WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump invocó el lunes un “privilegio de secretos de Estado” y se negó a proporcionarle a un juez federal información adicional sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de guerra del siglo XVIII, un caso que es motivo de disputa en medio de la creciente tensión con los tribunales federales.
La declaración fue efectuada mientras el presidente del tribunal, James Boasberg, evalúa si el gobierno desobedeció su orden de hacer que aviones que transportaban migrantes regresaran en pleno vuelo después de que él bloqueó las deportaciones de personas que presuntamente eran pandilleros sin que primero estuvieran sujetas al debido proceso.
Boasberg ha solicitado detalles sobre cuándo aterrizaron las aeronaves y quién iba a bordo, información que el gobierno de Trump dice perjudicaría “intereses diplomáticos y de seguridad nacional”.
Los abogados del gobierno también le pidieron a un tribunal de apelaciones que levantara la orden de Boasberg y permitiera que las deportaciones continuaran, una solicitud que pareció generar división entre los jueces.
La jueza Patricia Millett de la Corte de Circuito señaló que los nazis detenidos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial recibieron un mejor tratamiento jurídico que los inmigrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador este mes bajo la misma ley.
“Ciertamente refutamos la analogía con los nazis”, respondió el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, durante una audiencia de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Millett es uno de tres jueces de apelaciones que decidirán si levantan una orden del 15 de marzo que prohíbe temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No emitieron un fallo desde el estrado el lunes.
Un segundo juez pareció estar abierto al argumento del gobierno de que los migrantes deberían impugnar su detención en Texas en lugar de hacerlo en la capital del país. La tercera jueza del panel no hizo preguntas.
El gobierno ha transferido a cientos de inmigrantes venezolanos a El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
En otro suceso el lunes, abogados que representan al gobierno venezolano interpusieron una acción jurídica en El Salvador para liberar a 238 venezolanos que están retenidos en una prisión de máxima seguridad salvadoreña después de que Washington los deportara.
El gobierno de Trump apeló después de que Boasberg bloqueó esas deportaciones y ordenó que los aviones con inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Eso no sucedió.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite que extranjeros sean deportados sin tener la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o de un tribunal federal. Trump emitió una proclama en la que llama a la pandilla Tren de Aragua una fuerza invasora.
Ensign argumentó que la decisión de Boasberg fue una “intrusión sin precedentes y enorme sobre los poderes del poder ejecutivo”.
“El presidente tiene que cumplir con la Constitución y las leyes como cualquier otra persona”, señaló Millett, quien fue nominada por el presidente demócrata Barack Obama en 2013.
El juez Justin Walker, a quien Trump nominó en 2020, pareció ser más receptivo a los argumentos del gobierno basados en su serie de preguntas. Walker se refirió a los argumentos del gobierno de que los demandantes deberían haber presentado su demanda en Texas, donde los inmigrantes fueron detenidos.
“Podrían haber presentado en el tribunal de distrito de Texas la misma queja que presentaron aquí”, le dijo Walker al abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lee Gelernt.
“No tenemos idea si todos están en Texas”, respondió Gelernt.
Walker también presionó al abogado de los demandantes para que citara algún caso anterior en el que una orden judicial que bloqueaba “una operación de seguridad nacional con implicaciones extranjeras” sobreviviera a una revisión en una corte de apelaciones.
Gelernt acusó al gobierno de intentar valerse de la ley para “acortar” los procedimientos de inmigración. Los abogados de los demandantes no tuvieron forma de impugnar individualmente todas las deportaciones antes de que los aviones con venezolanos despegaran el 15 de marzo, agregó.
“Todo esto se ha hecho en secreto”, denunció Gelernt.
La jueza Karen LeCraft Henderson, quien fue nominada por el presidente republicano George H.W. Bush en 1990, fue la tercera jueza del panel. No hizo preguntas durante una audiencia que duró aproximadamente dos horas.
Boasberg, nominado por Obama, determinó que los inmigrantes que enfrentan deportación deben tener la oportunidad de impugnar el haber sido designados supuestos miembros de pandillas. Indicó que hay “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basándose en categorías que no tienen derecho a impugnar”.
“El público también tiene un interés significativo en que el gobierno se apegue a la ley”, escribió el juez.
Trump y sus aliados han pedido un juicio político a Boasberg. En una inusual declaración, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Poco después de la medianoche del lunes, Trump publicó un mensaje en redes sociales cuestionando la imparcialidad de Boasberg y pidiendo que fuera despojado de su licencia.
Durante una audiencia el viernes, Boasberg se comprometió a determinar si el gobierno desobedeció la orden oral que dio desde el estrado para que los aviones regresaran en pleno vuelo. El Departamento de Justicia ha dicho que las instrucciones orales del juez no contaban, sino que sólo se necesitaba atender su orden escrita, y que no podía aplicarse a los vuelos que ya habían salido de Estados Unidos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
