LOS ÁNGELES (AP) — Las autoridades estadounidenses ampliaron el uso de una aplicación telefónica que garantiza que los inmigrantes sin papeles que son liberados se presentan a sus audiencias con miras a su posible deportación durante la pandemia del coronavirus.
Activistas dicen que esto viola su privacidad y hace que sientan que no están libres.
Más de 125.000 personas –muchas de ellas detenidas en la frontera con México– se ven obligadas a instalar una aplicación llamada SmartLink en sus teléfonos, comparado con las aproximadamente 5.000 de hace menos de tres años.
La aplicación permite a las autoridades seguir los pasos de estas personas, exigiéndoles que envíen un selfie o hagan o reciban una llamada cuando se lo piden.
Si bien esta tecnología es menos incómoda que las tobilleras electrónicas, activistas dicen que obligar a los inmigrantes a usar la aplicación es injusto dado que muchos pagaron fianzas y quedaron a la espera de que los tribunales de inmigración, abrumados por la cantidad de trabajo atrasado que tienen, atiendan sus casos.
Los procesos de inmigración son administrativos, no penales, y la gran mayoría de las personas que tienen procesos pendientes no han sido detenidas.
A los activistas les preocupa la posibilidad de que el gobierno use la información recabada por la aplicación sobre el paradero y los contactos de los inmigrantes para detener a extranjeros sin papeles.
“Es asombroso que en un par de años el uso de esta aplicación haya aumentado tanto y que ahora se use tanto y en todos lados”, expresó Jacinta González, directora de campaña senior de la organización defensora de los derechos de los hispanos Mijente. “Hace que al gobierno le resulte mucho más fácil rastrear a mucha más gente”.
El uso de la aplicación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) se incrementó durante la pandemia, cuando muchos servicios del gobierno se procesaron a través de la internet. Siguió aumentando cuando el presidente Joe Biden pidió al Departamento de Justicia que redujese el empleo de cárceles privadas. Su gobierno se ha mostrado a favor del uso de alternativas a la detención para asegurarse de que los extranjeros sin papeles asisten a las vistas judiciales.
La cantidad de procesos pendientes en los tribunales de inmigración subió a 1,6 millones y los procesados a menudo deben esperar años para ver a un juez que determinará si pueden permanecer en el país o no.
Desde que comenzó la pandemia, las autoridades de inmigración redujeron la cantidad de inmigrantes detenidos y promovieron el uso de alternativas como la aplicación.
