Por María Antonia Sánchez-Vallejo
Una reducción de condena de entre 60 y 365 días a cambio de un riñón, una sección del hígado o una extracción de médula ósea. El proyecto de ley que la Cámara de Representantes del Estado de Massachusetts intenta plantea un hondo debate bioético. ¿Es legítimo sacar partido de un órgano? ¿Cabe renunciar a uno por afán mercantilista, en este caso la compra de algunos días de libertad? La respuesta, si la hubiere, puede afectar al destino de los 6.000 reclusos en las cárceles del liberal Estado de la Bahía, como se conoce a Massachusetts, y por extensión al resto de la población reclusa de EE UU.
El proyecto de ley ha sido patrocinado por legisladores demócratas. Enfrente tienen a no pocos activistas de derechos humanos, que rechazan de plano la propuesta. Michael Cox, director ejecutivo de la organización para la abolición de las prisiones Black and Pink Massachusetts, ha calificado la medida de “poco ética y depravada”. “Incentivar la venta de partes de tu cuerpo a cambio del bien más preciado del mundo es simplemente espantoso”, ha dicho Cox en declaraciones recogidas por el diario digital Boston.com. El comité de ética de la red nacional de trasplantes de EE UU (UNOS, en sus siglas en inglés), constituida como asociación sin ánimo de lucro, ha criticado también este tipo de iniciativas. “Cualquier ley o propuesta que permita a una persona intercambiar un órgano por una reducción de condena plantea numerosos problemas”, dice una declaración oficial publicada en su web.
Si la libertad, como subraya el activista Cox, es el bien supremo, ¿qué es la salud, en un país que la trata como una mercancía? En el Estado de Nueva York, desde finales del año pasado, los donantes vivos reciben una ayuda de 10.000 dólares en concepto de reembolso de los gastos hospitalarios derivados de la intervención. Es el primer programa estatal del país que permite retribuir a los particulares el coste de donar un riñón o un hígado. “Los donantes vivos de órganos son verdaderos héroes, y con esta legislación estamos dando pasos significativos para apoyar su sacrificio y salvar vidas”, señaló la gobernadora, Kathy Hochul, al rubricar la ley.
La pionera legislación neoyorquina tiene un porqué: es uno de los Estados a la cola en número de donaciones. A finales de diciembre, cuando se adoptó la ley, había 8.569 personas en lista de espera para un trasplante, de las cuales 7.234 necesitaban un riñón. Una tendencia extrapolable al resto del país, según la red nacional de trasplantes: EE UU sólo alcanzó el año pasado el millón de trasplantes, “un acontecimiento histórico” según la organización, pero más que relativo en una población total que supera los 330 millones de habitantes. Según UNOS, algo más de 104.000 estadounidenses están hoy a la espera de un órgano. Entre enero y diciembre de 2022, los procedentes de 21.368 donantes (vivos y muertos) posibilitaron 42.888 trasplantes. En el mismo periodo, hubo más de 6.400 operaciones de donante vivo, una modalidad que se ha visto afectada por la pandemia y en la que frente a una mayoría de riñones, se cuentan cada vez más donantes de un segmento del hígado, un órgano que se regenera fácilmente.
Descartada, por ley, la donación de órganos procedentes de presos ejecutados en los Estados que aún aplican la pena capital “la mayoría muere a consecuencia de un cóctel de fármacos”, sólo quedan los vivos como población cautiva, de ahí que la iniciativa de Massachusetts se vea como un banco de pruebas para el resto del país. Pero la transacción comercial inherente a la ley de Massachusetts, el incentivo que supone una reducción de condena, también plantea cuestiones legales, no sólo éticas, ya que la Ley Nacional de Trasplantes de Órganos, de 1984, prohíbe el intercambio de un órgano por una “contraprestación valiosa”.
En 2007, los legisladores de Carolina del Sur estudiaron una propuesta similar a la de Massachusetts que habría reducido hasta 180 días las penas de prisión a cambio de donaciones. Pero los críticos debatieron acerca de su legalidad y el Estado adoptó finalmente un programa voluntario de donación de órganos y tejidos que deja a las personas encarceladas donar sin recibir contraprestación. Además, la Oficina Federal de Prisiones permite que los presos puedan donar sus órganos mientras están encarcelados, pero solo a familiares directos. En 2013, Utah permitió la de presos que murieron mientras estaban entre rejas. La mayoría de los demás Estados no permiten la donación de órganos de reclusos.
El proyecto de ley de Massachusetts, que fue presentado en la Cámara estatal en enero, suscita otros dos asuntos capitales: la elevada prevalencia de enfermedades infectocontagiosas entre la población reclusa (sida, hepatitis, tuberculosis, entre otras), lo que introduce la sospecha acerca de la idoneidad del órgano, y la acusada desigualdad racial en el precario equilibrio entre donantes y beneficiarios, y siempre en contra de estos últimos. La organización Prisoners’ Legal Services de Massachusetts, que aboga por reformar el sistema penitenciario, ha recordado a los impulsores de la iniciativa “la desigualdad racial en nuestro sistema de salud, que ha dejado a las comunidades BIPOC [acrónimo en inglés de negros, indígenas y gente de color] desproporcionadamente afectadas por la escasez de órganos y de médula ósea”. Un problema estructural subyacente que el cálculo interesado de un preso, el deseo de recortar unos días su condena no va a solucionar, según los críticos.
Mientras el debate continúa en las redes, aún queda por establecer el baremo de la reducción de condena en caso de que la ley salga adelante: cuántos días a cambio de qué órgano o qué pedazo de aquel otro. Difícil métrica, dada la inexistencia de precedentes y de varas de medir; una decisión que corresponderá a un comité especial de cinco miembros en el que sólo uno de ellos aboga por los derechos de los presos.
