Por Julio A. Muriente Pérez
Catedrático Universidad de Puerto Rico
Puerto Rico ha enfrentado una serie de contundentes experiencias durante los pasados años, que nos han permitido reconocer la dura realidad que vive y enfrenta este país, más allá de falsos discursos e idílicas imágenes de felicidad y progreso.
La quiebra económica, los huracanes Irma y María de 2017, los movimientos sísmicos de enero de este año y la pandemia del coronavirus se han combinado para mostrar en toda su vulnerabilidad y flaqueza al llamado Estado Libre Asociado (ELA).
El colapso económico del ELA no es un asunto circunstancial. No se reduce a la gestión más o menos competente o incompetente de un gobernador, sea este del PPD o del PNP. Lo que ha volado en pedazos es el modelo económico establecido a finales de la década de 1940, denominado Operación Manos a la Obra (OMO) coincidiendo precisamente con la fundación del ELA. Ese modelo se montaba en la inversión de capital extranjero, sobre todo estadounidense. El objetivo era sustituir el modelo económico de mono producción azucarera que se había establecido desde la invasión de 1898 y también controlado por capital estadounidense, y convertir a Puerto Rico en un enclave industrial de aquel país.
Como bien conocen nuestros lectores, esa decisión obligó a cientos de miles de boricuas a emigrar a Estados Unidos, donde muchos de ellos enfrentaron la pobreza económica, la discriminación racial, cultural y nacional y pésimas condiciones de vida.
Un enclave industrial depende para su estabilidad de la inversión de capitalistas extranjeros. Esos inversionistas, a su vez, comprometerán su dinero sólo si obtienen grandes ganancias. Si aparece otro país que ofrece condiciones más lucrativas simplemente se van, o no llegan. Se llevan toda la ganancia obtenida y dejan desempleo e insolvencia económica.
Eso es lo que ha sucedido en Puerto Rico. Para muchos inversionistas extranjeros ya este país no es atractivo. Y como mientras tanto, no se generó una economía propia en la que las ganancias se reinvirtieran aquí y en la que fuéramos dueños de la fábricas, los comercios y los mercados, el ELA se fue a pique. Porque para que un país pueda aspirar a ser próspero, tiene que ser dueño de las empresas y de las riquezas que estas producen. Y además tiene que ser dueño de su destino, para tomar las decisiones que más le convengan al país y no a nadie más. Por consiguiente, no se trata únicamente de un problema económico, sino que es además un problema político.
Ante tanta precariedad, una vez más la opción para miles de ciudadanos ha sido la emigración hacia Estados Unidos. Al punto que hoy son más los boricuas que residen en ese país que en el propio Puerto Rico.
El gobierno de Estados Unidos, por su parte, se ha preocupado solamente por recuperar los más de setenta mil millones de dólares que representa la deuda publica de Puerto Rico, sin reconocer su responsabilidad histórica por la imposición de un modelo económico y político fallido.
Washington ha impuesto una Junta de Control Fiscal compuesta por siete personas que se han convertido en el verdadero gobierno del país. Estas personas no responden a los intereses de nuestro pueblo, sino al afán de lucro de los acreedores.
A todo esto se suma el impacto estremecedor de la pandemia del coronavirus. Han sido meses marcados por la incompetencia gubernamental, escandalosos casos de corrupción y el agravamiento de las condiciones de salud de miles de compatriotas.
En medio de toda esta situación, el pueblo puertorriqueño se esfuerza por mantener condiciones de vida dignas y decorosas. Son muchas las limitaciones económicas que enfrenta. Las ayudas gubernamentales son en realidad paliativos de corto plazo que no resuelven el mal de fondo.
El próximo 3 de noviembre se celebrarán elecciones generales en Puerto Rico. Se elegirán entonces un nuevo gobernador, legisladores y alcaldes. Pero nadie se llame a engaños. Tras la fachada pretendidamente democrática, todo se limita a la elección de una administración subordinada al poder real de la Junta de Control Fiscal y el Congreso de Estados Unidos.
Ese mismo día se celebrará una consulta falsamente denominada plebiscito, titulada “Estadidad si o no”. Es un ardid del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) en su obsesión por adelantar una causa que es minoritaria en el país y que incluso es rechazada por el gobierno estadounidense. Parte de la premisa equivocada de que el pueblo puertorriqueño tiene derecho a la estadidad—cuando en realidad ello es una prerrogativa soberana y unilateral del Congreso– y, todavía más disparatado, que la anexión representa una opción descolonizadora para una nación como es Puerto Rico.
La crisis estructural del ELA y su fallido modelo económico, la deplorable situación en que se encuentra nuestro país 122 años después de la invasión militar estadounidense de 1898, la resistencia Estados Unidos a reconocer el derecho del pueblo puertorriqueño a decidir libremente su destino, todo esto, nos obliga a agarrar el toro por los cuernos, a luchar y exigir un cambio profundo que nos provea verdadera seguridad y felicidad.
Ellos han fallado. Nos han traído hasta este callejón sin salida, siempre pensando en sus intereses y no en los nuestros. Es la hora de que con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia y nuestra voluntad, iniciemos la construcción de un nuevo porvenir, en libertad y seguridad para cada boricua, donde quiera que se encuentre.
No hay de otra.
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(El Dr. Muriente es catedrático en la Universidad de Puerto Rico. Ha ofrecido cursos de Ciencias Sociales, Humanidades, Historia y Geografía en varias universidades puertorriqueñas, estadounidenses y mexicanas. Es el autor de once libros y le han publicado más de 50 artículos, ensayos, discursos y ponencias en periódicos y revistas nacionales e internacionales.)