SAN SALVADOR (AP) — Un grupo de personas se concentró el martes cerca del Congreso salvadoreño para exigir la libertad de familiares y la derogación del régimen de excepción vigente desde fines de marzo que ha permitido el arresto de casi 50.000 personas, en su mayoría acusadas de formar parte o colaborar con las pandillas.
Con pancartas y mensajes al presidente Nayib Bukele y los diputados, exigieron la libertad de las que llamaron “víctimas del régimen” e intentaron ingresar al recinto legislativo para presentar un pliego de demandas, pero fuerzas de choque de la policía montaron barricadas con púas y les cerraron el paso. No se registraron incidentes.
Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
El régimen se extendió por última vez el 19 de julio y las autoridades ya adelantaron que pedirán una nueva prórroga alegando que persisten las circunstancias que motivaron su implementación.
“A mi esposo lo fueron a sacar de la casa y él no es delincuente… no tiene antecedentes penales, no está manchado y se lo llevaron porque le pusieron el dedo (denunciaron) de colaborar con las pandillas”, dijo a The Associated Press Virginia Guadalupe Solano López, de 25 años.
A su marido José Alfredo Vega, de 26 años, lo arrestaron la noche del 27 de marzo cuando descansaba en su casa junto a su esposa y su hija de cuatro años en el cantón Sisiguayo del municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután en el oriente del país.
Junto a Vega se llevaron a uno de sus hermanos. “Nosotros lo que le pedimos al presidente es que lo liberen porque él no es nada de lo que lo acusan, él trabajaba como pescador y hacía cosas de albañil. Se han llevado gente inocente”, aseguró su esposa.
La mujer dijo que su marido y su cuñado están en el penal de Izalco, en el occidente del país, y “no sabemos cómo están. No me han dejado verlo y estoy desesperada”.
En lo que va del régimen de excepción las autoridades han capturado a 49.629 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o colaborar con las pandillas.
En tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron reiteradas irregularidades, entre ellas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
El movimiento Alianza por la Paz, que recientemente montó una oficina de asesoramiento jurídico, dijo que recibió 500 denuncias de arrestos arbitrarios mientras que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, informó a periodistas que la institución tiene abiertos 28 expedientes para investigar la muertes de privados de la libertad durante el régimen de excepción.
Según la constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá el periodo de 30 días. Transcurrido ese plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto, en el caso de que continúen las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerán por completo las garantías suspendidas.
En marzo el Congreso salvadoreño también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito ser parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas, en tanto, pueden recibir condenas de 40 a 45 años.
En los delitos relacionados con el rimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a los mayores de 12.
Las llamadas maras o pandillas, que se estima que tienen unos 70.000 integrantes, tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
