…entre ellos que le daría a un estudiante un “juguete para masticar”
Por Alison Cross | Hartford Courant
Una directora de escuela primaria que se encontraba en licencia administrativa en medio de una investigación sobre supuestas irregularidades en las pruebas estatales fue amonestado por los administradores por supuestamente enviar mensajes que contenían comentarios despectivos sobre estudiantes, padres y personal del distrito, según documentos obtenidos por el Courant.
Emily Gomes, la directora de la escuela Ivy Drive en Bristol, que ha estado de licencia desde el 19 de mayo en espera de una investigación estatal sobre supuestas irregularidades en las pruebas, se reunió con funcionarios del distrito el 15 de mayo para discutir una colección de textos despectivos, según la correspondencia del distrito.
Una Carta de asesoramiento fechada el 24 de mayo, está dirigida a Gomes y firmada por la Jefa de Gestión de Talentos de las Escuelas Públicas de Bristol, Kimberly Culkin. Afirma que Gomes envió los mensajes desde su teléfono celular personal a un maestro identificado por el distrito como miembro del sindicato y a quien Gomes supervisaba en el momento del intercambio.
La carta decía que los mensajes de Gomes no demostraban que (Gomes) brindaría a estudiantes específicos con discapacidades experiencias de aprendizaje de calidad, y que Gomes hablaba de estudiantes y padres específicos por nombres y de maneras que no defendían su dignidad.
La carta caracterizaba los mensajes de Gomes como “comentarios despectivos” sobre los padres, el personal y los administradores, y “declaraciones despectivas sobre el trabajo y las acciones de líderes de edificios, maestros y la administración de la Oficina Central en particular.
La colección, que fue revisada por el Courant, incluye intercambios con fecha de 2021 y 2022. Otros mensajes no tienen marca de tiempo.
Los textos incluyen comentarios despectivos sobre las operaciones del distrito y la escuela, desde el servicio de autobús hasta las prácticas de contratación y las quejas de los padres.
En un intercambio de texto, cuando Gomes anima a la maestra a tomarse un día libre, Gomes nombra a un estudiante y dice que le dará al niño un juguete para masticar y pondrá una película para los demás en la clase. En otro, se hizo referencia a un padre usando una palabra vulgar.
La carta del abogado decía que Gomes verificó que los mensajes de texto eran auténticos, durante una reunión del 15 de mayo con la ahora jubilada superintendente Catherine Carbone y otros administradores de la oficina central.
Según la carta, Gomes afirmó que tenía remordimiento por sus acciones y explicó que tales comentarios no reflejaban (sus) mejores momentos.
Durante la reunión, la carta afirma que a Gomes se le recordó que los mensajes no reflejaban los estándares y la conducta que se esperan de un educador y líder.
La carta le pedía a Gomes que completara una capacitación en línea sobre la (Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia) – Confidencialidad de Registros y que revise el Código de Responsabilidad Profesional de Connecticut para Administradores Escolares y los registros estudiantiles y la política de confidencialidad del distrito.
La carta también aclaró que el documento se incluiría en el archivo personal de Gomes.
Gomes no respondió a una solicitud de comentarios. El presidente del sindicato de Gomes, que también estuvo presente en la reunión del 15 de mayo, tampoco respondió a las preguntas del Courant.
Según la carta, los administradores de la oficina central del distrito recibieron la recopilación de mensajes de texto de Gomes el 24 de abril.
El abogado James Demetriades, del bufete Ferguson, Doyle & Chester PC, envió fotos del intercambio de mensajes de texto al asesor legal de la Junta de Educación de Bristol el 18 de abril de 2024, según un correo electrónico obtenido por el Courant.
En el correo electrónico, Demetriades, que representa a la rama de Connecticut de la Federación Estadounidense de Maestros y sus capítulos locales, identificó a su cliente como el destinatario de los mensajes.
Demetriades dijo que primero se ofreció a compartir el intercambio en noviembre de 2023 y se disculpó “por la demora en enviar” los mensajes.
En una entrevista con el Courant, una madre de Bristol que pidió no ser identificada alegó que el cliente de Demetriades fue puesto en licencia luego de una interacción con su hijo, que tiene retrasos cognitivos y del habla, y ya no es empleado del distrito.
En un correo electrónico al Courant, Demetriades se negó a hacer comentarios sobre los mensajes de texto y las circunstancias que llevaron a su cliente a compartir el intercambio de mensajes de texto. Demetriades no respondió a una solicitud de comentarios sobre los comentarios de la madre o el estado laboral de su cliente en las Escuelas Públicas de Bristol.
La presidenta de la Junta de Educación, Shelby Pons, no respondió a las preguntas sobre el cliente de Demetriades.
Cuando se le pidió una respuesta sobre los intercambios de mensajes de texto, Pons dijo: “Los mensajes de texto hablan por sí solos”.
“No tengo más comentarios”, dijo Pons en un correo electrónico al Courant el lunes. “Como miembro de la Junta de Educación, es posible que en el futuro se me pida que tome una decisión sobre esos mensajes de texto”.
Pons dijo que el intercambio no jugó un papel en la decisión del distrito de poner a Gomes en licencia administrativa. Dijo que no tiene conocimiento de ninguna disciplina adicional con respecto a los mensajes de texto más allá de las solicitudes enumeradas en la carta del 24 de mayo.
La superintendente interina Iris White no respondió a las solicitudes de comentarios del Courant.
En el correo electrónico, Demetriades, que representa a la rama de Connecticut de la Federación Estadounidense de Maestros y sus capítulos locales, identificó a su cliente como el destinatario de los mensajes.
Demetriades dijo que se ofreció por primera vez a compartir el intercambio en noviembre de 2023 y se disculpó “por la demora en enviar” los mensajes.
En una entrevista con el Courant, una madre de Bristol que pidió no ser identificada alegó que el cliente de Demetriades fue puesto en licencia después de una interacción con su hijo, que tiene retrasos cognitivos y del habla, y ya no es empleado del distrito.
En un correo electrónico al Courant, Demetriades se negó a hacer comentarios sobre los mensajes de texto y las circunstancias que llevaron a su cliente a compartir el intercambio de textos. Demetriades no respondió a una solicitud de comentarios sobre los comentarios de la madre o el estado laboral de su cliente en las Escuelas Públicas de Bristol.
La presidenta de la Junta de Educación, Shelby Pons, no respondió a las preguntas sobre el cliente de Demetriades.
Cuando se le pidió una respuesta sobre los intercambios de textos, Pons dijo “Los mensajes de texto hablan por sí solos”.
No tengo más comentarios, dijo Pons en un correo electrónico al Courant el lunes. Como miembro de la Junta de Educación, es posible que en el futuro me pidan que tome una decisión sobre esos mensajes de texto.
Pons dijo que el intercambio no influyó en la decisión del distrito de poner a Gomes en licencia administrativa. Dijo que no tiene conocimiento de ninguna disciplina adicional con respecto a los mensajes de texto más allá de las solicitudes enumeradas en la carta del 24 de mayo.
La superintendente interina Iris White no respondió a las solicitudes de comentarios del Courant.
Gomes cayó bajo el escrutinio público después de que White y Pons anunciaran en un mensaje del 19 de mayo que había sido puesta en licencia administrativa después de que el distrito se enterara de supuestas irregularidades en las pruebas estatales en la escuela Ivy Drive”.
El lunes, Pons dijo que el distrito se enteró de las acusaciones el 15 de mayo.
Según una declaración del 7 de junio de Matthew Cerrone, director de comunicaciones del Departamento de Educación del Estado de Connecticut, el distrito notificó al CSDE sobre posibles irregularidades el 16 de mayo. El departamento contrató a un bufete de abogados para que llevara a cabo una investigación independiente que se inició el 10 de junio para ayudar al estado “a determinar si se justifica una mayor investigación sobre la administración de estas evaluaciones”, según Cerrone.
En una declaración al Courant el lunes, Cerrone dijo que “la investigación está en curso” y se negó a proporcionar más detalles.
