CTINSIDER.- Una auditoría del sistema de pensiones del estado encontró una mezcla de problemas, incluidos “millones de dólares” en pagos innecesarios a jubilados discapacitados, sobrepagos a jueces jubilados y empleados obligados a contribuir demasiado al fondo.
La auditoría recomendó a la Contraloría estatal, que maneja las pensiones de 57,000 empleados estatales jubilados, devolver unos $1.6 millones en sobrepagos de los trabajadores, revisar cómo paga a los jueces jubilados y usar adecuadamente las ganancias externas de los jubilados discapacitados para reducir su beneficio de pensión.
La auditoría abarcó los años fiscales 2020 y 2021 pero no incluyó el Fondo de Jubilación de Maestros. Los auditores dijeron que el objetivo era revisar los controles internos, el cumplimiento de las políticas y estatutos y la eficacia y eficiencia de las prácticas de gestión.
Un representante sindical de empleados estatales no respondió a una solicitud de comentarios sobre la auditoría.
En su mayor hallazgo, los auditores determinaron que casi $8 millones en ganancias externas de los jubilados por discapacidad no se estaban aplicando correctamente para reducir el pago de jubilación de esos jubilados. La auditoría señaló que un laudo arbitral de 1989 estableció un beneficio mínimo para los jubilados por discapacidad y requirió que los administradores consideraran las ganancias externas al calcular el beneficio.
La auditoría señaló que durante el año calendario 2021, 268 jubilados por discapacidad ganaron $7,980,220 en ingresos externos y 14 de estos jubilados ganaron más de $100,000 en ingresos externos.
“Desde la fecha de vigencia del laudo arbitral, la división no ha considerado las ganancias externas, algunas de las cuales son sustanciales, como parte del beneficio”, dijeron los auditores. “Al tratar las ganancias externas de los jubilados de esta manera, la división esencialmente eliminó la compensación legal, lo que resultó en millones de dólares en pagos innecesarios de beneficios de jubilación por discapacidad”.
Los auditores recomendaron que la División de Servicios de Jubilación solicite una opinión formal del fiscal general del estado sobre cómo se deben aplicar las ganancias externas.
En su respuesta, la división no estuvo de acuerdo con los hallazgos de los auditores.
“Los Auditores de Cuentas Públicas han propuesto reiteradamente una práctica que podría reducir los beneficios que se pagan a los jubilados por incapacidad, pero que no tiene fundamento en las leyes que rigen el plan”, dijo la agencia. “La División de Servicios de Retiro no tiene autoridad legal para implementar tal práctica unilateralmente”.
Los auditores agregaron que “en lugar de especular sobre lo que podría determinar esa opinión, [los administradores] deberían consultar a los expertos legales de la Oficina del Fiscal General”.
Sobrepagos
La auditoría encontró que los miembros del Fondo de Jubilación de los Empleados del Estado pagaron $1.6 millones más en contribuciones retroactivas de lo que deberían haber hecho durante el período examinado.
“Al calcular el monto retroactivo, la división incluyó incorrectamente un período de pago adicional que abarcó del 9 al 22 de junio de 2017, que se pagó el 7 de julio”, señalaron los auditores. “La división no debería haber aplicado la tasa de contribución más alta a ese período de pago”.
Por otro lado, los auditores dijeron que una agencia recaudó menos de lo requerido en pagos retroactivos de cinco empleados. “Estos errores dieron como resultado una contribución insuficiente de $17,227 desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2021”, dijeron los auditores.
Los auditores recomendaron que la División de Servicios de Jubilación del estado devuelva los pagos en exceso y “fortalezca los controles internos para garantizar que los registros de deducción general de los empleados estén debidamente establecidos”.
En respuesta, la división de jubilación señaló que es la “responsabilidad” de las diversas agencias estatales establecer las contribuciones, pero agregó que los sobrepagos pueden reembolsarse.
“Sin embargo, la división carece de los recursos para revisar los registros generales de deducción de todos los empleados activos, como sugieren los auditores”, señaló la agencia. “La recomendación de los auditores constituiría una importante reasignación de responsabilidades entre numerosas ramas del gobierno del estado”.
Jueces pagados en exceso
Los auditores también señalaron que a un puñado de jueces jubilados se les pagó en exceso. En total, la auditoría revisó a 10 jueces cuya pensión debe determinarse en función de un promedio de cinco años de salario anual.
Los auditores notaron que el pago de jubilación de seis de los jueces se basó en su salario anual al momento de la jubilación, lo que resultó en un sobrepago de $14,097. El pago por longevidad de un juez se excluyó del cálculo de beneficios, lo que resultó en que ese juez recibiera un pago insuficiente de $1,727.
“Los beneficios de jubilación totales usando el salario de los jueces al momento de la jubilación totalizaron $622,080 en comparación con $607,983 usando el salario promedio de cinco años de los jueces”, dijeron los auditores.
La división de jubilación admitió que las pensiones fueron “calculadas incorrectamente” y dijo que los errores se han corregido.
