WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que las órdenes ejecutivas dirigidas a bufetes de abogados se emiten en nombre de la seguridad nacional, y la Casa Blanca asegura que esas empresas no merecen tener acceso a información sensible del gobierno estadounidense.
Sin embargo, los bufetes temen que las órdenes se redacten de manera tan amplia que puedan debilitar la seguridad nacional al poner en duda el estatus de las autorizaciones de seguridad de los abogados que, además de su práctica legal, sirven como reservistas militares y requieren sus autorizaciones para presentarse al servicio.
Este es un ejemplo de las amplias y a veces inintencionadas consecuencias de los esfuerzos de la Casa Blanca por remodelar la sociedad civil, donde los afectados en algunos casos no son necesariamente quienes estaban en mente cuando el gobierno de Trump anunció tales acciones. Los veteranos militares, por ejemplo, no se han librado de los continuos recortes de Trump al gobierno federal.
Las órdenes ejecutivas de Trump contra bufetes de abogados generalmente se han dirigido a aquellos que tienen asociaciones con fiscales que previamente lo investigaron, o que emplean, o han empleado, a abogados que él percibe como adversarios políticos. Las órdenes han impuesto consistentemente las mismas consecuencias, incluyendo la amenaza de suspensión de todas las autorizaciones de seguridad activas que poseen los empleados de los bufetes señalados.
Las autorizaciones de seguridad se conceden a trabajadores y contratistas del gobierno que requieren acceso a información clasificada de seguridad nacional como parte de su trabajo. El poder ejecutivo y sus agencias tienen amplia discreción sobre quién obtiene o no una autorización.
No se sabe cuántos abogados de los cuatro bufetes aún sujetos a órdenes ejecutivas —otros las han evitado mediante acuerdos con la Casa Blanca— tienen autorizaciones de seguridad, ya sea a través de sus empleos u otros trabajos, o si el gobierno de Trump seguiría adelante con sus planes para revocar las autorizaciones de los reservistas militares.
Un portavoz de la Casa Blanca, al ser consultado, señaló la disposición de la orden que dice que las autorizaciones deben ser suspendidas “en espera de una revisión de si tales autorizaciones son congruentes con el interés nacional”. La respuesta parecía sugerir que, posiblemente, las autorizaciones de los reservistas podrían quedar eximidas de la medida.
Mientras tanto, sin embargo, el tema se planteó el viernes en una audiencia judicial, en la que un abogado que representa a WilmerHale, uno de los bufetes señalados, indicó que la empresa tiene en sus filas a reservistas militares que tienen autorizaciones de seguridad. Otro bufete que ha sido objeto de una orden ejecutiva, Perkins Coie, también señaló que emplea a reservistas militares.
“No creo ni por un minuto que el abogado del gobierno vaya a venir aquí a decirle que realmente tenían la intención de suspender las autorizaciones de seguridad de los reservistas”, le dijo al juez Paul Clement, un destacado abogado de apelaciones de Washington que representa a WilmerHale. “Pero lo plantean en términos tan generales que no distinguen en absoluto entre ovejas y cabras”.
Clement dijo el viernes que “dos de esos abogados tienen que presentarse para su servicio de reserva la próxima semana. Ahora, no puedo asegurarle que van a presentarse y que podrán hacer su trabajo porque su autorización de seguridad ha sido suspendida”.
Varios bufetes, entre ellos, WilmerHale y Perkins Coie, han logrado obtener órdenes judiciales que bloquean temporalmente la aplicación de ciertas secciones de las órdenes ejecutivas. Sin embargo, las disposiciones sobre autorizaciones de seguridad han permanecido en vigor, lo que refleja los amplios poderes de un presidente al ordenar la suspensión o revocación de autorizaciones.
Dan Meyer, un abogado especializado en autorizaciones de seguridad del bufete de abogados Tully Rinckey —que no está entre los señalados en las órdenes ejecutivas— dijo suponer que el número de abogados de los principales bufetes es pequeño y que era posible que los reservistas militares pudieran conservar sus autorizaciones, pero que posiblemente podría requerirse una adjudicación prolongada.
“Puede ser que la palabra llegue discretamente desde la Casa Blanca, ‘No molesten a ninguno de estos reservistas en estos bufetes de abogados’”, dijo Meyer.
Sin embargo, agregó, “Si el gato quiere arañar al ratón, hay una oportunidad para hacerlo”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
