WASHINGTON. La administración Biden está ampliando el uso de una medida fronteriza de la era de la pandemia conocida como Título 42 para comenzar a expulsar rápidamente a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, al tiempo que abre un nuevo camino legal para que hasta 30,000 migrantes de esos países ingresen a los EE. UU. cada mes.
La nueva política representa el esfuerzo más amplio que la administración de Biden ha emprendido hasta ahora para disuadir a los inmigrantes que buscan asilo de cruzar la frontera ilegalmente. También se basa en un uso ampliado del Título 42 como medida de control fronterizo, incluso cuando la administración argumenta ante los tribunales que la medida ya no está justificada por motivos de salud pública y debe terminar. La Corte Suprema escuchará los argumentos orales sobre el Título 42 en febrero.
El nuevo programa requerirá que los inmigrantes que esperan buscar asilo en los EE. UU. sean emparejados con patrocinadores financieros y les daría a los solicitantes dos años de protección humanitaria, bajo los cuales pueden trabajar legalmente y solicitar asilo.
Durante el año pasado, los migrantes de estos países constituyeron la mayoría de las personas a las que se les permitió permanecer en los EE. UU. para buscar asilo, y han planteado un desafío particular para el gobierno de los EE. UU. porque los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela se han negado en gran medida a recuperar a sus propios ciudadanos. Hasta hace poco, México también se ha negado a aceptar de regreso a migrantes de esas nacionalidades bajo el Título 42.
México acordó a su vez aceptar hasta 30,000 migrantes de los cuatro países bajo el Título 42, lo que significa que si la cantidad de migrantes que cruzan ilegalmente excede ese límite mensual, se les permitirá permanecer en los EE. UU. para presentar casos de asilo.
A partir del jueves, cualquier migrante que cruce ilegalmente las fronteras de Estados Unidos, México o Panamá no será elegible para el programa humanitario.
El anuncio se produce días antes de que Biden se dirija a la Ciudad de México para reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la Ciudad de México para la Cumbre de Líderes de América del Norte. También se espera que haga una visita a El Paso, Texas, el domingo para abordar la aplicación de la ley fronteriza y reunirse con funcionarios locales.
El programa se basará en una política, anunciada en octubre pasado, según la cual algunos migrantes venezolanos podrían presentar una solicitud para ingresar legalmente a los EEUU.
Sin embargo, no está claro si el programa funcionará a mayor escala. Aproximadamente 70.000 inmigrantes de los cuatro países cruzaron la frontera cada mes este otoño, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., lo que significa que es probable que la demanda supere el límite mensual de 30.000 para la entrada legal.
Los defensores de la inmigración probablemente criticarán la nueva política, diciendo que elude las obligaciones de asilo de la nación para todos los inmigrantes preseleccionados, excepto para una pequeña cantidad.
Mientras tanto, es probable que los republicanos y los defensores que están a favor de restringir la inmigración se opongan a la política porque representa una expansión masiva de un poder de inmigración conocido como libertad condicional humanitaria, que permite al gobierno dejar entrar a personas sin visas, eludiendo los límites de visas existentes.
Además de la nueva política para las cuatro nacionalidades, los funcionarios de la administración dijeron que planean aumentar el uso de otra herramienta llamada expulsión acelerada para deportar rápidamente a cualquier migrante que no pueda ser enviado de regreso a México bajo el Título 42.
Las autoridades dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional ya ha estado aumentando su transporte aéreo y terrestre para deportar más rápidamente a los migrantes o transportarlos a partes menos congestionadas de los sectores fronterizos para los procedimientos de inmigración. El departamento, junto con el Departamento de Justicia, también está aumentando la cantidad de oficiales de asilo y jueces de inmigración para revisar los casos de asilo más rápidamente. En este momento, un migrante que solicita asilo en la frontera puede estar en los EE. UU. de tres a cinco años antes de que un tribunal de inmigración se pronuncie sobre su caso.
La administración dijo que también planea triplicar el reasentamiento a través del programa de admisión de refugiados de EE. UU. para refugiados de América Latina, un programa que brinda a los refugiados reasentados en EE. UU. residencia permanente y beneficios que incluyen Medicaid, cupones de alimentos y asistencia en efectivo. Pero en el año fiscal 2022 del gobierno, solo unos 2500 refugiados fueron reasentados desde la región, según datos del Departamento de Estado. Es poco probable que triplicar ese número tenga un impacto significativo en la frontera.
