NORWALK. José Pavón Fermín, de 40 años, de nacionalidad hondureña, fue acusado de reingresar ilegalmente al país, violando la Ley Federal de Registro y Notificación de Delincuentes Sexuales y de reingresar ilegalmente a los Estados Unidos luego de ser deportado.
Vanessa Roberts Avery, Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut, anunció que un gran jurado federal en New Haven emitió una acusación formal acusando a José Pavón Fermín de 40 años, un ciudadano de Honduras que anteriormente residía en esta ciudad.
La acusación fue emitida el 4 de octubre del 2023. Pavón-Fermín fue arrestado el 7 de marzo de 2024 en Rustburg, Virginia y compareció ante el juez federal S. Dave Vatti en Bridgeport, se declaró inocente de los cargos y se ordenó su detención en espera de juicio.
Como se alega en documentos judiciales y declaraciones hechas ante el tribunal en el 2018, Pavón Fermín fue condenado en un tribunal estatal por agresión sexual en tercer grado y restricción ilegal en primer grado.
Por esos delitos fue sentenciado a 10 años de prisión, suspendido después de cumplir cuatro años y medio, y 10 años de libertad condicional. También se le ordenó registrarse como delincuente sexual de por vida. En junio del 2021 después de cumplir su sentencia estatal, Pavón Fermín fue deportado y expulsado de Estados Unidos. Volvió a entrar ilegalmente a Estados Unidos y, en enero del 2023, fue arrestado en Norwalk por cargos estatales no relacionados.
Pavón-Fermín no registró ni actualizó su registro en la base de datos de delincuentes sexuales de Connecticut, como lo exige la Ley de Notificación y Registro de Delincuentes (Sexuales Sex Offender Registration and Notification Act (“SORNA”).
SORNA, que fue aprobada por el Congreso en el 2006 como parte de la Ley Adam Walsh, proporciona un conjunto integral de estándares mínimos para el registro y notificación de delincuentes sexuales en los Estados Unidos y busca fortalecer la red nacional de programas de registro y notificación de delincuentes sexuales.
En parte, SORNA exige que los delincuentes sexuales registrados se registren y mantengan su registro actualizado en cada jurisdicción en la que residen, trabajan o van a la escuela.
La acusación formal acusa a Pavón-Fermín de un cargo de reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportado, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años, y un cargo por no registrarse como delincuente sexual, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de prisión de 10 años.
El fiscal federal Avery enfatizó que una acusación es sólo un cargo y no es prueba de culpabilidad. Los cargos son sólo acusaciones, y se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Este caso está siendo investigado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement) y el Servicio de Alguaciles (US. Marshals Service). El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Neeraj N. Patel.