WASHINGTON (AP) — Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron el jueves uno de sus temas emblemáticos del año, al aprobar una legislación que requiere prueba de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en elecciones federales, una de las principales prioridades relacionadas con las elecciones del presidente Donald Trump.
Los demócratas se alinearon en contra del proyecto de ley y advirtieron que corre el riesgo de privar del derecho al voto a millones de estadounidenses que no tienen fácil acceso a los documentos adecuados.
Trump ha señalado durante mucho tiempo su deseo de cambiar la forma en que se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos y el mes pasado emitió una orden ejecutiva amplia que incluía un requisito de ciudadanía entre otros cambios relacionados con las elecciones.
Los republicanos han argumentado que la legislación, conocida como la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, es necesaria para garantizar que solo los ciudadanos voten en las elecciones y “consolida en ley” la orden de Trump.
“Si tenemos un no ciudadano que vota en una elección, eso anula el voto de un ciudadano legal”, expresó el representante estadounidense Bryan Steil, un republicano de Wisconsin que preside el Comité de Administración de la Cámara, que maneja la legislación relacionada con las elecciones.
Este es el segundo intento de los republicanos de aprobar la Ley SAVE. Pasó por la Cámara el año pasado, pero fracasó en el Senado en medio de la oposición demócrata.
Es poco probable que tenga mejor suerte este año. Aunque los republicanos ganaron el control del Senado el otoño pasado, tienen una mayoría estrecha que no alcanza los 60 votos necesarios para superar un filibusterismo.
Los republicanos insistieron en el tema durante la elección presidencial del año pasado, a pesar de que el voto de no ciudadanos es raro, ya es ilegal y puede llevar a cargos por delitos graves y deportación.
La Ley SAVE requeriría que todos los solicitantes que utilicen el formulario federal de registro de votantes proporcionen prueba documental de ciudadanía en persona en su oficina electoral local. Entre los documentos aceptables se encuentran un pasaporte estadounidense válido y una tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno presentada junto con un certificado de nacimiento certificado.
Los demócratas y los grupos de derechos de voto advierten que la legislación podría llevar a una privación generalizada del derecho al voto si se convirtiera en ley. El Centro Brennan para la Justicia y otros grupos estimaron en un informe de 2023 que el 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar, o 21,3 millones de personas, no tienen prueba de su ciudadanía fácilmente disponible. Casi la mitad de los estadounidenses no tienen un pasaporte estadounidense.
En Kansas, un requisito de prueba de ciudadanía que se aprobó en 2011 terminó bloqueando el registro de votantes de más de 31.000 ciudadanos estadounidenses en el estado que de otro modo eran elegibles para votar. La ley fue declarada inconstitucional por un tribunal federal y no se ha aplicado desde 2018.
“La Ley SAVE obligaría a los ciudadanos estadounidenses a un caos de papeleo, convirtiendo cada registro de votantes en un tsunami burocrático de trámites gubernamentales”, manifestó el representante Joe Morelle, un demócrata de Nueva York que testificó recientemente en oposición al proyecto de ley.
Otra preocupación: las mujeres casadas necesitarían múltiples documentos para probar su ciudadanía si han cambiado su nombre. Fue una complicación que surgió en las elecciones municipales celebradas el mes pasado en Nueva Hampshire, que estaba aplicando una nueva ley estatal que requiere prueba de ciudadanía para registrarse. Una mujer, ya divorciada, le dijo a un secretario electoral local que su primer matrimonio fue hace décadas en Florida y que ya no tenía el certificado de matrimonio que mostraba su cambio de nombre. No pudo registrarse y votar en su elección municipal.
Los republicanos han defendido la legislación como necesaria para restaurar la confianza pública en las elecciones y dicen que permite a los estados adoptar procedimientos para ayudar a los votantes a cumplir. Han disputado las caracterizaciones demócratas del proyecto de ley.
“La verdad es que aquellos que estaban registrados para votar aún podrían votar bajo su registro actual”, declaró el representante Chip Roy, un republicano de Texas que patrocinó el proyecto de ley. “Tenemos mecanismos que otorgan al estado una deferencia bastante significativa para tomar determinaciones sobre cómo estructurar la situación donde un individuo tiene un cambio de nombre, lo cual, por supuesto, a menudo son mujeres”.
Adrian Fontes, un demócrata que se desempeña como el principal funcionario electoral del estado de Arizona, describió la propuesta como una solución en busca de un problema, dado lo raro que es el voto de no ciudadanos.
“Lo que está haciendo es capitalizar el miedo, un miedo basado en una mentira”, afirmó Fontes. “Y la mentira es que un montón de personas que no son elegibles están votando. Eso simplemente no es cierto.”
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Cassidy informó desde Atlanta, Fernando desde Chicago.
