Por Liz Hardaway
Los dentistas con sedes en Bridgeport, Hartford y Stamford han llegado a un acuerdo de conciliación civil para resolver las acusaciones de que violaron la ley federal y estatal al pagar sobornos a los reclutadores de pacientes de Medicaid, según la oficina del fiscal de los EE. UU.
Los dentistas Stanislav Gintautas y Tatiana Agababaeva y sus empresas (Family Dentistry of Bridgeport, Family Dentistry of Hartford y Family Dentistry of Stamford) han pagado 1,7 millones de dólares para resolver las acusaciones, según la fiscal de los EE. UU. para el distrito de Connecticut, Vanessa Roberts Avery, y el fiscal general de Connecticut, William Tong.
Se alegó que Gintautas y Agababaeva, y sus empresas, presentaron reclamaciones al programa relacionadas con los servicios dentales prestados a pacientes de Medicaid derivados a las empresas por una empresa de reclutamiento de pacientes de terceros. Las empresas y Gintautas pagaron a un reclutador de pacientes 115 dólares por cada paciente de Medicaid de Connecticut que se les remitió siempre que el paciente recibió servicios además de la atención preventiva de rutina y presentó reclamaciones por esos servicios, según la oficina del fiscal de los EE. UU.
Los funcionarios dijeron que, a través de estas acciones, Gintautas, Agababaeva y sus empresas violaron su acuerdo de proveedor del Programa de Asistencia Médica de Connecticut y la ley federal Antisobornos. Con cada reclamo, los dentistas y sus empresas certificaron que no pagaron sobornos ni violaron ningún término o disposición del manual de proveedores de Connecticut Dental Health Partnership, dijo la oficina del fiscal de los Estados Unidos.
El manual de proveedores de Connecticut Dental Health Partnership “prohíbe expresamente la compensación por paciente para las personas derivadas a los proveedores de CMAP (Programa de Asistencia Médica de Connecticut)”, según la oficina del fiscal de los Estados Unidos.
A través del acuerdo, los dentistas y sus empresas acordaron pagar $1,7 millones para reembolsar al programa Medicaid por la conducta que ocurrió entre febrero de 2016 y agosto de 2018. Esto también resolvió las acusaciones de que violaron las Leyes de Reclamos Falsos federales y estatales, dijo la oficina del fiscal de los Estados Unidos.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas, el gobierno puede recuperar hasta tres veces sus daños reales, más multas de hasta 27.894 dólares por cada reclamación falsa, señaló la fiscalía estadounidense.