Unos presupuestos responsables son un punto imprescindible para un buen gobierno. Ser responsable con el dinero público, sin embargo, no es sólo cuestión de pagar las facturas a tiempo, sino también de saber invertir en aquellos programas y servicios que son más necesarios, como educación, salud, vivienda, o seguridad ciudadana. De poco sirve tener las cuentas saneadas si nuestras comunidades no tienen lo que necesitan para salir adelante.
Un buen presupuesto requiere también pensar a largo plazo. Los ingresos y gastos del gobierno fluctúan con la economía, y las políticas deben adaptarse a estos cambios. Para evitar las sorpresas presupuestarias de otros años, Connecticut adoptó en 2017 unas reglas específicas sobre crecimiento del gasto. Como en otros estados, se establecieron reglas para que nuestro fondo de reserva presupuestaria acumulara dinero en años de bonanza de forma automática, para poder usarlo en tiempos difíciles.
Nuestro sistema se basa en tres restricciones presupuestarias: un límite de gasto, que fija lo que puede crecer el presupuesto cada año; un límite de ingresos, que obliga al estado a recaudar más de lo que planea gastar; y un mecanismo que obliga a destinar un porcentaje de los ingresos del impuesto sobre la renta al fondo de reserva. Además, el estado ha prometido a los inversores de Wall Street que han comprado deuda pública que no cambiará estos límites autoimpuestos.
El problema, no obstante, es que estas reglas son increíblemente restrictivas, hasta el punto de impedir inversiones y forzar recortes en educación, salud o vivienda cuando más las necesitamos.
Ahora mismo, la previsión es que Connecticut va a cerrar el año fiscal con un superávit de $1,600 millones, gracias a la buena salud de la economía. Sin embargo, debido al límite de gasto, la administración Lamont está obligada por ley a recortar $400 millones. Esto significa que, a pesar de tener un fondo de reserva lleno ($4,100 millones) e ingresos fiscales enormes, el estado ahora mismo debe dejar puestos vacantes, reducir el gasto en educación y aplazar proyectos y obras urgentes. Nadie quiere hacer estos recortes, pero tenemos que hacerlos por ley, siguiendo estas absurdas normas presupuestarias.
Por encima de todo, estos recortes son una mala idea. Muchas familias en Connecticut tienen problemas para llegar a fin de mes. Pagar el alquiler es cada vez más difícil. Necesitamos inversiones en educación, vivienda y sanidad para hacer el estado más asequible a las familias trabajadoras, reducir las disparidades económicas y hacer crecer nuestra economía. A pesar de ello, nos vemos forzados a recortar el gasto no porque el gobernador o los legisladores hayan decidido que esto es una buena idea, sino por culpa de una serie de restricciones mal diseñadas hace siete años.
Por fortuna, los demócratas tienen supermayorías en ambas cámaras del legislativo estatal. Entienden, o al menos dicen entender, que necesitamos buenas escuelas, servicios públicos de calidad, barrios seguros y buenos empleos. Saben que debemos invertir en nuestra gente para que todo el mundo, sin excepción, tenga las mismas oportunidades y pueda salir adelante. Por desgracia, esto es imposible de no mediar una reforma de todas estas restricciones absurdas.
En enero, cuando comience la próxima sesión legislativa, la principal prioridad debe ser reformar los límites de seguridad presupuestarios de manera responsable y efectiva. Connecticut necesita reglas sensatas que garanticen presupuestos equilibrados a largo plazo, acumulando reservas en años de bonanza y utilizándolas en recesiones. Sin embargo, estas reglas deben ser lo suficientemente flexibles para permitir que los legisladores puedan tomar decisiones en vez de estar atados a recortes absurdos. Las reglas deben estar allí para que inviertan de forma responsable, gastando solo lo que nos podemos permitir, pero también permitiendo invertir si así lo consideran necesario. Y la reforma es especialmente urgente ahora, ya que es muy probable que Connecticut pierda fondos federales el año que viene en muchos programas.
Un presupuesto equilibrado no es sólo uno que gasta dentro de nuestras posibilidades, sino que también gasta con sabiduría. Las reglas actuales confunden austeridad con virtud, dejando a legisladores y votantes sin poder de decisión alguna. Es hora de sacar adelante una reforma sensata de nuestras reglas presupuestarias que permita a nuestros legisladores invertir en nuestras escuelas, barrios y comunidades. Las necesitamos.
