el negocio mejorara”, escribió Pastuzano. “Desgraciadamente la situación no mejoro y se hizo inevitable el cierre”.
Pastuzano dijo que, aunque no podía pagar a tiempo, pudo hacerlo con todos, excepto menos con los dos “ex colaboradores” por su deuda, en referencia a Segura y Hernández.
Finalmente, pudo devolver el dinero a los dos y la deuda quedó “saldada con éxito”. Pastuzano agregó, “trato de aprender de mis errores comerciales, mejorar mi vida personal y trabajar aun mas duro, por mi y mi familia”.
Pero Segura afirma que todavía le deben $14,000
Bella Vásquez, también de ULA, fue una de las cuatro trabajadoras que tomaron la palabra el jueves. Ella denunció que ella y otros trabajadores no cobraban en la empresa de construcción donde trabajaban.
Cuando puso su denuncia ante DOL hace año y medio, esperaba recibir su compensación. “Presentamos la evidencia, pero al día de hoy, no tenemos respuestas”. Traducido por Lugo ella afirmó, “todo el mundo ha perdido las esperanzas, porque nos siguen robando y el DOL no hace nada”.
Abdul Osmanu, concejal de Hamden que aspira a un escaño de representante estatal en New Haven-Hamden, junto a Joelle Fishman, de People’s House, en solidaridad, estuvieron en la concentración.
Fishman afirmó, “Si trabajas y no te pagan, eso es esclavitud. Hace mucho tiempo que prohibimos la esclavitud en este país”.
Lugo concluyó la manifestación con tres propuestas. La primera es que los legisladores de Connecticut asignen fondos al Departamento de Trabajo para contratar personal adicional.
La segunda es la reapertura de casos que han sido cerrados por el DOL.
Y la última, exigir la dimisión de Thomas Wydra, actual director de la División de Normas Salariales y Laborales, de quien ULA alega que bajo su dirección el Departamento ha fallado y esos fallos no deben seguir”.
DOL: “ Mantener un registro riguroso”, especialmente cuando les paguen en efectivo
John Lugo: “ Creemos que esto es terrible para la clase trabajadora y, en particular, para la comunidad inmigrante”.
En comunicación con el DOL, la portavoz Juliet Manalan señaló las muchas responsabilidades de la División, así como la falta de personal para dar seguimiento al alto número de casos, con 3.047 denuncias en el año fiscal 2024. DOL solo tiene actualmente solo 21 investigadores (32 en 2014). Señaló que han sido cerrados 2,521 casos y se han dado144 órdenes de paralización de obras.
Manalan agregó, “aunque sabemos que a ULA le preocupan los casos salariales, es importante tener en cuenta que “cada caso es individual y requiere que los agentes realicen visiten las instalaciones, investiguen tiempo y nóminas y entrevisten a los empleados”. Y apuntó que ULA “presento casos de trabajadores a quienes pagaron parcialmente o en efectivo, lo que dificulta el trabajo de los investigadores”.
Dijo que el DOL insta a los trabajadores a “mantener un registro riguroso, especialmente cuando les paguen en efectivo”.
En el caso de Segura, continuó, el empleador tenía “registros parciales pero admitió no haber pagado a tres trabajadores durante cinco semanas”. En ausencia de registros, esa admisión “fue fundamental para que los investigadores pudieran establecer el robo de salario y recuperar los salarios completos de los tres empleados”. Ella proporcionó una carta de pago del DOL que identifica que “se realizó el pago completo a Segura.
“El debido proceso para los empleadores requiere que los investigadores puedan fundamentar cualquier factura salarial que emitan”, agregó. También dijo que el empleador ya había cerrado el negocio y Segura y los agentes salariales pudieron rastrearlo a través de otro caso judicial.
En respuesta al pedido de renuncia de Wydra, el Comisionado Danté Bartolomeo escribió: “Estamos muy decepcionados de que ULA siquiera haga esa sugerencia. CTDOL ha trabajado con ULA durante años, especialmente en las protecciones de los trabajadores domésticos, y saben lo duro que CTDOL ha abogado por personal adicional para la División de Salarios y Lugar de Trabajo. CTDOL y los funcionarios estatales continúan buscando soluciones viables para eliminar el atraso; Manalan también dijo que Wydra envió un correo electrónico a Lugo, pero nunca recibió una respuesta.
“Los agentes salariales están en contacto con los trabajadores durante todo el proceso para obtener permisos para reclamar, negociar y cobrar los salarios adeudados en su nombre”, concluyó Manalan. “Cuando se finalizan las investigaciones, CTDOL envía cartas a los trabajadores afectados identificando el monto del pago, el tipo de pago (completo, parcial) y les recuerda que pueden reclamar a su empleador a través de los tribunales si no están de acuerdo con el monto del pago”.
Pero hasta ahora, los activistas de ULA solo tienen una cosa en mente: justicia.
“¿Qué queremos?”, gritó Lugo.
“¡Justicia!”, gritó la multitud.
“¿Cuándo?”
“¡Ahora!”
Lina Segura y sus hijos: “No pudimos darle a nuestro hijo un regalo o una comida especial en familia… Teníamos muchas necesidades”.
