NEW HAVEN.- El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia bloqueó este fin de semana los planes del gobierno de Trump de expulsar del país a cientos de niños guatemaltecos menores de edad, no acompañados sin su debido proceso; tras una audiencia sobre una demanda interpuesta por el National Immigration Law Center (Centro Nacional de Derecho de Inmigración NILC), el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP) y el Centro Nacional de Derecho Juvenil (NCYL) el tribunal otorgó una orden judicial preliminar que prohíbe al gobierno expulsar ilegalmente a los menores del país mientras el caso avanza.
La orden judicial cubre a todos los menores guatemaltecos no acompañados que se encuentran o estarán bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y que no han recibido una orden final de expulsión o un permiso para salir voluntariamente según la ley aplicable. Si bien el tribunal otorgó la protección a los niños guatemaltecos, también fue claro al señalar que el gobierno no debe interpretar esta decisión como una invitación a tomar medidas similares con respecto a los niños no acompañados de otros países. “Cualquier intento de expulsarlos probablemente sea ilegal”.
En una entrevista especial dada al noticiero En Vivo con Maricarmen de 103.5FM- La Voz Hispana Radio, la abogada Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, contó en detalle cómo ICE puso a decenas de niños guatemaltecos no acompañados en aviones a la madrugada del 2 de septiembre con la intención de deportarlos y cómo logró su organización detener esa arbitrariedad y volver a los menores a sus albergues para que se siga su debido proceso legal.
“La decisión judicial representa una victoria significativa para los cientos de niños que ahora están a salvo del intento ilegal de la administración Trump de expulsarlos de Estados Unidos”, declaró Efrén C. Olivares, vicepresidente de litigio y estrategia legal del Centro Nacional de Derecho Migratorio.
“El tribunal evidenció las reiteradas tergiversaciones de hechos cruciales por parte del gobierno para intentar justificar la persecución indefendible de niños vulnerables que habrían enfrentado peligro si hubieran sido enviados a otros países. Esta decisión debería enviar un mensaje claro al gobierno: no tienen autoridad legal para eludir la ley y expulsar a niños no acompañados sin el debido proceso. A medida que avanza este litigio, estamos decididos a seguir luchando y defendiendo el bienestar de todos los niños inmigrantes”.
“Los niños que representamos, quienes huyeron a Estados Unidos en busca de seguridad, han sufrido enormemente como resultado de las acciones crueles e ilegales de nuestro gobierno. Nuestros clientes estaban aterrorizados; muchos tenían el rostro empapado en lágrimas y algunos temblaban visiblemente de miedo. Saber que pueden permanecer en Estados Unidos los acerca un paso más a lo que todo niño merece: seguridad y dignidad”, declaró Mishan Wroe, abogado director del Centro Nacional para el Derecho Juvenil.
La decisión se produce después de que una Orden de Restricción Temporal (TRO) de emergencia en la misma demanda impidiera al gobierno deportar ilegalmente a al menos 76 niños guatemaltecos no acompañados en la madrugada del domingo, antes del Día del Trabajo. Sin previo aviso, funcionarios federales despertaron a los niños en plena noche y los embarcaron en aviones. Los aviones estaban en la pista a punto de despegar cuando el tribunal emitió una orden de expulsión colectiva que impedía al gobierno expulsar a todos los menores guatemaltecos no acompañados bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), a menos que contaran con una orden final de expulsión.
Según la ley federal, los menores migrantes que llegan a Estados Unidos sin un padre o tutor legal son puestos bajo la custodia de albergues de la ORR hasta que puedan ser entregados a un patrocinador autorizado o cumplan 18 años. La ley exige que el gobierno proporcione a los menores acceso a asistencia legal y no los someta a expulsión acelerada, excepto en circunstancias limitadas que no son aplicables en este caso. Dado que los menores no acompañados son especialmente vulnerables a la coerción, un juez de inmigración debe aprobar su regreso voluntario a sus países de origen.
El plan ilegal de la administración Trump para expulsar a los menores viola estas protecciones de larga data bajo la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA), legislación federal aprobada en 2008 con un apoyo bipartidista abrumador. El plan también viola el derecho constitucional de los niños al debido proceso.
“La opinión cuidadosamente meditada del Tribunal concluyó que el gobierno había violado la TVPRA con su ‘operación apresurada, aparentemente plagada de errores’ para enviar a los niños no acompañados de regreso a sus países de origen ‘en plena noche’, y que el daño es irreparable”, declaró la directora ejecutiva de ICAP, Mary McCord. “Esta es una victoria para los niños no acompañados guatemaltecos y para todos los niños no acompañados en situaciones similares, para quienes el Tribunal también concluyó que los intentos de expulsarlos sin las protecciones de la ley probablemente serían ilegales”.
La mayoría de los niños guatemaltecos bajo custodia estadounidense son indígenas y muchos hablan idiomas distintos del inglés o el español, para los cuales no siempre se proporcionan servicios de interpretación. Esto aumenta su vulnerabilidad a ser engañados por funcionarios que buscan deportarlos.
La demanda se presentó en nombre de 10 menores demandantes, identificados solo por sus iniciales y respaldados por el Centro Joven para los Derechos de los Niños Inmigrantes como su “próximo amigo”. El demandante principal en el caso, L.G.M.L
Es una niña de 10 años cuya madre falleció y que sufrió abuso y negligencia a manos de otros familiares en Guatemala.
Los demandados son la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi; el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su Secretaria, Kristi Noem; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); el Director Interino del ICE, Todd Lyons; la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR); la Directora Interina de la ORR, Angie Salazar; el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y su Secretario, Robert F. Kennedy, Jr.; y el Departamento de Estado y su Secretario, Marco Rubio.
