WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden redoblará esfuerzos para encontrar y reunir a familias migrantes que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México como parte de la política de cero tolerancia a los cruces ilegales que fue implementada por su predecesor Donald Trump.
Una comisión federal lanzó un nuevo programa el lunes que, de acuerdo con las autoridades, intensificará las labores para encontrar a los padres de familia, muchos de los cuales están en comunidades remotas en Centroamérica, y ayudarles a regresar a Estados Unidos, donde recibirán por lo menos tres años de residencia legal y otro tipo de ayuda.
“Sabemos que no podemos sanar totalmente las heridas de estas familias”, declaró Michelle Brané, directora ejecutiva del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar, “pero queremos hacer todo lo posible para al menos poder darles una vida mejor”.
El nuevo programa —que incluye un contrato con la Organización Internacional para las Migraciones para ayudar con la tarea, a menudo compleja, de volver a llevar a migrantes expulsados a Estados Unidos— es una muestra de lo complicado que ha sido para el gobierno de Biden abordar un capítulo de la historia migratoria del país que provocó una condena generalizada.
El grupo grupo operativo ha logrado unas 50 reunificaciones familiares desde que comenzó su labor a fines de febrero, pero todavía quedan cientos de padres —quizás entre 1.000 y 2.000— que fueron separados de sus hijos a la fuerza y no han sido localizados. Es difícil saberlo con certeza debido a que el gobierno de Trump no guardó registros debidamente, señaló Brané.
“Es un desafío enorme, con el cual estamos totalmente comprometidos para hacer todo lo posible para reunificar a estar familias”, indicó la funcionaria en entrevista con The Associated Press.
El gobierno de Trump separó a miles de familias migrantes en 2017 y 2018 como parte de un plan para procesar penalmente a quienes cruzaban sin autorización la frontera sur. Los menores de edad, que por ley no pueden ser detenidos junto con sus padres, fueron dejados bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Usualmente, de allí fueron llevados a vivir con un patrocinador, como por ejemplo un familiar o una persona cercana a la familia.
Ante intensas condenas a nivel nacional e internacional, Trump emitió en junio de 2018 una orden ejecutiva que suspendía la separación de familias, días antes de que un juez federal ordenó cesar la política y reunir a las familias separadas, en respuesta a una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Más de 5.500 niños fueron separados de sus familias, de acuerdo con la ACLU. El grupo llegó a una estimación inicial cercana a los 4.000, pero ha estado revisando cientos de casos más.
El mes pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, realizó una llamada virtual con familias reunificadas. “Dejó muy claro que una disculpa no es suficiente, que realmente tenemos que hacer mucho más por ellos y lo reconocemos”, comentó Brané.
El nuevo programa incluye un sitio web que permitirá a los padres contactar al gobierno estadounidense para empezar el proceso de reunificación. El sitio y una campaña de difusión para promoverlo estarán en inglés, español, portugués y varias lenguas indígenas de Centroamérica.
Se cree que la mayoría de los padres de familia se encuentran en Guatemala, Honduras, México y Brasil. A menudo no cuentan con pasaportes o los medios para viajar a la capital de su país, y mucho menos tienen los recursos para volver a Estados Unidos e intentar ingresar por la frontera.
Una vez que se localice a los padres que fueron separados de sus hijos, Estados Unidos trabajará con la OIM para ayudarles a obtener pasaportes y otros documentos y regresar a Estados Unidos, donde recibirán permisos de trabajo, residencia por tres años y algunos servicios de apoyo.
Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de la ACLU, señaló que las labores del gobierno de Biden eran un “primer paso importante”, aunque cree que los migrantes deberían recibir más de tres años de residencia.
“En última instancia, necesitamos que las familias reciban un estatus legal permanente a la luz de lo que el gobierno de Estados Unidos hizo deliberadamente a estas familias”, dijo Gelernt.
La ACLU está en negociaciones con el gobierno para ofrecer alguna compensación a las familias como parte de las discusiones para llegar a un acuerdo.
Brané dijo que el gobierno reconoce que “necesitamos encontrar una mejor solución y a más largo plazo para brindar estabilidad a las familias”, pero lograr eso tomará más tiempo, y quizás una acción por parte del Congreso.
Se tiene previsto que el contrato con la OIM, una organización intergubernamental y el esfuerzo ampliado para encontrar a los padres migrantes y ayudarlos a llegar a Estados Unidos duren aproximadamente un año, pero podrían prorrogarse en caso de ser necesario.
“Seguiremos buscando a las personas hasta que consideremos que hemos agotado las opciones”, dijo.
