BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano, Gustavo Petro, suspendió la extradición a Estados Unidos de un cabecilla de una disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para que continúe participando en una negociación de paz.
Petro decidió suspender la entrega a las autoridades de Estados Unidos de manera indefinida de Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, quien es requerido por una corte del sur de Florida para comparecer a juicio por los delitos de tráfico de drogas ilícitas, lavado de activos y concierto para delinquir presuntamente cometidos entre 2021 y 2022.
“La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita”, indicó el martes Petro en X, antes Twitter. “La extradición del señor Olmedo depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no”, agregó.
Petro impulsa un plan para que los campesinos acepten erradicar 25.000 hectáreas de hoja de coca en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela y donde opera la disidencia a la que pertenece Henao Gutiérrez.
Su extradición había recibido el aval de la Corte Suprema de Justicia en mayo, luego de ser capturado en febrero por las autoridades. Sin embargo, para que se efectuara el proceso, requería del aval del presidente colombiano.
Petro justificó su decisión de no extraditarlo “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos” en el marco de la política de paz, según una resolución fechada el 20 de junio, pero conocida por la prensa el martes.
The Associated Press consultó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá sobre la suspensión de la extradición sin obtener una respuesta de inmediato.
Petro argumentó que la entrega inmediata a Estados Unidos de Henao Gutiérrez podría afectar el desarrollo de los procesos que se han venido desarrollando con el Frente 33, una disidencia que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016 entre las FARC y el Estado.
Petro, primer izquierdista en asumir el poder en Colombia, negocia con las facciones disidentes desde octubre de 2023, cuando fue instalada formalmente la mesa, en el marco de su política de “Paz Total”. Aunque la mayoría de las facciones disidentes abandonaron la negociación, el Frente 33 y otras estructuras continuaron negociando bajo el rótulo de “Estado Mayor de los Bloques”.
El gobierno colombiano estableció una zona especial para ubicar a un grupo armado ilegal en el Catatumbo, con el objetivo de avanzar en los acuerdos que desemboquen en el tránsito a la vida civil.
El Frente 33 se enfrenta desde enero a un bando enemigo de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, lo que ha causado una ola de violencia con más de 90 muertos y 56.000 personas desplazadas.
