SAO PAULO (AP) — Un comité del Senado brasileño recomienda que el presidente, Jair Bolsonaro, afronte una serie de cargos penales por acciones y omisiones relacionadas con la pandemia del COVID-19. Brasil es el segundo país del mundo con más muertos por el coronavirus.
Los 11 miembros del comité aprobaron su recomendación el martes, con 7 senadores a favor y 4 en contra, para poner fin a seis meses de investigación sobre la gestión de la pandemia. Pidieron que Bolsonaro fuera juzgado por cargos desde charlatanería a incitación al crimen para malversar fondos públicos, así como crímenes contra la humanidad.
Más de 600.000 personas han muerto de COVID-19 en Brasil.
A continuación, un vistazo a lo que espera a Bolsonaro, que niega cualquier mala práctica:
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¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES CONTRA BOLSONARO?
El más debatido de los cargos recomendados es el de incitar una epidemia que derivó en muertes. Las penas de prisión por una condena van de los 20 a los 30 años. Gustavo Badaró, profesor de derecho en la Universidad de Sao Paulo, cree que este es un “caso con poca base legal” porque Bolsonaro no provocó la pandemia.
El presidente también está acusado de violar los protocolos de salud, charlatanería, falsificación de documentos privados, uso irregular de fondos públicos, crímenes contra la humanidad, violación de derechos humanos e incumplimiento del decoro presidencial.
Badaró cree que el cargo más sólido contra Bolsonaro en el reporte final es la acusación de retrasar o frenar acciones requeridas como parte del deber de un cargo público por motivos de interés personal. Las penas de prisión por una condena van de los tres meses a un año, pero como presidente en el cargo, eso podría bastar para suspender a Bolsonaro de su puesto.
Ricardo Barretto, profesor de derecho en la universidad IDP, señaló que el desafío abierto de Bolsonaro a los protocolos de salud y su defensa de medicamentos que no funcionan contra el coronavirus también están bien fundamentados.
El presidente apareció varias veces sin mascarilla en aglomeraciones que él había fomentado. También defendió el uso de la cloroquina, un medicamento contra la malaria, como si fuera una cura para el virus.
Los senadores han debatido sobre si deberían recomendar cargos de homicidio y genocidio contra Bolsonaro, pero decidieron no incluirlos en el reporte final.
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¿QUÉ OCURRE AHORA?
El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, que en el pasado ha tomado partido por el presidente y está ampliamente considerado como su protector, tiene que decidir si la pesquisa del Senado justifica que él abra una investigación. Tendría que obtener autorización de la Corte Suprema para seguir adelante porque Bolsonaro es un político en el cargo.
El senador Omar Aziz, presidente de la investigación del Senado, dijo que tenía previsto entregar el miércoles a Aras las recomendaciones del comité.