Todo indica que los concejales Michtom y Bermúdez (Partido de las Familias Trabajadoras) seguirán en sus intentos de transparentar las acciones oscuras de sus colegas demócratas. Y qué bueno que sea así, eso lo necesitamos. En un comunicado obtenido por este columnista y que fue distribuido a sus colegas y al público se lee lo siguiente, traduzco:
“Los concejales Michtom y Bermúdez han pedido al concilio de Hartford cancelar el contrato firmado con el abogado Kennelly para proveer servicios legales a la presidenta del concilio Maly Rosado, el cual es de hecho nulo bajo lo establecido en las leyes estatales”. El viernes pasado, Michtom envió un correo electrónico al abogado de la ciudad Howard Rifkin, informándole que el contrato está basado en una resolución ilegal que el concilio no tiene la autoridad de aprobar bajo las leyes de la ciudad. Michtom, quien es abogado, le presentó a Rifkin la resolución de fecha 8 de junio, 2020 en la que se daba a Mally Rosado la habilidad de contratar un abogado para proveerle asesoría legal, es así como la sección del código municipal entra en conflicto tanto con la resolución como con el abogado contratado (Kennelly). De acuerdo con la sección 2-47 del Código municipal de la ciudad, “La resolución para obtener un abogado adicional debe contener el nombre del abogado u oficina de abogados del que se tratara y los asuntos a tratar”. Esta misma sección del código también establece que cualquier consejería legal o legislativa contratada deberá ser “un miembro del Colegio de Abogados con buena conducta por un periodo de no menos de 10 años al momento de su nombramiento y que haya estado en la práctica de las leyes como su principal ocupación por no menos de 5 años inmediatamente antes del nombramiento.” Michtom y Bermúdez indicaron que en junio 8 la resolución no nombraba el abogado o la firma de abogados para quien estaba destinado el puesto y que J. Kennelly, no había sido un miembro con buena conducta del colegio de abogados por 10 años al momento de su nombramiento. Kennelly fue suspendido de practicar las leyes (el derecho) por tres meses en 2017 por mala conducta (office of Chief Disciplinary Councel v. Kennelly, HHD-CV17-6081451-S). tampoco es claro si Kennelly ha estado practicando las leyes como su principal ocupación cinco años atrás desde su nombramiento a la luz de la suspensión. “Cuando nosotros votamos en contra de esta resolución en junio pasado lo hicimos porque sentimos que no había transparencia en crear una posición dentro del Concilio que no tenía como medir la transparencia y la responsabilidad, dijo Bermúdez y agregó “lo que no sabíamos era que no solo el lenguaje de esta resolución iba en contra de nuestros principios, sino que tampoco era legalmente válido. Hemos estado luchando por la transparencia por muchos meses en este asunto y hemos aprendido que este contrato es ilegal y confirma nuestras sospechas de que esta contratación (de Kennelly) fue una forma antiética de gastar el dinero de los contribuyentes de Hartford.”
El comunicado de Michtom concluye pidiendo la cancelación inmediata del contrato y que no haya pagos futuros.
“Cuando este asunto vino a votación, nosotros presionamos para que el lenguaje requiriera una votación del concilio cada vez que se contratara un abogado externo y queremos una garantía de que solo un abogado con historial ético limpio fuera seleccionado. La mayoría rechazó esas sensibles propuestas. Ojalá hubiera pensado en verificar el Código municipal en ese entonces porque le hubiera ahorrado a la ciudad dinero y desvergüenza,” termina la traducción del comunicado.
Como leen ustedes hay muchas argumentaciones legales y razonables de parte de los concejales del Partido de las Familias Trabajadoras que ponen en entredicho la responsabilidad y la transparencia de los demócratas que Maly dijo que la apoyaron y que ella no mencionó en sus declaraciones al Hartford Courant y la del abogado Kennelly. De cualquier manera, según ellos, se ve claramente que se les ocultó información y se violaron códigos municipales a los concejales de PFT.
En medio de este escándalo el alcalde Luke Bronin en una entrevista por la Emisora Publica Nacional en el programa “Dónde vivimos” y en una llamada al aire se le preguntó cuál era su parecer acerca de este escándalo, este respondió: “no se nada de ese caso”. Según el concejal Michtom: ” el alcalde Bronin oculta la verdad el sí sabe de este escándalo según comprueban los documentos que poseemos.” Yo digo: Como primer ejecutivo de la ciudad el alcalde debiera pedir una investigación minuciosa, se trata del dinero de mi pueblo y el mío propio. Tampoco Maly Rosado ha dicho nada a la prensa ni a su gente puertorriqueña. Ya es hora de que esto se aclare y que el dinero de esta ciudad sea manejado con seriedad, transparencia y responsabilidad.
